- Investigan corrupción cometida durante el ejercicio de su función judicial
- Entre los imputados están su esposa y el extitular de la delegación local de AFIP
El exjuez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, se encuentra en el medio de una investigación por corrupción que lo tiene como protagonista.
El exjuez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, enfrenta tres acusaciones por presuntos hechos de corrupción en el Poder Judicial y podría ser condenado a 10 años de prisión. La investigación sostiene que los delitos habrían sido cometidos mientras ejercía su función judicial. Entre los imputados también figuran su esposa y el extitular de la delegación local de la AFIP.
La acusación, impulsada por la PROCELAC, atribuye a Bailaque tres maniobras en las que también habrían intervenido Busaniche, el empresario Fernando Whpei y el exjefe local de la AFIP, Carlos Vaudagna.
La primera refiere a una presunta extorsión contra empresarios del Grupo San Cristóbal: entre 2019 y 2024 se habrían promovido actuaciones judiciales para presionar a C.I. y J.O. Uno de ellos entregó 160.000 dólares, de un total exigido de 200.000, para evitar perjuicios en una causa penal.
El segundo hecho describe pagos mensuales que Whpei habría realizado al exjuez a través de la mutual Siempre Joven. Según la fiscalía, entre 2019 y 2025 recibió más de 5,7 millones de pesos, encubiertos como alquiler de un inmueble en Caleta Olivia.
El tercer episodio involucra a su esposa: en 2020 el matrimonio incorporó 70.000 dólares en efectivo para adquirir derechos sobre un lote en un barrio cerrado de Funes, operación que, según la acusación, se realizó por debajo del valor de mercado y con fondos ilícitos.
Los fiscales solicitaron unificar los expedientes en un único juicio oral, al considerar que existe conexidad entre los hechos. La definición se dará en la audiencia de control de acusación.
En la causa por la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín, se lo acusa de haber liberado fondos millonarios para operaciones vinculadas al Grupo Unión SA y a una mutual relacionada con Whpei. Por ese tramo se estimó una pena de dos años.
Otra imputación está vinculada al presunto retardo en una investigación contra la organización narcocriminal liderada por Esteban Lindor Alvarado, entre 2014 y 2015.