- Ya estaban procesados con prisión preventiva por lavado de activos y financiamiento del terrorismo
- La Justicia sumó el delito de organización criminal
Se suman cargos para los presuntos integrantes de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
La Justicia Federal amplió el procesamiento de 13 personas acusadas de mantener vínculos con el Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano con expansión en distintos países de América Latina, y los imputó formalmente como integrantes de una estructura criminal en territorio argentino.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal N°1 de Corrientes a pedido del Ministerio Público Fiscal, luego de una ampliación de indagatorias realizada en enero.
El Tren de Aragua es una organización criminal nacida en Venezuela que, según investigaciones internacionales, expandió su accionar a distintos países del continente. En Argentina fue incorporada en 2025 al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET), lo que marcó un precedente en materia de seguridad.
El principal acusado es el ciudadano venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, señalado como líder de una facción vinculada a esa organización. Fue detenido en octubre de 2023 por Interpol y actualmente permanece alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza bajo régimen de alto riesgo.
De acuerdo con la acusación fiscal, la estructura investigada en el país habría desplegado maniobras de lavado de activos y financiamiento de actividades ilícitas entre 2019 y 2025.
La causa detectó múltiples operatorias de blanqueo de capitales cuyo volumen fue estimado en más de 120 millones de pesos, mediante mecanismos como transferencias informales tipo "hawala", ingreso de divisas a través de "correos humanos", sociedades de fachada y transferencias circulares para dificultar la trazabilidad del dinero.
Tras una nulidad parcial dictada en diciembre por la Cámara Federal respecto de la figura de organización criminal, el juzgado volvió a procesar a los 13 imputados bajo esa calificación, lo que agrava significativamente su situación judicial.