- El sistema educativo busca normalizar el clima en las escuelas tras la ola de amenazas
- Endurecen los controles y apelan a la responsabilidad parental
La ola de amenazas de tiroteos y ataques armados que, desde mediados de abril, puso en jaque a más de 230 escuelas mendocinas, parece haber ingresado en una fase de repliegue. Estos episodios que generan debate sobre su abordaje se replicaron como parte de un reto viral extendido en Argentina y Latinoamérica.
El fenómeno que ocurrió cuando la comunidad educativa aún procesaba la reciente tragedia en la escuela "Mariano Moreno" de Santa Fe —donde un alumno de 15 años disparó a mansalva antes del izamiento de la bandera y causó la muerte de otro estudiante de 13 años— derivó en una crisis de seguridad que obligó a la Dirección General de Escuelas (DGE) y al Ministerio de Seguridad a activar protocolos de emergencia inéditos, incluyendo la presencia policial en las puertas de los colegios y la prohibición del uso de mochilas en los casos más críticos.
En Mendoza, aunque las amenazas no pasaron a la acción, el caso más resonante fue el de un alumno que ingresó con una réplica de arma a una escuela en Las Heras y que terminó con la imputación y arresto de la madre del menor, una medida aleccionadora en medio del desborde.
“Respecto a la intimidación pública, ya casi no tenemos casos denunciados. Eventualmente aparece algún hecho aislado, pero ya no tiene la dimensión de los días anteriores”, confirmó a El Editor la Directora de Acompañamiento Escolar (DAE), Carina Gannam.
Con la baja en la frecuencia de las amenazas, el Gobierno escolar busca ahora trasladar el control de la crisis desde la puerta de la escuela hacia el interior de los hogares.
Por estos días comenzaron a citar a madres, padres o tutores para notificar una nueva circular Institucional vinculada a la responsabilidad parental, la convivencia escolar y la seguridad integral.
Se trata de un acta donde los padres, de puño y letra, asumen la responsabilidad de supervisar qué llevan sus hijos a la escuela y advierte que determinadas conductas pueden derivar en acciones legales.
"La supervisión de las pertenencias debe ser realizada por los adultos en el ámbito privado. Queremos garantizar que ningún estudiante ingrese con objetos ajenos a la actividad pedagógica que puedan violentar a terceros", señaló Gannam. El objetivo es claro: devolver la responsabilidad primaria al hogar para evitar medidas extremas.
“De esta manera evitar lo que en algún momento se tuvo que implementar, de que los chicos vayan sin mochilas como medida preventiva ante las amenazas”, explicó.
La circular también explicita la responsabilidad civil y patrimonial de los adultos ante hechos que alteren el normal funcionamiento escolar, como situaciones de intimidación pública o falsas alarmas
"Se advierte además que determinadas conductas pueden estar alcanzadas por normativa penal o contravencional vigente y también responde a una responsabilidad parental desde lo civil, desde lo penal y con el código contravencional (...) Situaciones que generan gasto para el Estado y generan a veces daño incluso en las instituciones”, añadió la funcionaria.
Detrás del despliegue de fuerza estatal, emerge un debate sobre cómo abordar una problemática que parece nacer en la virtualidad pero que golpeó con fuerza en la realidad física de las aulas.
Una docente de nivel secundario, quien prefirió preservar su identidad, describió a El Editor un panorama de desgaste: "Ha sido bastante estresante toda la situación para los docentes y para los alumnos también", relató. Mencionó además que en una de las instituciones donde se desempeña trascendió la existencia de amenazas de tiroteo- presuntamente originadas por un alumno de segundo año- luego de varios días de silencio por parte de los directivos.
Los protocolos aplicados lejos de aportar tranquilidad, derivaron en un clima de tensión constante entre alumnos y profesores, según la mirada de esta docente : "Los chicos se enojaban porque no podían salir al baño, y todas esas cosas han generado molestias. Estuvieron llevando los útiles en la mano o en bolsas porque no los dejaban entrar con mochila", sostuvo.
Según el testimonio, algunos padres responsabilizaron a los docentes por la conducta de los alumnos durante las horas libres, vinculando el ausentismo con los actos de vandalismo o las amenazas.
"Muchos padres se quejaron de que los docentes faltan, que los chicos tienen horas libres y que ahí aprovechan para hacer pintadas. Al final nos terminan echando la culpa a nosotros", lamentó la docente.
La Directora de Acompañamiento Escolar Carolina Gannam, brindó a ElEditor un análisis detallado sobre la situación actual de los contenidos virales y las conductas en los adolescentes mendocinos. Para la funcionaria, estos actos responden a una búsqueda de ruptura institucional que impacta directamente en la autoridad del adulto.
Según explicó la funcionaria, el quiebre de la autoridad es propio del proceso adolescente y se representa en la institución escolar. “Convoca y arma en un escenario donde tienen toda la atención y este momento de protagonismo, donde tenés toda la prensa, todos los ministerios y seguridad pendientes de un acto generado por ellos mismos”, señaló.
La funcionaria vinculó este comportamiento a la “omnipotencia propia de esta etapa evolutiva”, aunque aclaró que este análisis no los exime de responsabilidades legales. “Esto es una explicación psicológica y desde la psicología del desarrollo. Esto no implica que se les desconozca que es un delito. No son cosas excluyentes”, sentenció.
Además fue tajante al señalar que los jóvenes funcionan como un espejo de la sociedad: “tiene que ver sí con una escalada de violencia, pero ya también desde el mundo adulto. Los niños y adolescentes lo que hacen es imitar conductas que observan en los adultos".
En este sentido, realizó un llamado a la reflexión para los referentes de distintos ámbitos. “En lugar de interponer palabras ponemos quizás agresiones físicas. Y bueno, todo esto es parte de lo que estamos dejando como herencia y hay que corregirlo”, afirmó, agregando que la función de la Dirección General de Escuelas es educar no solo en lo académico, sino también en valores y principios.
Más allá de la prevención, el avance judicial es concreto. Según datos brindados por el Ministerio Público Fiscal a El Editor, hasta este viernes se contabilizaban 7 menores imputados en el Fuero Penal Juvenil y 4 adultos acusados formalmente por la Unidad Fiscal de Delitos no Especializados.
Por otra parte, el gobierno mendocino publicó días atrás en el Boletín Oficial nuevos protocolos de actuación para las fuerzas policiales y la autoridades escolares ante situaciones críticas.
Se trata de una resoluciones que lleva por titulo, “Guía de Intervención ante Incidentes de Seguridad”, un documento diseñado para unificar la respuesta institucional ante escenarios de alta complejidad y se suma además un “Procedimiento Integral de Actuación en Crisis con Intervención de las F.O.E. (P.I.A.C. – F.O.E.)”, sugerida por el Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales, dependiente de este Ministerio de Seguridad y Justicia.
Estos protocolos habían sido anunciados previamente en una conferencia de prensa brindada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el ministro de Educación, Infancias, Cultura y DGE, Tadeo García Zalazar.
Ambas herramientas forman parte del proceso de actualización de los procedimientos de seguridad frente a escenarios de mayor complejidad, con foco en mejorar la capacidad de respuesta y unificar criterios de actuación ante situaciones críticas, explicaron desde el gobierno.
Para el segundo semestre de 2026, y como parte de esos protocolos aprobados, los simulacros de "intrusos armados" prometen generar debate. Mientras el Ministerio de Seguridad los ve como una preparación técnica necesaria, críticos temen que estas prácticas institucionalicen el miedo en niños y adolescentes.