-La administración Cornejo le dio el impacto ambiental de la minería en el Distrito Norte
-Fundada en Sudáfrica en 1921, vino al país en los 90 con Barrick.
Knight Piésold, la consultora que acaba de contratar el gobierno de Alfredo Cornejo para validar la intervención minera en Uspallata, es una de las compañías globales más antiguas en el campo de la minería que registra luces y sombras en su historia reciente. La compañía de origen sudafricano tiene la misión de blindar el flanco ambiental del plan minero de Cornejo.
La consultora Knight Piésold diseña depósitos de relaves (desechos mineros, consistentes en una mezcla de roca molida fina, agua, productos químicos y minerales sin valor económico) para las mayores mineras del mundo. Opera desde hace dos décadas en Argentina con una facturación creciente, al mismo tiempo que su nombre aparece salpicado en escándalos internacionales con derivaciones dañinas para el ambiente, que van desde el colapso de una presa de residuos tóxicos en Canadá hasta la manipulación de estudios de impacto ambiental en Perú y denuncias por encubrimiento científico en la provincia cuyana.
La historia corporativa de Knight Piésold se remonta a 1921, cuando F.E. Kanthack fundó en Sudáfrica una práctica unipersonal de ingeniería consultiva. Durante décadas, la firma concentró sus esfuerzos en infraestructura hídrica y generación de energía en el continente africano. El punto de inflexión llegó en 1952 con la incorporación de David Piésold a la sociedad directiva, lo que permitió a la empresa asumir megaproyectos hidroeléctricos en la entonces Federación de África Central.
La reestructuración corporativa de 1990 unificó la marca global Knight Piésold e instituyó un Comité Operativo Global para coordinar operaciones en una docena de países. Hoy, tras superar su centenario en 2021, la firma opera 29 oficinas en 16 países y emplea a más de 1.400 profesionales. Su matriz de servicios abarca minería, energía, recursos hídricos e infraestructura civil.
El desembarco en Sudamérica comenzó entre 1993 y 1996 con la apertura de oficinas en Chile, Perú y finalmente Argentina. La filial local se inscribió formalmente el 5 de septiembre de 2005 en la ciudad de San Juan, concebida específicamente para capturar contratos del proyecto aurífero Veladero de la canadiense Barrick Gold, del mítico minero global del oro Peter Munk, muerto en marzo de 2018.
El núcleo de la ventaja competitiva de Knight Piésold es el diseño, construcción y monitoreo de Instalaciones de Almacenamiento de Relaves (TSF por sus siglas en inglés). La empresa ha sido pionera en tecnologías como sistemas subaéreos drenados, elevación de muros mediante ciclones gigantes y disposición de relaves espesados y relaves en pasta. También han capitalizado el mercado de relaves deshidratados o "dry stack", que reducen drásticamente la huella hídrica y el riesgo de licuefacción sísmica.
La firma ha desarrollado software propietario para análisis estocástico de ruptura de presas (dam breach analysis), una herramienta que pasó de ser un valor agregado a convertirse en requisito normativo global. Sin embargo, la alta demanda de adecuación técnica de depósitos heredados ha evidenciado una escasez alarmante de especialistas geotécnicos, que la propia empresa intenta mitigar mediante programas de colaboración universitaria.
Más allá de la ingeniería estructural, Knight Piésold adoptó el modelo de negocios EPCM (Gestión de Ingeniería, Adquisiciones y Construcción), abarcando todo el ciclo extractivo: desde estudios de viabilidad y evaluaciones de impacto ambiental hasta el cierre de faenas y remediación de pasivos.
El desastre de la mina de cobre y oro Mount Polley en la Columbia Británica (Canadá) ocurrió el 4 de agosto de 2014 y representa la falla técnica más devastadora vinculada a los protocolos de ingeniería de Knight Piésold. La ruptura del terraplén liberó 25 millones de metros cúbicos de relaves tóxicos que arrasaron con el ecosistema del lago Polley, el arroyo Hazeltine y el lago Quesnel, zona primaria de desove del salmón.
El Panel Independiente de Investigación determinó que la responsabilidad recaía inequívocamente en el diseño original de la filial canadiense de Knight Piésold. El dictamen reveló que la consultora no consideró la complejidad del entorno geológico subglacial, específicamente una capa continua de Unidad Glaciolacustre (GLU) compuesta por arcillas glaciares. Los ingenieros asumieron, sin validación empírica adecuada, que la extensión del estrato de arcilla era menor y que mantendría su resistencia al cizallamiento.
