Todos hablan y opinan sobre la situación de la empresa mendocina IMPSA pero pocos conocen los secretos que la llevaron al límite de la quiebra una vez más. ¿Cómo llega un caso prodigio a nivel mundial a la posible quiebra?
Breve historia de IMPSA, una anomalía geopolítica que terminó siendo un auto chocado. Desde Pescarmona hasta ARC Energy.
Todos hablan y opinan sobre la situación de la empresa mendocina IMPSA pero pocos conocen los secretos que la llevaron al límite de la quiebra una vez más. ¿Cómo llega un caso prodigio a nivel mundial a la posible quiebra?
La compañía surge por mérito de un emprendedor, Enrique Epaminondas Pescarmona, y algo que hoy se encuentra ausente: una política energética estatal.
El nacimiento de esta empresa fue fruto de una política de Estado que se inició en los años sesenta con la creación de Agua y Energía Eléctrica, la cual tuvo por misión estudiar las cuencas hidrográficas de todo el país y el aprovechamiento de forma integral de los afluentes, con formación de recursos humanos y proyectos industriales.
IMPSA es un caso que se estudia como una anomalía: una multinacional de origen tecnológico mendocino, surgida en la periferia de América, en el interior de Argentina; no es algo normal y habitual.
Siguió con la Ley 15.336, promulgada durante el Gobierno de Arturo Frondizi en Argentina, la cual regulaba la industria eléctrica en el país. Su objetivo principal fue el de establecer un marco normativo sobre la generación, transformación y comercialización de este recurso, abarcando tanto a entidades públicas como privadas. A través de ella se pretendía asegurar el suministro y la seguridad energética. Esta iniciativa generó un financiamiento específico para obras hidráulicas.
Luego entró en escena la empresa Hidronor, que era la que contrataba. Hidroeléctrica Norpatagonia S.A fue una empresa pública argentina que operó como sociedad anónima con mayoría estatal, encargándose de la producción y venta de energía eléctrica. Se posicionó como proveedora mayorista en el mercado nacional, vendiendo energía en bloques al Sistema Interconectado Nacional.
A esto hay que sumarle una Ley de Compre Argentino, que permitía que cada cinco años aproximadamente pudiera haber un emprendimiento en distintos puntos del país, con criterio federal, de obras hidráulicas.
En diálogo con ElEditor Mendoza, Pablo Portuso, exdirector de IMPSA, aseguró que: “Era una continuidad, una política hidroeléctrica continua, sana, que le permitió a un empresario hacer algo diferente. Y lo hizo. Lo logró con ingenieros de Mendoza y de San Juan, apostando al desarrollo local”.
A fines de los años 90, Enrique Pescarmona hizo una buena lectura de hacia dónde iba el mundo en términos de carburantes y decidió migrar hacia la producción de energía eólica. Así se desarrolló la empresa IMPSA como una de las cinco líderes en tecnología hidráulica, a pesar de que el negocio empezó a complejizarse en el mundo, ya que los Estados apuntaron a una conversión energética pero los altos costos de las energías renovables no permitían una rápida adaptación.
Los países desarrollados ya habían iniciado su migración a las energías verdes por lo que los proyectos comenzaron a arribar a la región no sólo con tecnología sino también con los planes de financiación. Esto explica por qué hoy en Argentina se están ejecutando emprendimientos con tecnología china, porque traen de la mano su financiamiento, siendo un diferencial al cual IMPSA no ha podido ajustarse.
Es decir, la tecnología siguió avanzando y la empresa ya no pudo seguir ese ritmo por falta de competitividad en la financiación de sus proyectos. A esto se le sumó que, bajo la gestión privada, tuvo dos grandes inconvenientes. El primero, ligado al negocio trunco en Venezuela: un emprendimiento hidroeléctrico grande compuesto por diez turbinas de 230 megavatios cada una, que es equivalente prácticamente a un Yacyretá. Para explicar la envergadura podríamos recordar que el proyecto de Portezuelo del Viento pretendía 210 megavatios en total. “En la licitación venezolana, Argentina le ganó a países como Austria y Alemania”, recordó Portuso.
Pero, la situación económica de Venezuela impactó de lleno y no pudo cobrar.
Más tarde, se presentó el negocio de generación eólica en Brasil. Ese fue el tiro de gracia.
En este caso, se tomaron deudas en donde la empresa era la garante de ellas para construir parques eólicos, que no funcionaron adecuadamente y había garantía de provisión de energía llevándola al incumplimiento. Esto derivó en una empresa prácticamente quebrada.
