El 7 de febrero, durante una marcha antifascista realizada en el centro de Mendoza en el marco del Contracarrusel, una manifestante denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de un integrante de la policía provincial. La Asamblea Transfeminista La Terca informó que, además de la denuncia pública difundida en los días posteriores, presentó una denuncia penal contra la institución policial, subrayando la gravedad del hecho y la necesidad de que sea investigado en el ámbito judicial.
Abuso durante una protesta
En su comunicado, la organización sostuvo que el episodio ocurrió mientras se ejercía el derecho a la protesta en el espacio público. “El abuso de un policía a una compañera durante el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a la protesta y la manifestación en el espacio público representa un eslabón más en una larga cadena de abusos de poder”, señalaron.
La Asamblea afirmó que este caso no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en un patrón de prácticas represivas. Entre ellas mencionaron “operativos policiales desproporcionados en número y recursos en cada manifestación, detenciones violentas, el armado de causas (i)legales a manifestantes, hasta el uso de edificios públicos como espacios de detenciones y tortura”.
Ejemplos claros son las últimas detenciones en el marco de marchas en defensa del agua y contra la megaminería en Mendoza, en las que la Policía usó sitios como la Legislatura o la exsubsecretaría de Turismo como lugares de detención e incluso torturas a los detenidos.
Continuidad histórica de la violencia
La Terca vinculó la violencia sexual ejercida por agentes estatales con una continuidad histórica que, según expresaron, se remonta a la última dictadura militar iniciada en 1976. “Durante los casi cincuenta años transcurridos desde la criminal dictadura de marzo de 1976, afirmamos que hay una continuidad y una particular saña en la violencia sexual por parte de agentes del Estado”, remarcaron.
El comunicado también destacó que la violencia sexual constituye “una de las manifestaciones más feroces del poder patriarcal” y que su persistencia está ligada a la impunidad heredada de la dictadura. En este marco, denunciaron que la represión en Mendoza, bajo la gestión del gobernador Alfredo Cornejo, incluye la utilización de la violencia política sexual como herramienta de disciplinamiento.
La organización concluyó su pronunciamiento con un llamado a la organización colectiva y a la lucha contra las violencias. “Nos hartamos de las violencias, los maltratos, la explotación, los abusos y todo autoritarismo”, expresaron. Finalmente, remarcaron que “a la agresión le respondemos con más organización y lucha” y exigieron justicia por lo ocurrido.
De esta manera, la denuncia penal presentada por La Terca abre un nuevo capítulo en el debate sobre el accionar policial en la provincia y sobre las formas de violencia que afectan a mujeres y disidencias en el marco de las protestas sociales.