-A fin de mes se agota el plazo para los contratos de provisión de gas de las distribuidoras.
-El gobierno se mantiene al margen de la puja, todavía.
Puja entre privados por los que cobrarán por el gas en el invierno.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaEl éxito del plan libertario para contener la inflación enfrenta un desafío crucial en el sector energético: el precio del gas para el invierno. Mientras los productores estiman valores que duplican el costo actual para cubrir los picos de frío, el Ministerio de Economía analiza cuánto de ese aumento llegará a los hogares.
La decisión final sobre el traslado a tarifas marcará el pulso de los servicios públicos en el segundo trimestre. Justo para cuando el gobierno de Javier Milei pretende mostrar una desaceleración de la inflación, que lleva diez meses al alza.
La negociación entre las empresas productoras y las distribuidoras ha entrado en una fase crítica. Según fuentes del mercado citadas por Econojournal, el gas natural necesario para abastecer la demanda residencial durante los meses de temperaturas extremas podría alcanzar los 10 dólares por millón de BTU en contratos de corta duración. Este valor representa un salto significativo frente a los 3,80 dólares que se reconocen actualmente en la estructura de costos.
Para las petroleras, este precio refleja el costo de oportunidad y la complejidad logística de garantizar el fluido solo por 60 o 90 días. Sin embargo, para el equipo económico liderado por Luis Caputo, convalidar ese número y trasladarlo íntegramente a las facturas representaría un golpe directo al bolsillo que podría recalentar el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El mecanismo técnico conocido como pass through (traslado directo a tarifa) es el eje del conflicto. Las distribuidoras —como Metrogas, Naturgy y Camuzzi— advierten que no pueden firmar contratos a precios elevados si el Enargas no les garantiza que esos montos serán cubiertos por los usuarios. El temor de las empresas es quedar con un "desfasaje financiero" si el Estado decide pisar los precios para evitar el impacto social y político de las subas.
La Secretaría de Energía, bajo la conducción de María Tettamanti, evalúa un esquema intermedio, con un precio de "boca de pozo" cercano a los 6 dólares. La diferencia con la pretensión de las petroleras productoras quedaría en el debe de las distribuidoras y se saldaría con algún mecanismo a futuro. Ese esquema ya se usó en el país.
A pesar de que la producción de Vaca Muerta sigue batiendo récords, los cuellos de botella en el transporte y la necesidad de importar GNL (Gas Natural Licuado) mantienen los costos bajo presión. La intervención del Enargas ha priorizado la reasignación de capacidad en los gasoductos, pero esto ha obligado a algunas distribuidoras a contratar transporte en dólares, encareciendo aún más la logística de distribución hacia los grandes centros urbanos.
Este escenario pone a las autoridades frente a una "manta corta": si se satisface el precio solicitado por los productores para incentivar la inversión, las tarifas podrían volverse impagables para vastos sectores. Si se mantiene el precio bajo, el Estado deberá volver a recurrir a subsidios millonarios o enfrentar el riesgo de desabastecimiento si las petroleras deciden priorizar otros mercados más rentables que el residencial doméstico.
Con el plazo del 30 de abril como fecha límite para presentar los contratos ante el ente regulador, el tiempo para una definición política se agota. El Gobierno Nacional deberá elegir entre la ortodoxia fiscal —traslado total del precio del gas a la factura— o el pragmatismo antiinflacionario. De esta resolución dependerá que el invierno de 2026 llegue con un servicio estable, pero con un costo que pondrá a prueba la capacidad de pago de los consumidores.