-Por esta causa, dejaron marcadas diferencias partidarias de lado.
-Los concejales Caleau, García y Gutiérrez activaron una estrategia común en la Capital.
Los concejales capitalinos Gustavo Caleau (PJ), Ricardo García (Partido Verde) y Gustavo Gutiérrez (ARI- Coalición Cívica).
Los concejales capitalinos Gustavo Caleau (PJ), Ricardo García (Partido Verde) y Gustavo Gutiérrez (ARI- Coalición Cívica) presentaron proyectos en el Concejo Deliberante para repudiar la modificación de la Ley de Glaciares y exigir el tratamiento de la Ley anti-SLAPP.
Concretamente, la idea activada por los tres concejales busca que el Concejo Deliberante y el Municipio adopten posiciones políticas en defensa de los glaciares de la provincia y en apoyo a la ley que busca evitar la persecución y limitación a la protesta social de los participantes en espacios ambientalistas.
La estrategia del trinomio multipartidario busca darle volumen a un plan destinado a frenar el avance minero en zonas protegidas y evitar la persecución judicial a organizaciones ambientalistas.
El avance conjunto en esta materia se impulsa en dos convicciones compartidas por los concejales: que la flexibilización regulatoria plasmada en la nueva Ley de Glaciares representa un peligro para el ambiente y que los manifestantes en las protestas contra el modelo minero del plan de Alfredo Cornejo son víctimas de persecución estatal.
El debate ambiental ha vuelto a tomar profundo protagonismo en la agenda política. Los ediles representantes del Partido Justicialista, el Partido Verde y la ARI-Coalición Cívica pretenden que tanto el cuerpo deliberativo como la Municipalidad asuman una postura institucional firme. El objetivo primordial que se plantean es establecer un frente político unificado en defensa irrestricta de los recursos hídricos de nuestra región, y respaldar un marco normativo que impida cualquier limitación a la protesta social legítima.
Esta presentación formal en la esfera municipal no constituye un hecho aislado, sino que se acopla estratégicamente a diversas iniciativas ya impulsadas en la Legislatura provincial. Senadores y diputados del espectro opositor han comenzado a unificar criterios para que la provincia fije una posición sobre la protección de sus ecosistemas de alta montaña, pidiendo que las autoridades apoyen activamente la sanción definitiva de leyes garantes de la participación ciudadana y el control ambiental público.
La controversia se enmarca en un escenario de máxima tensión institucional y gran preocupación ecologista a lo largo de todo el país, siendo Mendoza una referencia en esta materia debido a la multitudinaria resistencia que ha mantenido en el tiempo una tenaz oposición al despliegue del extractivismo en la provincia.
La Ley de Glaciares acaba de ser modificada mediante un proyecto del gobierno de Javier MIlei, surgido a instancia del lobby minero y el impulso clave del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Como consecuencia, se flexibilizó la regulación destinada a preservar inalteradas las grandes masas de hielo y el delicado ambiente periglacial, biomas que son considerados reservas estratégicas intocables para asegurar la supervivencia, la agricultura y la industria.
Con la nueva ley, se alteraron significativamente los artículos medulares que delimitaban las áreas protegidas. Diversas agrupaciones advierten que esta flexibilización abre las puertas de manera inminente a la exploración y subsiguiente explotación minera a gran escala en territorios que rodean a los glaciares. Denuncias que esto pondría en riesgo inaceptable las indispensables reservas de agua dulce de las futuras generaciones, debilitaría severamente el andamiaje jurídico ambiental y vulneraría la propia Constitución Nacional, afectando los derechos de las comunidades originarias y locales.
En paralelo a la defensa irrestricta del agua, los concejales capitalinos del PJ, el ARI y el Partido Verde unidos contra la flexibilización ambiental exigen avanzar urgentemente con la postergada Ley anti-SLAPP. La misma busca erradicar el uso malicioso de las demandas judiciales contra las manifestaciones sociales por parte de corporaciones económicas y políticas. En Mendoza, los impulsores de esta iniciativa, como miles de ambientalistas que sostienen el rechazo al plan minero, señalan que el gobierno reprime la libre expresión por medio de la policía. Desde que recrudeció la puja por la minería, a fines del año pasado, se cuentan 40 manifestantes procesados por sus acciones en las protestas.