La ley obliga a los tribunales militares de Israel a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania.
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel.
El Parlamento de Israel, la Knéset, aprobó este lunes una polémica reforma legal que reinstaura la pena de muerte por ahorcamiento para quienes sean hallados culpables de asesinato terrorista. La medida, impulsada por el ultranacionalista ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, fue respaldada por el primer ministro Benjamín Netanyahu y obtuvo 62 votos a favor frente a 48 en contra, tras un debate que se prolongó por casi doce horas.
La ley consagra de facto la pena capital exclusivamente para los palestinos, ya que excluye explícitamente a los ciudadanos o residentes israelíes, y solo los palestinos son juzgados en tribunales militares. Los israelíes son juzgados en tribunales civiles.
Si bien una disposición aparte permite a los tribunales imponer la pena de muerte a cualquier persona, incluidos los ciudadanos israelíes, solo se aplica a quienes “causen intencionadamente la muerte de una persona con el objetivo de negar la existencia del Estado de Israel”, una definición que en la práctica excluye a los terroristas judíos.
La nueva legislación establece que los tribunales militares deberán imponer la pena capital a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada condenados por actos terroristas, salvo en circunstancias excepcionales que permitan sustituirla por cadena perpetua. En contraste, los tribunales civiles que juzgan a ciudadanos israelíes mantienen la posibilidad de aplicar penas alternativas, lo que consagra un trato desigual ante la ley.
Ben Gvir celebró la aprobación como “un día de justicia para las víctimas y de disuasión para nuestros enemigos”, asegurando que “quien elige el terrorismo, elige la muerte”. Sin embargo, voces opositoras dentro de la Knéset, como el diputado Matti Sarfatti del partido Yesh Atid, calificaron la norma de “populista, inmoral y claramente inconstitucional”.
La ley no tendrá carácter retroactivo y no se aplicará a los responsables de los atentados del 7 de octubre, para los cuales se tramita un proyecto separado. No obstante, organizaciones de derechos humanos advierten que la medida, en la práctica, se dirige exclusivamente contra palestinos, ya que son los únicos juzgados en tribunales militares.
La Presidencia de Palestina emitió un comunicado en el que condenó la aprobación de la pena de muerte, denunciando que contradice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Convenios de Ginebra y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según Ramala, la norma vulnera las garantías de protección y el derecho a un juicio justo, además de constituir una violación del derecho internacional humanitario.
El gobierno palestino subrayó que ninguna acción israelí detendrá su objetivo de lograr la independencia y la creación de un Estado soberano con capital en Jerusalén oriental. Asimismo, exhortó a la comunidad internacional a condenar la medida y aplicar sanciones contra lo que calificó como “crímenes de lesa humanidad”.
La controversia trascendió rápidamente las fronteras. Egipto y Jordania se sumaron a las críticas, denunciando que la legislación israelí viola principios básicos de justicia e igualdad reconocidos a nivel global. El Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio advirtió que la decisión incrementa las tensiones regionales y amenaza la estabilidad de Oriente Medio y la seguridad internacional.
Por su parte, el vocero del Ministerio jordano de Asuntos Exteriores, Fouad Majali, calificó la ley como “racista, discriminatoria e ilegítima”, recordando que el derecho internacional prohíbe la imposición de control sobre territorios ocupados mediante legislación de la potencia ocupante.
La pena de muerte en Israel tiene una historia particular: aunque se mantenía para delitos de guerra, fue abolida en 1954 para crímenes comunes. Desde entonces, varios intentos de reinstaurarla han fracasado, hasta que en noviembre de 2025 el proyecto superó una primera lectura y regresó a la Comisión de Seguridad Nacional para ajustes. La aprobación definitiva este lunes marca un giro legislativo de gran impacto político y social.
La medida refleja la creciente radicalización del debate interno israelí en torno a la seguridad y el terrorismo, pero también abre un nuevo frente de tensión diplomática. Mientras el gobierno de Netanyahu defiende la reforma como herramienta de disuasión, la oposición interna, Palestina y varios países árabes la consideran una violación flagrante de los derechos humanos y del derecho internacional.
En un contexto ya marcado por la violencia y la desconfianza, la aprobación de la pena de muerte para palestinos acusados de terrorismo amenaza con profundizar la brecha entre israelíes y palestinos, y coloca a Israel en el centro de un debate global sobre justicia, igualdad y derechos fundamentales.