"No debieran estar gobernando por carecer de toda sensibilidad”, lanzó ATE tras el aval de mandatarios a la eliminación de zona fría para miles de hogare.
Cornejo junto a Verasay y Petri, infantería libertaria en el Congreso. La quita de zona fría
X Alfredo CornejoLa Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) salió al cruce del proyecto de modificación del régimen de Zona Fría con un llamado a la protesta. “Este ajuste castiga a los trabajadores y beneficia a las empresas”, denunciaron desde la conducción gremial, en referencia a la condonación de la deuda de Edesur y Edenor por 1.800 millones de dólares incluida en la iniciativa.
En ese punto, convocó a un repudio de tal magnitud que condene socialmente a los gobernadores que apoyaron la medida en el Congreso, entre los que se cuenta Alfredo Cornejo, que le aportó dos votos: Pamela Versay y Lisandro Nieri (foto)., que sumaron a los cinco libertarios y Lourdes Arrieta.
El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló: “Tenemos que lograr que sean condenados socialmente los gobernadores que apoyaron la media sanción. No debieran estar gobernando por carecer de toda sensibilidad”.
El sindicato advirtió: “No vamos a permitir que se recorten derechos básicos en pleno invierno”, en alusión a la quita de subsidios que afectará a más de 3 millones de usuarios en provincias como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
En Mendoza hay más de 400 mil hogares que se quedarán sin el beneficio, que había sido extendido en 2021 por el gobierno de Alberto Fernández.
El impacto de la medida en Mendoza implica que máss de 422.000 hogares perderán el beneficio, especialmente en el Gran Mendoza, el Valle de Uco, la Zona Este y San Rafael. Solo Malargüe conservará la bonificación, al ser considerado territorio de frío extremo.
El dicproyecto fue fogoneado por el libertario mendocino Facundo Correa Llano, presidente de la comisión de Energía y Combustibles, quien logró 46 firmas de apoyo en el dictamen del oficialismo, con el respaldo de Innovación Federal, PRO, MID y sectores disidentes de la UCR.
El debate parlamentario expuso diferencias políticas profundas. Desde LLA, la diputada Laura Rodríguez Machado cuestionó la ampliación de la zona fría en 2021, señalando que “se metió la política” para beneficiar incluso a sectores de altos ingresos. En la misma línea, Silvana Giudici criticó al gobierno de Fernández por haber incorporado "irresponsablemente" a más de 3,4 millones de personas al beneficio.
La oposición, encabezada por Germán Martínez de Unión por la Patria, recordó que la ley de 2021 fue aprobada con 190 votos afirmativos, muchos de ellos de legisladores que hoy forman parte del oficialismo. Para el kirchnerismo, la decisión actual implica un retroceso en materia de protección social y deja desamparadas a miles de familias en zonas donde el frío es una realidad cotidiana.
Las consecuencias económicas serán inmediatas: quienes tenían un descuento del 30% verán un incremento del 43% en el valor del gas, mientras que aquellos con una bonificación del 50% sufrirán directamente la duplicación del importe. Según cálculos oficiales, 1,6 millones de usuarios perderán el beneficio, mientras que 1,8 millones lo conservarán dentro del nuevo programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
En Mendoza, la discusión no es abstracta: se traduce en boletas más caras y en la incertidumbre de miles de hogares que deberán reorganizar sus economías familiares para enfrentar el invierno.
La secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, defendió la medida argumentando que busca focalizar la ayuda en quienes realmente la necesitan. Explicó que el nuevo esquema subsidiará el metro cúbico de consumo de gas natural, pero dejará de cubrir el cargo fijo de distribución. Según sus cálculos, 1.600.000 usuarios perderán el beneficio, mientras que 1.800.000 lo conservarán con descuentos superiores al 75% en invierno.
Junto al recorte del régimen de “zona fría” —una medida que afecta a 3,1 millones de usuarios en todo el país, incluidos más de 422.000 hogares mendocinos—, la Casa Rosada busca condonar la deuda multimillonaria que las distribuidoras eléctricas mantienen con Cammesa, la administradora del mercado mayorista.
En paralelo, la Secretaría de Energía defendió en Diputados el proyecto para condonar deudas a las distribuidoras privadas. Según datos oficiales, el total asciende a USD 1.842 millones, con el 69% concentrado en Edenor, Edesur y el Grupo DESA.
El mecanismo propuesto permite a las empresas descontar de sus pasivos los ingresos que dejaron de percibir durante años de congelamiento tarifario. A cambio, renunciarían a futuros juicios por “activos regulatorios”. En la práctica, el Estado dejaría de reclamar cientos de millones de dólares.
La discusión no es nueva. Edenor y Edesur ya lo habían planteado a Mauricio Macri, incluso después de aumentos tarifarios superiores al 2000% entre 2016 y 2019. Lo repitieron durante el congelamiento de Alberto Fernández y ahora reaparece con Milei, pese a que su gobierno impulsó una revisión tarifaria que supuestamente buscaba “normalizar” los ingresos.