El 1° de marzo los presos dejarán de tener celulares. Cómo será el retiro de los dispositivos, los desafíos que presenta y un debate sin fin.
El Servicio Penitenciario de Mendoza comenzó a retirar los celulares de las cárceles de la provincia, situación que -quien suscribe se hace cargo de la siguiente generalización- era reclamada por la sociedad local. Cómo se lleva a cabo este proceso y por qué el derecho a la comunicación de los internos presenta una discusión profunda y compleja que polariza opiniones.
Vamos a los hechos: el 7 de octubre de 2024 el máximo tribunal de Justicia de la provincia, la Suprema Corte, resolvió que el Servicio Penitenciario debía retirar los celulares de las cárceles de Mendoza. Y le puso plazos a este proceso: seis meses. El mismo vence el venidero 7 de abril de 2025; pero la ejecución real será antes, el 1º de marzo.
El Servicio Penitenciario retirará todos los celulares registrados (una cifra cercana a los 4.600). El proceso se encuentra en una etapa de comunicación y fuentes consultadas advierten que de momento no reviste mayores dificultades. Llegada esa fecha, cada línea registrada que no haya sido entregada será dada de baja y cada celular que haya quedado oculto o no haya sido entregado será secuestrado y, su dueño, sancionado. "Si nos faltan teléfonos, los seguiremos buscando hasta que los encontremos", advierten quienes están a cargo de la tarea.
Actualmente hay 6.500 internos en las cárceles de Mendoza. Pensar que esas 6.500 personas le dedican gran parte de su día a estafar a los 2 millones de mendocinos sería caer en un absurdo total. La porción que delinque a partir de la tecnología dentro de las penitenciarias es menor, pero lo suficientemente alta para poner en peligro la seguridad ciudadana.
Y aquí un problema: la orden judicial habla de retirar exclusivamente los celulares, pero no hace falta uno de ellos para cometer un delito. Eduardo Orellana, Director del Servicio Penitenciario, explicó a ElEditor que la telefonía irregular es el verdadero desafío. "Nuestro gran problema no es el celular propiamente dicho, sino es la tarjeta SIM en sus distintas versiones, nano y micro, la que nos cuesta bastante combatir. Y en ese sentido estamos trabajando en otras alternativas para que desde las cárceles la comunicación sea lo menos nociva para la sociedad".
¿A qué se refiere Orellana? A pequeños dispositivos que no son teléfonos celulares pero que con una simple tarjeta SIM, la cual es totalmente ocultable en una requisa para, por ejemplo, un familiar que va a visitar a un interno, ya pueden disparar una llamada. "Normalmente, los delitos se cometen con este tipo de dispositivos. Orellana definió a esto como "un problema que no es fácil de resolución. Esa tecnología hay que saberla buscar. Esa tecnología se combate con tecnología, no se combate solamente con buena voluntad". No hay que pasar por alto que estos dispositivos están, en este momento, ya dentro de las cárceles locales.
Para prevenir esto, Orellana indicó que "nos hemos concentrado en otro sistema de ingresos. A los familiares se los somete a una requisa exhaustiva para que no solamente no ingresen celulares, sino que no ingresen elementos prohibidos. Al personal penitenciario también se lo somete a ese proceso. Y después están otros visitantes como son organizaciones, docentes de otros organismos que entran a una cárcel y que también van a ser controlados de otra manera. Habrá accesos únicos de ingreso para visitantes y funcionarios penitenciarios, que van a pasar por otro lugar de control, distinto al que ingresan hoy, con mucha más tecnología".
El funcionario, que asumió en su rol en la gestión del peronista Francisco Paco Pérez, en 2011, y fue ratificado por el radicalismo ya tres veces (Alfredo Cornejo en 2015, Rodolfo Suarez en 2019 y nuevamente Cornejo en 2023), anticipó que "se está utilizando una nueva tecnología de cámaras para identificar y requisar de otra manera. Y se está trabajando también con una empresa en un equipamiento novedoso para la República Argentina. Las de Mendoza van a ser las primeras cárceles que lo utilizarían. Está en desarrollo, pero creemos que en los próximos 30 o 40 días lo vamos a poder anunciar oficialmente".
Entre las etapas del proceso, está incluido que a partir del 1 de marzo, día en el cual el Servicio Penitenciario retirará los teléfonos, habrá visitas todas las semanas nuevamente, modalidad que desde mediados de 2020 es cada 15 días. El Servicio Penitenciario pondrá a disposición telefonía celular para que si un interno necesita hacer una llamada de urgencia, pueda hacerlo. Esto "será totalmente seguro", indicaron. El número quedará registrado y a quién se llamó y cuándo llamó, también, pero manteniendo siempre la privacidad de lo que se habla.
