- La causa está entre las más graves por explotación de menores en los últimos años
- El juez Julio Bavio autorizó extender la investigación hasta mayo de 2026
Uno de los domicilios allanados donde eran explotadas las menores. | Imagen de la Policía de Seguridad Aeroportuaria
La Justicia federal de Salta confirmó que ya son 33 las víctimas en la causa por explotación sexual de menores, una de las más graves registradas en los últimos años, y nueve los imputados. En ese marco, el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, autorizó la ampliación de las imputaciones penales y la extensión del plazo de investigación hasta el 29 de mayo de 2026.
La primera denuncia del caso se radicó el 26 de junio del año pasado, cuando la mamá de una de las víctimas se mostró sorprendida por el celular de alta gama que tenía su hija y, al revisarlo, vio mensajes de índole sexual, entre ellos uno enviado por un remisero actualmente imputado, a través del cual hacía alusión a su otra hija de 12 años.
Según la fiscalía, la organización criminal captaba a adolescentes de colegios públicos y privados con el objetivo de explotarlas sexualmente. La investigación determinó que la red operaba de manera sistemática y organizada, coordinando encuentros y servicios a cambio de dinero. Durante la audiencia, los fiscales detallaron el rol de cada uno de los acusados y explicaron cómo se originó la estructura delictiva y cuál era su finalidad principal.
Una de las prácticas más aberrantes reveladas en la causa es que las víctimas eran descartadas al cumplir los 18 años, cuando dejaban de ser menores de edad. Además de la imputación por trata de personas, varios de los acusados enfrentan cargos por tenencia y distribución de material sexual infantil, corrupción de menores y abuso sexual, en distintos hechos investigados.
La investigación fue formalizada el 11 de septiembre, tras la detención de cuatro personas imputadas como coautoras del delito de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual, con agravantes por la vulnerabilidad, minoridad y cantidad de víctimas, el número de intervinientes y la explotación consumada.
Con el avance de la causa, se sumaron cinco implicados más, elevando a nueve los imputados, mientras que el número de víctimas identificadas pasó de 3 a 33, sin descartarse la existencia de más adolescentes afectadas.
De los detenidos, ocho están imputados por trata de personas y cinco también como integrantes de una asociación ilícita destinada a la promoción y facilitación de la prostitución. Además, la fiscalía imputó a varios acusados por tenencia y distribución de material sexual infantil, corrupción de menores, abuso sexual y promoción de la prostitución agravada por la minoridad de las víctimas.
El fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, junto con el equipo PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas), llevan adelante las diligencias para consolidar la investigación. También se realizan peritajes sobre dispositivos electrónicos secuestrados a los acusados, testimonios de víctimas en Cámara Gesell y otras pruebas complementarias.