Las deficiencias se agravaron con una recolección insuficiente de datos primarios: el área específica de la falla había sido estudiada únicamente con perforaciones superficiales que nunca intersectaron la capa GLU. Además, en 2009, la propia consultora había reportado que la funcionalidad de los piezómetros (instrumentos críticos para medir presión intersticial) estaba comprometida. Para agosto de 2014, 52 de los 116 piezómetros del complejo estaban inoperativos, 13 de ellos exactamente a lo largo de la sección que se desmoronó.
En el Perú, la participación de Knight Piésold en el Complejo Metalúrgico de La Oroya dejó cicatrices legales y ambientales profundas. En 1996, en pleno proceso de privatización, el Estado peruano contrató a la filial estadounidense de la consultora para ejecutar una evaluación ambiental independiente. El informe emitido en septiembre de 1996 argumentó que era "prematuro y técnicamente imprudente" prescribir acciones definitivas para lograr el cumplimiento ambiental, y aconsejó aplicar "flexibilidad" en la implementación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
El complejo fue adquirido en 1997 por Doe Run Perú (controlada por The Renco Group del magnate Ira Rennert). Amparándose en esa "flexibilidad" técnica, la empresa incrementó la producción, canalizó utilidades hacia afiliadas y pospuso inversiones críticas para capturar emisiones de dióxido de azufre y metales pesados. Cuando el Estado peruano endureció su postura, The Renco Group demandó al país ante tribunales internacionales de arbitraje ISDS, argumentando que la negativa a otorgar mayor tiempo violaba garantías contractuales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló históricamente contra el Estado peruano, declarándolo responsable de violar los derechos a la salud y a un medio ambiente sano de los residentes de La Oroya, una de las ciudades más tóxicas del planeta con niveles exorbitantes de plomo en la sangre de generaciones enteras de niños.
En la frontera entre Chile y Argentina, el megaproyecto aurífero Pascua Lama de Barrick Gold contó con Knight Piésold como proveedor técnico fundacional, formulando los primeros estudios de impacto ambiental en los años 90. El avance de las obras generó un desastre hidrológico: el polvo de las tronaduras se depositó masivamente sobre los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, reduciendo su capacidad de reflexión solar (albedo) y acelerando el derretimiento sistémico. Los tribunales ambientales de Chile dictaron la clausura total del proyecto, confirmando multas por más de 7.000 millones de pesos chilenos por "daño ambiental irreparable".
En la provincia de San Juan, Knight Piésold actúa como Ingeniero de Registro ("Engineer of Record") de la mina Veladero, también operada por Barrick Gold. La firma provee diseño de plataformas de lixiviación, cálculos de balance hídrico y auditorías de cumplimiento ambiental. Sin embargo, desde septiembre de 2015, Veladero ha sufrido sucesivos derrames de solución rica en cianuro y metales pesados debido a fallas en válvulas, cañerías y bermas de contención. Los accidentes contaminaron los ríos Potrerillos, Jáchal y Blanco, provocando procesos penales federales y llamados de atención de relatores de Naciones Unidas.
Knight Piésold Argentina se consolidó a partir de 2010 al adjudicarse simultáneamente proyectos de aseguramiento de calidad para Barrick Gold (Pascua Lama) y Yamana Gold (Gualcamayo). La sede principal se trasladó en 2007 a Godoy Cruz, Mendoza, bajo la dirección del ingeniero Alejandro Demonte. Actualmente, la filial opera desde oficinas en Mendoza, San Juan, Salta (para la fiebre del litio) y Río Gallegos, con más de 250 profesionales.
La empresa cuenta con certificaciones ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (medio ambiente) e ISO 45001 (salud ocupacional). Presume un índice de fidelización de clientes del 81% y una tasa de retención de cuentas del 87%. En 2022, la Municipalidad de Godoy Cruz la certificó como "Empresa Sostenible" por sus políticas de reducción de huella de carbono y subsidios a empleados que usan bicicleta.
Sin embargo, en la Legislatura de Santa Cruz, diputados provinciales han presentado pedidos de informes contra un listado de empresas proveedoras de la minería que incumplen la Ley Provincial 3141 de "Compre Local", señalando explícitamente a Knight Piésold entre las acusadas de hacer "caso omiso" a la contratación de mano de obra residente.
La provincia de Mendoza sancionó en 2007 la Ley Provincial 7.722, que prohíbe el uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en procesos metalúrgicos de lixiviación. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza estableció el precedente: "entre el agua y la minería, primero el agua". Para el establishment corporativo aglutinado en la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM), esta ley es un cerrojo inaceptable que mantiene paralizados yacimientos de clase mundial.