Ante esta situación, en 2017 las autoridades de IMPSA comenzaron a recurrir a distintos mecanismos para salvar la empresa.
Entonces la firma debió recurrir a distintas fuentes del Estado como la Secretaría de Producción, la Secretaría de Energía y otras para evitar el colapso. Y aquí comienza la preocupación estatal porque, por ejemplo, IMPSA es el principal contratista del Proyecto Reactor Nuclear Argentino CAREM. Si la firma quebraba, todo el desarrollo caía y quedaba sólo como chatarra de descarte. “De manera que el rescate del Estado en ese momento fue oportuno”, opinó Portuso.
Actualmente, el capital de IMPSA se integra con tres tipos de acciones: las clase A, en manos de la familia Pescarmona con un 5,3%; las clase B, en manos de los acreedores con un 9,8% a través de fideicomisos de garantía; y las acciones clase C, que pertenecen al FONDEP en un 63,7%. El 21,2% restante a la provincia de Mendoza.
Con la llegada de Javier Milei al Gobierno, el mayor temor de los casi 700 trabajadores de IMPSA se hizo realidad: comenzó el proceso de privatización de acciones. Para ello, fue necesario que la Legislatura de Mendoza autorizara el desprendimiento accionario. En septiembre de 2024, ambas cámaras dieron el visto bueno y desde ese momento, el Gobierno contaba con el camino liberado para recibir ofertas. La única interesada fue la estadounidense ARC Energy, quien dentro de sus pretensiones solicitaba que Nación le garantizara contratos dentro del país. Aquí apareció el primer escollo de la negociación: el Gobierno liberal no concebía “seguir ayudando” a una empresa privada, y le exigió conseguir sus propios contratos.
En noviembre, los plazos se iban cumpliendo sin mostrar novedades y el acuerdo parecía naufragar.
Finalmente, el 7 de enero de 2025 el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo anunció a través de su red social X que se había reunido con Jason Arceneaux, representante de ARC Energy. El encuentro se dio luego de que la Comisión Evaluadora para adjudicar las acciones clase C recomendara la preadjudicación al consorcio Industrial Acquisitions Fund LLC, cuyo integrante mayoritario es ARC Energy.
Este anuncio está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones establecidas por el comité: sólo si para el 31 de enero se cumplen dichas condiciones, se avanzará hacia la adjudicación definitiva y la firma del contrato para el traspaso de las acciones.
Al hacerse pública la noticia, las repercusiones no tardaron en llegar. El primero en confirmar el avance fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien en su red social compartió el comunicado en donde se oficializa la preadjudicación y se recomienda la aceptación de la propuesta privada.
Desde la oposición, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti también mostró en X su disconformidad asegurando que se trata de un regalo y no de una venta: “Nos lo quieren vender como una buena noticia, pero regalar IMPSA (sí, regalar, porque la provincia no recibe un peso por las acciones) a una empresa privada transnacional es una pésima noticia para Mendoza”, compartió la legisladora.
Según el acta de la Comisión Evaluadora, IAF había realizado una presentación reiterando la oferta original, dejando sin efecto el condicionamiento relacionado a las importaciones temporales realizadas por IMPSA para el proyecto Tocoma y manteniendo el resto de las limitaciones.
Pero luego el consorcio pidió acceso a la situación actualizada de IMPSA y, como consecuencia de la revisión, Arc Energy anunció que dejaba de lado la totalidad de los condicionamientos a los cuales había sujetado su oferta, con excepción del referido a la negociación con los acreedores de la empresa y la necesidad de renuncia de los miembros del directorio y sindicatura sin derecho a reclamo alguno en ningún momento, al momento del cierre definitivo del Contrato de Compraventa. En ese mismo documento, la firma pidió un nuevo plazo hasta el 31 de enero de 2025 para lograr la renegociación con los acreedores.
Como consecuencia de la revisión, Arc Energy anunció que dejaba de lado la totalidad de los condicionamientos a los cuales había sujetado su oferta, con excepción del referido a la negociación con los acreedores de la empresa, y la necesidad de renuncia de los miembros del directorio y sindicatura.
Por su lado, en el mismo acta la Comisión Evaluadora confirmó que la propuesta de 27 millones de dólares presentada por la oferente “se adecua a las necesidades del mantenimiento de la empresa en marcha y operativa”.
Con este último aspecto acordado, el traspaso de las acciones estatales de IMPSA al privado ARC Energy se encuentra cada vez más cerca de concretarse.