"A aquellas personas que hoy en día utilizan el celular para comunicarse a su familia y lo hacen de buena manera, sin abusar de la tecnología para cometer un delito, los vamos a acompañar en la atención. Con la visita semanal, con la urgencia, vamos a estar presentes. Existen las trabajadoras sociales, los acompañantes terapéuticos, las psicólogas, todo lo que sea necesario, como ha sido anteriormente. Por esa gente estamos interesadas en hacerlo bien", detalló sobre este punto el Director del Servicio Penitenciario.
Eduardo Orellana explicó que "con ellos vamos a tener otro procedimiento mucho más ajustado, con muchas más obligaciones, con mucho más control. Tenemos respuestas para aquellos que quieren dialogar y llegar a buen puerto haciendo las cosas de forma pacífica. Y tenemos respuesta para aquellos que usan la violencia para exigir cosas".
"Nosotros trabajamos muy abiertamente con la Justicia en la investigación cuando somos notificados de que tal línea está siendo rastreada, investigada o ha sido parte de un delito. Cuando nosotros somos notificados de eso, participamos en los allanamientos, en la búsqueda de ese teléfono. Pero el objetivo principal es tratar de que desde las cárceles, en la provincia de Mendoza, se comenta la menor cantidad de delitos", detalló el funcionario público.
Lo que parece una discusión "terminada" en realidad presenta una tensión que no puede ser evadida y que tiene el mayor desafío de todos: encontrar un equilibrio entre el derecho a la seguridad de la ciudadanía y el derecho a la comunicación de las personas que están privadas de su libertad. Y esto parece estar en una balanza totalmente desproporcionada.
Desmenucemos. Por un lado, una sociedad que está harta -y con absoluta razón- de llamados a las 4 de la mañana por falsos secuestros de personas. Que está cansada de ver cómo sus abuelos se enfrentan ante una situación de desesperación por "nietos" o "hijos" que los llaman para decirles que deben entregar todos sus ahorros ya mismo porque la economía está a punto de volar por los aires y ellos, pecando de inocentes, los entregan. De amigos y familiares que de un momento a otro necesitan cambiar dólares o euros a precios irrisorios y que siempre pescan a alguien distraído en su vorágine que les transfiere plata. El listado de ejemplos podría ser tan largo como esta nota.
Por otro lado, un principio ineludible: si el Estado priva, el Estado tiene que garantizar determinados derechos. Y el derecho a la comunicación de las personas privadas de la libertad es uno de los que exige la ley. Garantizarlo es deber del Servicio Penitenciario.
A la hora de abordar este tema, Orellana indicó que "opiniones de qué hay que hacer con las cárceles y cómo deben ser tratadas las personas hay muchas y son bastante dispares. Están aquellos que creen que son personas que no tienen una oportunidad en la vida y otros que creen que no hay que darles ninguna oportunidad más en la vida. Pero esas son opiniones: nosotros tenemos que hacer lo que dice la ley. La ley dice claramente que la persona tiene derecho a comunicarse, a mantener el vínculo. El Servicio Penitenciario se tiene que encargar de buscarle la forma a que esto suceda".
"La lectura que hace una persona que sufre un delito o algún familiar de esa persona es de reacción hacia quien lo cometió. Siempre decimos nosotros que por cada persona que está en la cárcel hay como mínimo una víctima afuera. Y hay veces que son muchas más. Pero vos no podés convertirte en lo que odiás. Si la persona tiene un comportamiento que daña a los otros, que es inhumano, que no se ajusta a derecho, que no es respetuoso, nosotros no podemos imitar ese comportamiento", explicó el funcionario público, que luego hizo una comparación: "Está la discusión de la comida que se le da. Y la comida que es la justa, la necesaria. No se excede en ninguna cuestión. La ley dice que tienen que comer cuatro veces al día. Y así sucede".
Vale contextualizar. Sabemos que la tecnología es transversal a todos los ámbitos y no existe ninguno en la historia que se haya desarrollado a un ritmo tan vertiginoso como la comunicación en las últimas tres décadas. Se metió en todos lados, cambió la forma de relacionarnos, de estudiar, de trabajar, de conocernos. La sensación de inmediatez transformó a las sociedades. No nos comunicamos con nuestra familia y amigos únicamente cuando estamos frente a ellos, nos comunicamos con ellos todo el tiempo, minuto a minuto, en todo momento, mientras un semáforo está en rojo, mientras vamos en el colectivo, mientras estamos en el baño. Y las cárceles son parte de la sociedad. En ese contexto, pensar que una visita semanal de un puñado de familiares alcanza para mantener lazos parece no tener sentido. La discusión incluso es más profunda: se trata de entender a las cárceles como un lugar donde se trabaja en la reinserción social de una persona que cometió un delito; y no como un lugar de castigo y asilamiento únicamente.
