- El lugar funcionaba como boliche frente al cementerio de Recoleta
- Los hombres fueron procesados por trata de personas, acusados de explotación sexual
Nueve hombres fueron procesados en el marco de una causa por explotación sexual y trata.
Nueve hombres fueron procesados por el delito de trata de personas, acusados de explotar sexualmente a al menos 50 mujeres, dos de ellas menores de edad, en un local del barrio porteño de Recoleta que funcionaba como prostíbulo bajo la fachada de un boliche.
La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, quien además ordenó millonarios embargos y restricciones para los imputados.
La causa se inició el 6 de abril de 2022, tras una denuncia anónima a la línea 145, destinada a reportar casos de trata. Allí se alertó sobre el funcionamiento de un prostíbulo encubierto en el lugar.
La investigación avanzó con tareas de inteligencia y derivó en un allanamiento realizado el 9 de julio de 2024, donde se identificó a 50 mujeres, muchas de ellas en calidad de "presencias", según evaluaciones oficiales.
El establecimiento investigado, denominado "D’Lirio", está ubicado sobre la calle Vicente López al 2100, frente al cementerio de Recoleta. Según la investigación, el lugar operaba como un prostíbulo encubierto, donde las mujeres eran captadas para realizar "presencias" y servicios de "copas".
De acuerdo con la hipótesis fiscal, los bajos ingresos por esas tareas empujaban a las víctimas a concretar encuentros sexuales con clientes en hoteles cercanos, bajo un esquema organizado y controlado por los acusados.
La causa, impulsada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Alejandra Mángano, con intervención de la PROTEX, sostiene que los imputados captaron y explotaron a las víctimas aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.
El reclutamiento se realizaba principalmente a través de redes sociales como Instagram, Facebook y WhatsApp, mediante ofertas laborales engañosas bajo el término "presencias". Una vez dentro del circuito, las mujeres debían cumplir horarios estrictos, de 22 a 6, sin posibilidad de retirarse antes sin perder el pago, que oscilaba entre 7.000 y 20.000 pesos por noche.
El funcionamiento incluía un sistema de control permanente mediante cámaras y personal del local. Las mujeres debían rotar por las mesas para incentivar el consumo de bebidas, sin percibir porcentaje por las ventas.
Los encuentros sexuales, conocidos como "pases", se pactaban dentro del boliche y se concretaban en hoteles cercanos, con valores de entre 150 y 500 dólares. Parte de ese dinero quedaba en manos de los organizadores. Según la resolución judicial, este esquema generaba una dependencia económica que empujaba a las víctimas a aceptar esas condiciones.
El juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento de los nueve acusados sin prisión preventiva. Cinco de ellos fueron considerados coautores del delito de trata de personas agravado por la participación de menores, mientras que los otros cuatro quedaron imputados como partícipes necesarios.
En paralelo, la Justicia ordenó embargos por un total de 7.800 millones de pesos, la inhibición de bienes de la firma Gran Recoleta S.A., responsable del local, y la prohibición de salida del país y de contacto con las víctimas para todos los imputados.
La investigación determinó que la organización funcionaba bajo la fachada de una sociedad comercial, con una estructura aceitada y roles claramente definidos, desde el reclutamiento de mujeres hasta la administración del local, la asignación de clientes y el control de los ingresos.
El análisis financiero reforzó esta hipótesis: entre 2021 y 2025 se registraron movimientos por alrededor de 1.500 millones de pesos en cuentas vinculadas a la empresa, con un volumen significativo de depósitos en efectivo que evidencian la magnitud del negocio.
El magistrado Casanello también vinculó esta causa con el prostíbulo "Madaho’s", donde ya se habían acreditado judicialmente hechos de trata de personas. Según la investigación, "D’Lirio" habría operado como una continuidad de ese mismo esquema, aunque bajo otra denominación.
En ese sentido, se detectaron coincidencias en los operadores, la estructura organizativa y la modalidad de funcionamiento, lo que refuerza la hipótesis de un sistema de explotación sostenido en el tiempo y adaptado para seguir operando.
En su resolución, el juez fue contundente al afirmar que el local "funcionó como un prostíbulo y constituyó un espacio de explotación sexual clandestina", donde las víctimas eran sometidas a un esquema de control orientado a la obtención de ganancias.
Además, remarcó que la utilización de una fachada comercial permitió encubrir la actividad ilegal y facilitar la captación de mujeres en situación de vulnerabilidad, bajo la apariencia de una propuesta laboral legítima.