La intervención en la UOM expuso que los intereses de Milei y Rocca para reconfigurar el poder sindical y congelar paritarias metalúrgicas están en alianza.
Milei y Rocca, alianza de intereses tras la intervención de la UOM.
La intervención judicial sobre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) abrió un frente de conflicto que trasciende lo salarial y expone una trama de internas, alineamientos políticos y vínculos empresariales que están en alianza. El fallo que anuló la elección nacional y desplazó a Abel Furlán de la conducción no sólo paralizó las paritarias, sino que también catalizó una disputa que ya dividía aguas dentro del sindicato.
De un lado, el bloque que había llegado al poder con Furlán, sostenido por seccionales fuertes del conurbano bonaerense y del interior. Del otro, el histórico eje de Capital Federal, San Nicolás y La Plata, que durante años fue determinante en la estructura metalúrgica y que quedó relegado en el nuevo esquema.
Hasta antes de la intervención, las negociaciones entre la UOM y las cámaras empresarias se desarrollaban de manera informal y sin certificaciones oficiales ante la Secretaría de Trabajo. Esa irregularidad ya dificultaba la posibilidad de homologar acuerdos. Con la intervención consumada, la dirigencia desplazada perdió legitimidad para firmar convenios, y cualquier discusión salarial quedó condicionada al avance del proceso judicial y a la asunción plena del interventor, el abogado Alberto Biglieri.
Mientras tanto, los trabajadores continúan percibiendo escalas salariales correspondientes a abril. El valor hora de un ingresante ronda los $4.313, mientras que las categorías administrativas iniciales perciben cerca de $830.000 mensuales. Los salarios intermedios oscilan entre $900.000 y $1.100.000, y el Ingreso Mínimo Global de Referencia se ubica en torno a $1.036.000. Todos esos valores quedaron congelados, sin aumentos para mayo.
La UOM había reclamado un adelanto del 10% desde abril y advertido con iniciar asambleas en fábricas. La intervención frustró ese reclamo y profundizó el malestar interno, en un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo.
La intervención judicial dejó a las paritarias metalúrgicas en un limbo. Con la conducción de Furlán desplazada y el interventor Biglieri aún en proceso de asumir plenamente el control institucional, cualquier negociación salarial depende de la definición judicial y administrativa.
En este escenario, los trabajadores enfrentan la continuidad de salarios congelados y la imposibilidad de avanzar en acuerdos formales. La expectativa está puesta en que el interventor habilite un canal de diálogo con las cámaras empresarias, aunque distintos sectores advierten que la resolución podría demorarse semanas.
La presión sindical se mantiene: la UOM había anunciado asambleas en fábricas si no se otorgaba un adelanto del 10% desde abril. Esa medida podría retomarse como estrategia de presión, en paralelo a la resistencia política contra lo que el gremio considera un fallo “antidemocrático”.
El futuro inmediato de las paritarias aparece condicionado por tres factores:
La velocidad del proceso judicial.
La capacidad de negociación del interventor.
La posición de las cámaras empresarias.
En definitiva, el desenlace de las paritarias será un termómetro del nuevo equilibrio de poder dentro de la UOM y de la relación entre el sindicalismo, el Gobierno y el empresariado.
La crisis institucional dejó al descubierto una red de relaciones que atraviesa al gremio. El núcleo histórico, con referentes como Roberto Bonetti, Naldo Brunelli y Antonio “Nino” Di Tomasso, aparece señalado como parte del entramado que propició el avance judicial. La figura del abogado Tomás Calvo, con vínculos con sectores del PRO, el radicalismo y el operador judicial Daniel “Tano” Angelici, emerge como nexo entre las seccionales históricas y el interventor Biglieri.
En ese esquema también se destaca la influencia de Julio Cordero, actual secretario de Trabajo, con pasado en Techint. Su rol es señalado como puente entre el Gobierno nacional y los empresarios interesados en disciplinar a la UOM. La referencia inevitable conduce a Paolo Rocca, titular del Grupo Techint, bautizado por Javier Milei como “Don Chatarrín”. La intervención aparece como un punto de encuentro entre Rocca y el gobierno libertario, pese a meses de tensiones públicas entre ambos.
El avance judicial sobre la UOM es leído dentro del sindicalismo como una jugada de enorme peso simbólico: intervenir a un gremio histórico en medio de un conflicto salarial abierto y con una conducción que confrontaba con las cámaras empresarias. La organización había marcado diferencias con el rol “moderado” de la CGT y lanzado un nuevo espacio sindical combativo, el FreSU.
Tras la intervención, la UOM denunció un fallo “antidemocrático” y anticipó resistencia. Pero detrás de la discusión jurídica asoma una pelea más profunda: la disputa por el modelo sindical, el control territorial del gremio y la relación de fuerzas entre el Gobierno, las empresas y el movimiento obrero.
La posibilidad de que se anulen elecciones de seccionales bajo cuestionamiento incrementa la tensión. En total, podrían caerse cinco procesos electorales, lo que profundizaría la crisis interna. La intervención judicial terminó funcionando como mucho más que una resolución gremial: se convirtió en el punto de encuentro entre intereses sindicales, operadores políticos, el Gobierno nacional y el poder empresario.
En ese entramado, la caída de la conducción de Furlán expone cómo la UOM se transformó en un tablero donde confluyen el mundo de Paolo Rocca y la administración de Javier Milei que pese a sus diferencias públicas encontraron un objetivo común: reconfigurar el equilibrio de poder dentro del principal gremio industrial del país.