Otro tema: en los últimos años, las inversiones en las cárceles vienen de la mano de políticas más duras en materia de seguridad. Y esas obras no siempre han estado pensadas para garantizar un derecho mínimo como es este, la comunicación fluida en el año 2025.
Consultado por ElEditor, el abogado penalista Ramiro Villalba aportó: "Recordemos que el hecho de que se les permitiera a los internos usar celulares fue una medida excepcional en el marco de la pandemia porque no podían tener visitas. Y ahora que las pueden tener, el planteo es si es suficiente para garantizar la comunicación entre el interno y sus familiares, su abogado o su desarrollo personal, educándose, asistiendo a la salud mental, con el sistema tradicional de comunicación, que es la visita personal".
"Yo entiendo a la sociedad que siempre pregona que haya mayor seguridad, que los delitos se castiguen con mayor dureza. También entiendo a los partidos políticos, las gestiones de Gobierno que se hacen eco de eso porque creen interpretar o interpretan que es la voluntad de la sociedad. Entonces no se le puede pedir al ciudadano de a pie que analice otros conceptos que están en juego ya desde la disciplina más científica, desde el punto de vista del derecho: ¿para qué está la pena?', ¿para qué encierro a una persona 5 años?, ¿la tengo encerrada ahí para nada?, ¿o la tengo encerrada ahí con un proyecto?", reflexionó Villalba.
"El ideal de la ley es que la persona pueda volver a recobrar el respeto por la misma. Se llama reinserción social, que pueda incorporar el concepto del perjuicio que causó, que tenga una actividad para poder reparar eso, que haga algo con su tiempo libre, etc. Cuando se los priva de la libertad, pierden muchos derechos, pero no todos, queda un remanente que el Estado debe garantir. Cuando digo garantir es facilitar, promover, no desconocer. Pero principalmente para acompañar lo que se dice la reinserción. Todo esto no tiene por qué entenderlo el ciudadano de a pie. Pero sí deben entenderlo los organismos específicos destinados a ese fin, en este caso el Servicio Penitenciario".
El penalista Villalba indicó que quienes están dentro de las cárceles tienen "derecho a la comunicación y al desarrollo personal de un mejoramiento de su personalidad y para lo cual hoy en día la tecnología es un medio indispensable. Los internos no han perdido su condición de persona humana, ni su dignidad, ni el derecho a querer ser una mejor persona, que es básicamente lo que se le debería ofrecer desde el Sistema Penitenciario, y que es lo que se conoce como reinsertarse. Eso no tiene por qué entenderlo el ciudadano, pero sí tiene que entenderlo, aplicarlo, y está obligado, por tratados internacionales de derechos humanos, el Estado, a través del Servicio Penitenciario".
Luego, indicó que "hay una presunción de que todo interno en la penitenciaría va a delinquir. Y esto está justificado la sociedad: lamentablemente se dio a partir de la pandemia un aumento exponencial de las estafas virtuales, de los secuestros que no eran tales. Proliferaron este tipo de llamados a toda hora. Lamentablemente, por un porcentaje bajo de personas que continúan cometiendo delitos desde ahí adentro, termina pagando la totalidad de la población carcelaria".
¿Para qué hacemos esto?", se pregunta el abogado penalista Pablo Cazabán en una entrevista con este diario. "Si es para evitar la comisión de delito, como tanto se dice, es razonable en principio. Ahora bien, ¿qué medios de comunicación le va a brindar el Estado a las personas privadas de libertad? Muchas de ellas en proceso, en investigación. Y lo digo esto porque la modalidad de encierro tiene que darse con algunos principios que uniforman la misma. Esto es, que no afecte o que afecte en lo menos posible las comunicaciones, por ejemplo, con su familia, con sus allegados, e incluso en muchos casos hasta la posibilidad de seguir trabajando desde ahí adentro. El home office, para una persona que no está condenada, es una posibilidad cierta, real, concreta. Entonces, yo digo, ¿para qué? Si es para privarlo de comunicación con terceras personas, la resolución es pésima. Porque vulnera principios convencionales y constitucionales que hacen a cómo debe ser la ejecución del encierro cautelar para los procesados o el cumplimiento de la pena para los condenados".
"Yo sé cuál es el motivo, la razón, el norte que ha llevado nuestro Tribunal Superior para dictar esta resolución, la cual me parece que es absolutamente rara y equivocada. Es prejuiciosa y yo diría hasta populista. A más poder, hay que tener más responsabilidad y creo que es una medida irresponsable", criticó Cazabán.