Ante la inviabilidad política de derogar la Ley 7722, el gobierno provincial diseñó los "Distritos Mineros", clústeres geográficos que combinan macro-estudios ambientales con evaluaciones en bloque para agilizar permisos. Knight Piésold fue adjudicataria y contratada por la empresa estatal Impulsa Mendoza para redactar el Informe de Impacto Ambiental del Distrito Minero Norte, cruzando el umbral de consultor privado a validador ambiental oficial del Estado mendocino.
La firma también desempeñó un rol protagónico en el rescate del proyecto Potasio Río Colorado (PRC) en Malargüe, abandonado por la brasileña Vale en 2013 y re-lanzado con el empresario José Luis Manzano. Knight Piésold elaboró las reevaluaciones conceptuales y modeló con software FLAC y BASIN la subsidencia terrestre por la técnica de minería por disolución.
El proyecto San Jorge (rebautizado PSJ Cobre Mendocino) es el único emprendimiento metalífero de cobre en la provincia con recursos delineados. Tras 18 años de parálisis, logró en 2026 la aprobación legislativa para su Declaración de Impacto Ambiental de explotación. Pero la historia de sus informes ambientales es, según denuncias de los sectores opuestos al plan minero de Cornejo, la crónica de un fraude documental donde la autoría de Knight Piésold ha sido el epicentro del escándalo.
En diciembre de 2010, la ONG Oikos Red Ambiental presentó una demanda penal contra ejecutivos de Minera San Jorge y contra ingenieros y directivos de Knight Piésold por el delito de falsedad ideológica en el Estudio de Impacto Ambiental. La acusación señalaba que el documento subestimaba vulnerabilidades hidrológicas y silenciaba fallas estructurales.
El escándalo se profundizó entre 2024 y 2026, cuando un peritaje de las asambleas ciudadanas (AVAU, AMPAP, Fundación Cullunche) desnudó lo que denominan el mayor fraude en la historia de la aprobación ambiental mendocina:
Falsificación del consentimiento social: se recolectaron entre 2.500 y 2.900 firmas apócrifas, con planillas triplicadas, rúbricas falsificadas, correos clonados y registros de personas domiciliadas en otras provincias.
Represión de la audiencia pública: la audiencia se realizó a 45 kilómetros de las comunidades afectadas, en un horario laboral y sin transporte público, violando la Ley Provincial 8051/09. Se instalaron vallas perimetrales y se restringió el acceso, facilitando el ingreso de manifestantes oficialistas.
Ocultamiento de informes científicos: la versión pública de la Evaluación de Impacto Ambiental eliminó dictámenes institucionales lapidarios, entre ellos:
El Dictamen de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo, que advertía sobre la toxicidad cancerígena de los reactivos químicos.
El Dictamen de la Facultad de Ingeniería, que señalaba sesgos e incertidumbre inaceptable en los modelos hidrogeológicos de Knight Piésold.
El Informe Geológico de José María Cortés, que demostraba que las aguas subterráneas de las cuencas de Uspallata y Yalguaraz están interconectadas, contradiciendo el modelo de la minera. Su ocultamiento prueba que cualquier filtración en la relavera contaminaría el Río Mendoza, afectando el agua potable y el riego agrícola de millones de habitantes.
Knight Piésold exhibe una dualidad. En el plano técnico-comercial, ha demostrado sofisticación en ingeniería civil pesada, dinámica de fluidos en pastas de relaves y macro-modelos de simulación hidrogeológica. Su consolidación en Mendoza exportando capital intelectual certifica una capacidad de adaptación.
Pero en antítesis directa, existe una divergencia sistémica entre los modelos algorítmicos de la consultora y las realidades de la termodinámica geológica, la vulnerabilidad de ecosistemas locales y la fragilidad de sociedades marginalizadas. El colapso de Mount Polley, la "flexibilidad" que permitió el envenenamiento en La Oroya, el derretimiento de glaciares en Pascua Lama y el ocultamiento de informes científicos en Mendoza revelan un patrón: los estudios de impacto ambiental redactados por la firma operan frecuentemente como instrumentos retóricos para legitimar megaproyectos, minimizando pasivos estructurales u omitiendo redes hidrológicas complejas.
La decisión del Estado mendocino de adjudicar a Knight Piésold el plan del Distrito Minero Norte la ubica en la cúspide del poder fáctico provincial, pero también en el epicentro de un conflicto sociopolítico explosivo.