Ya habían hecho un acuerdo con José Mansur, dueño del lugar donde murieron los turistas nacidos en Venezuela. La Fiscalía de Estado detectó ese acuerdo.
Los familiares de los turistas venezolanos que murieron intoxicados con monóxido de carbono en enero de 2022 en un hotel de la calle San Juan quisieron cobrar doble indemnización por la pérdida de sus seres queridos, algo que fue rechazado por la Justicia de Mendoza, informaron fuentes.
El 9 de enero de 2022 Tilma Tovar Macuare (57 años) y Rodolfo Valentino González Tovar (23) fallecieron tras inhalar monóxido de carbono en una habitación del hotel Reina Victoria. Un menor de edad (5) sobrevivió a la tragedia.
Según los registros del 911, el joven de 23 años llamó al 911 y aseguró que tanto su mamá como su sobrino no se sentían bien. Desde el otro lado de la línea, lo asesoraron y le dijeron que se dirigieran al Hospital Central y al Notti, respectivamente, para que las personas pudiesen ser atendidas.
Luego de archivarse la causa en marzo de 2024 tras no poder comprobar cómo se había generado la falla, la familia accionó contra el Estado y reclamó una indemnización de $389.114.051,13. ¿Por qué reclamaban ese dinero? Porque aseguran que el 911 no asesoró a Valentino de la forma correcta y esto derivó, horas más tarde, en su muerte y la de su madre.
Pero la Fiscalía de Estado, en plena investigación, descubrió algo: los familiares de los turistas venezolanos que murieron en Mendoza en enero de 2022 ya había cobrado dinero de parte de José Mansur, el reconocido expresidente de Godoy Cruz Antonio Tomba, y la plataforma Airbnb (una suma cercana a los 135 mil dólares). Y, al momento de acordar eso, también firmaron una cláusula que les quitaba la posibilidad de reclamar ante cualquier otro organismo estatal o privado.
Esto fue prueba suficiente para que la Justicia de Mendoza, a través del Cuarto Tribunal de Gestión Asociada, concluyera que los ítems reclamos ya habían sido indemnizados y que los familiares de los turistas venezolanos, encima, tengan que afrontar los costos legales de todo el proceso.