-La denunciante se presentó en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.
-El caso de Marcelo D'Agostino desafía a la independencia judicial.
Marcelo D'Agostino.
La ex pareja de Marcelo D'Agostino ratificó las denuncias de índole sexual que conmovieron el ámbito del poder en la provincia y derivaron en la caída del subsecretario de Justica de los dos gobiernos de Alfredo Cornejo y el de Rodolfo Suarez. La comparecencia de la denunciante ante la fiscalía de delitos contra la integridad sexual no fue un trámite más.
Durante varias horas, la mujer ratificó la denuncia escrita en 40 carillas donde describe con minuciosidad un calvario que se habría extendido por cuatro años. En su relato, se detallan episodios de abuso sexual con acceso carnal, lesiones y un constante asedio psicológico. Además, hace mención al uso del aparato estatal: la víctima sostuvo que Marcelo D’Agostino utilizaba su jerarquía y sus aceitados vínculos con la Policía de Mendoza y magistrados locales para asegurar su silencio y garantizarse impunidad.
Este testimonio ha sido el detonante para que la justicia mendocina acelere los plazos. La querella, representada por abogados especialistas en violencia de género, ha solicitado medidas de protección extremas, incluyendo la prohibición de acercamiento y la entrega del pasaporte del exfuncionario, ante un potencial riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.
Por su parte, el entorno de D’Agostino insiste en que se trata de una denuncia falsa con trasfondo de despecho personal, aunque la contundencia del relato ratificado ha comenzado a resquebrajar esa estrategia de defensa inicial.
Hasta hace apenas unos días, Marcelo D’Agostino era considerado el "arquitecto" judicial del gobernador Alfredo Cornejo. Su renuncia, presentada el pasado 11 de abril, puso fin a una gestión que se extendió por más de ocho años, atravesando dos administraciones radicales. Durante su mandato, fue la pieza clave en la implementación de las audiencias orales y la reforma del Código Procesal, cambios que buscaban, paradójicamente, una justicia más ágil y transparente. Su salida deja un vacío técnico difícil de llenar y un costo político que el oficialismo intenta minimizar.
La celeridad con la que se aceptó su dimisión refleja la gravedad de los cargos. En el Barrio Cívico, el clima es de hermetismo absoluto. El gobernador Alfredo Cornejo ha buscado distanciarse del escándalo personal de quien fuera su hombre de confianza, enviando una señal clara de que no habrá "proteccionismo" político en causas de integridad sexual. La designación de Juan Carlos Jaliff, un histórico de la Unión Cívica Radical, para ocupar la vacante dejada por el imputado, busca devolverle al área una imagen de institucionalidad y probidad en medio de la tormenta mediática.
El gran interrogante que sobrevuela el Polo Judicial es si los fiscales podrán actuar con total independencia frente a quien, hasta hace poco, definía los ascensos y traslados de muchos de ellos. La denuncia ratificada pone a prueba el sistema de contrapesos de la provincia. La víctima ha expresado su temor ante la influencia que el exfuncionario aún mantiene en los pasillos de tribunales. Por ello, la vigilancia social y el rol de las organizaciones de mujeres se han vuelto fundamentales para garantizar que el proceso siga los carriles normales sin privilegios de casta.
En el marco de la instrucción, se esperan para los próximos días las pericias psicológicas oficiales de ambas partes y la citación de testigos que convivieron con la pareja. La entrega voluntaria de un arma de fuego por parte de D’Agostino ha sido vista por algunos como un gesto de colaboración, mientras que para la querella es una prueba más del entorno de intimidación en el que se encontraba la mujer. La causa penal avanza ahora hacia una posible imputación formal, lo que transformaría este escándalo en uno de los juicios más trascendentales de la década en Mendoza.