Pablo Cazabán opinó que la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia "es una decisión que está sembrada de prejuicios y de afirmaciones que son desde mi punto de vista, que soy humanista, disvalores. Esto es la eliminación. La cultura de la cancelación. La cultura de cancelación es una de las culturas más perversas. Hoy en redes es muy normal la cancelación. La cancelación empieza en las redes pero lo que esconde es la cancelación de la idea y de la opinión del otro. Tenemos un presidente que entiende que hay cosas que hay que suprimir a la persona: si sos gay, lo tenemos que suprimir. Acá es igual: vos sos sospechado o sos condenado, entonces ya no sos persona. Y no es así porque si no tenemos que cambiar todo nuestro prexio normativo, tenemos que cambiar convenciones internacionales".
"Me parece que la instrumentación de estas medidas son bajo la luz de esto, de la cultura de la cancelación. Si no lo vemos, si no lo escuchamos, si no trascienden, entonces no existen. Y si no existen, se terminó 'el mal'. Entonces me parece que es una medida hipócrita, es una medida irracional, es una medida excesiva, es una medida que no es humanista, es una medida que busca contentar a una parte de la población que está enojada y con razón, pero que lo están ejecutando de un modo muy irresponsable", continuó.
El Director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, aseguró que "tenemos un total de 6.500 personas en las cárceles de Mendoza. Respecto a las reacciones, está claro que no hay un patrón común. Habrá gente que lo va a entender y hay gente que no lo va a entender. El que lo va a entender va a entregar su teléfono y va a buscar otra forma de comunicarse, como nosotros le explicamos. Y el que no lo entiende lo va a tratar de ocultar. Esa conducta no es la que corresponde".
Sobre las charlas que ha tenido con sus clientes, Pablo Cazabán precisó: "Es una preocupación de todos porque van a haber afectado incluso su situación de encierro. Digo, los van a aislar absolutamente y la cárcel no es para aislar, no es para cancelar, no es para eliminar. La penitenciaría tiene otros fines. Ahora, si quieren modificar los fines, que nos avisen, que cambien las leyes, pero sí, obviamente mis asistidos están preocupados y creo que tienen razones valederas para estar preocupados".
"Ahora la preocupación es la incomunicación total", aportó Villalba sobre los comentarios que recibe por parte de sus defendidos.
Sobre una posible inhibición a las cárceles, algo que en más de una ocasión ha estado en agenda, Orellana explicó que "muchas personas proponen el inhibidor de señal y lo dan como una solución absoluta, y el inhibidor no es una solución absoluta. Si vos inhibís señales, te autoinhibís también. Inhibís los sistemas de seguridad que tiene la cárcel, los sistemas de comunicación, todo". Pese a esto, puntualizó que "nosotros estamos trabajando en dos lugares específicos en donde vamos a colocar inhibidores de señal. De manera tal que afecte a aquellas personas que no entienden la explicación o la orden de no seguir usando telefonía celular para comunicarse, pero sin que eso nos inhiba a nosotros. Pero inhibir así en masa no se puede. Si vos hacés eso, dejas a un radio gigante sin señal y en el radio que tenemos nosotros hay dos cárceles, pero está el Ministerio Público Fiscal, hay un hospital, es zona residencial. Es imposible".
"Acá se intentó hacer. Se convocó incluso al INVAP, que es el Instituto Nacional que regula la tecnología en la Argentina. Vinieron y la conclusión es que es bastante complejo la ubicación de la cárcel y las zonas aledañas, las construcciones", recordó.
Pablo Cazabán indicó que "existen mecanismos mejores que inhibir por inhibir. En otras partes del mundo hay salas de comunicación, tienen notebooks, tienen hasta teléfonos disponibles permanentemente, pero con los filtros que le impone el sistema. Hoy poner filtros hasta para comunicarse telefónicamente es posible, la tecnología lo permite. Entonces me parece que no es una falta de medios, sino es una falta de ideas o en realidad es la voluntad de no querer hacer las cosas de otra forma que sean menos gravosas y que sean menos violatorias de algunos principios constitucionales, legales, e incluso que no afecte a terceras personas".
Y recomendó: "Hoy las posibilidades tecnológicas están, se pueden utilizar hasta aparatos que se encuentran ociosos o que son dejados de lado por su obsolescencia para algunas tareas que el Estado lo puede fácilmente dirigir para, en este caso, el servicio penitenciario".
"Me parece que no es tan difícil exponer creatividad, dedicarle tiempo y sobre todo sacarnos los prejuicios. Dudo que el Estado mendocino tenga siquiera la voluntad y mucho menos la capacidad de buscar medidas alternativas de comunicación", concluyó Cazabán.
Para finalizar, Ramiro Villalba planteó que las posibles soluciones que se avizoran se quedan cortas en resolución. "Las soluciones que se plantean son desde un teléfono público en un pabellón cada 200 personas, que no alcanza, o que se va a terminar convirtiendo en una comercialización de la llamada; o sistemas de videoconferencias para que puedan hacer videollamadas con sus familiares, con el abogado, pero tampoco alcanza".