-Estados Unidos empezó a definir su rol en el día a día del Estado en Venezuela.
- Laura Dogu es la nueva jefa de su misión diplomática en el país.
Estados Unidos nombró a Laura Dogu como jefa de la misión en Venezuela.
El tablero geopolítico sudamericano termina de reacomodarse a una velocidad vertiginosa. Apenas tres semanas después de la operación militar estadounidense del 3 de enero que derivó en la captura de Nicolás Maduro, la Casa Blanca ha dado el paso definitivo hacia la normalización institucional con Caracas.
En un movimiento que sella el pragmatismo de la nueva etapa, Estados Unidos designó oficialmente a Laura Dogu como la nueva jefa de su misión diplomática para Venezuela.
El nombramiento, confirmado por fuentes internas a agencias internacionales y visible desde este jueves en el sitio oficial de la embajada —cerrada desde la ruptura de 2019—, marca el inicio de una reanudación gradual de los vínculos bilaterales. Dogu, una diplomática de carrera que hasta la fecha se desempeñaba como embajadora en Nicaragua, operará inicialmente desde Bogotá. Su misión principal será evaluar las condiciones de seguridad y logística para la reapertura física de la sede en Caracas, un gesto que Donald Trump busca capitalizar como una victoria de su política exterior.
Sin embargo, la estabilidad con la que Delcy Rodríguez ha asumido el poder interino no parece ser fruto de la improvisación. Una reveladora investigación publicada por el diario británico The Guardian arrojó luz sobre los contactos secretos previos que habrían allanado el camino para el desenlace de principios de año. Según el reporte, Rodríguez, junto a su hermano Jorge Rodríguez —actual presidente de la Asamblea Nacional—, mantuvo comunicaciones con funcionarios estadounidenses meses antes de la intervención.
Fuentes citadas por el rotativo aseguran que la actual presidenta interina transmitió a emisarios de Washington y Qatar, mediante intermediarios, un mensaje inequívoco: cooperaría con la administración Trump una vez que Maduro dejara el poder. "Delcy estaba comunicando que Maduro tenía que irse", señaló una fuente, sugiriendo que, si bien no hubo un compromiso activo en el derrocamiento, sí existió una disposición pactada para "trabajar con lo que viniera después". Estas conversaciones se habrían intensificado tras una tensa llamada en noviembre entre Trump y Maduro, consolidando en Washington la idea de que Rodríguez representaba la mejor opción para evitar el caos y garantizar la gobernabilidad.
La sintonía entre la Casa Blanca y el Palacio de Miraflores ya tiene repercusiones tangibles en la economía. En un giro copernicano respecto al dogma socialista, el Parlamento venezolano aprobó este jueves en primera discusión la reforma a la Ley de Hidrocarburos. El proyecto busca abrir plenamente el sector a empresas privadas, eliminando la exclusividad del Estado y la obligatoriedad de las empresas mixtas, facilitando así el ingreso de capitales norteamericanos.
Delcy Rodríguez confirmó la recepción de un primer giro de 300 millones de dólares producto de la venta de crudo, gestionada ahora bajo la supervisión de Estados Unidos. El propio Donald Trump, desde el foro de Davos, se jactó de que su administración "controla" la comercialización del crudo venezolano e invitó a la mandataria interina a una reunión en suelo estadounidense, legitimando su posición frente a la comunidad internacional.
En el frente interno, la reconfiguración del poder avanza con mano de hierro. Rodríguez ha ejecutado movimientos quirúrgicos para asegurar la lealtad de las Fuerzas Armadas. El miércoles se oficializó el nombramiento de 12 nuevos comandantes regionales en zonas operativas clave de defensa, desplazando a fichas leales al madurismo ortodoxo.
Días atrás, la presidenta interina ya había designado a un exjefe del Sebin como responsable de su guardia presidencial y director de la contrainteligencia militar (Dgcim). Aunque el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, conserva su cargo por el momento —garantizando la cohesión institucional—, el jefe del Comando Estratégico Operacional, general Domingo Hernández Lares, ha validado públicamente los cambios.
Si bien la Constitución venezolana establece que el interinato de Rodríguez debe convocar a nuevas elecciones en un plazo de seis meses, la profundidad de las reformas económicas y la consolidación de su estructura militar sugieren que la dirigente, con el beneplácito de Washington, ha asumido el control pleno del Ejecutivo con una vocación de permanencia que excede la mera transición.