- La fiscalía sostiene que el empresario suministró drogas y no asistió a la joven a tiempo antes de su caída fatal
- La joven de 26 años cayó de un sexto piso
Se complica la situación de Francisco Sáenz Valiente, el empresario señalado como responsable por la muerte de Emmily Rodrigues.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio oral de la causa en la que se investiga al empresario Francisco Sáenz Valiente por la muerte de Emmily Rodrigues Santos Gomes, la joven brasileña de 26 años que el 30 de marzo de 2023 cayó desde un sexto piso de un edificio del barrio porteño de Retiro.
El requerimiento fue presentado por la fiscalía interinamente a cargo de Alberto Adrián María Gentili y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), encabezada por Mariela Labozzetta. Para los fiscales, el acusado debe ser juzgado por suministro gratuito de estupefacientes y facilitación del lugar para su consumo, además de abandono de persona agravado por el resultado muerte.
Según la investigación, la madrugada del hecho Sáenz Valiente organizó un encuentro en su departamento junto a cuatro mujeres, entre ellas la víctima. Para la fiscalía, fue él quien proveyó drogas y puso el lugar para su consumo, en un contexto que describieron como sexualizado.
De acuerdo con los testimonios y peritajes, Rodrigues comenzó a presentar cerca de las 7 de la mañana una alteración psíquica evidente producto del consumo de estupefacientes. Pese a ese cuadro, la fiscalía sostiene que el empresario no solicitó asistencia médica de manera inmediata ni adoptó medidas para protegerla.
Recién pasadas las 9 de la mañana se realizaron llamados a emergencias, cuando la joven ya se encontraba en un estado de extrema excitación, gritos y desesperación que incluso fue advertido por vecinos del edificio. Minutos después, cayó al vacío desde una ventana del sexto piso y murió durante su traslado al Hospital Fernández.
"Las acciones de auxilio concretas realizadas por Francisco Sáenz Valiente fueron ejecutadas de manera tardía", remarcaron los fiscales, al considerar que la ayuda llegó cuando ya no era posible revertir el cuadro.
Aunque en una instancia anterior la Cámara había encuadrado el hecho como homicidio imprudente, el Ministerio Público Fiscal sostiene que la calificación correcta es abandono de persona.
Según explicaron, el imputado tenía una posición de garante, ya que creó y controló el escenario de riesgo al facilitar drogas y su domicilio. Para la fiscalía, cuando la joven perdió el control sobre sí misma, él tenía la obligación de actuar de forma rápida y eficaz para resguardar su vida, algo que, según la acusación, no ocurrió.
Los fiscales también remarcaron que el caso debe analizarse con perspectiva de género, al tratarse de la muerte violenta de una mujer en un contexto con componentes sexuales y de consumo de sustancias.
En ese sentido, señalaron que el proceso judicial deberá ajustarse a los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos de las mujeres, libres de estereotipos y prejuicios.
Con el pedido de elevación a juicio, será ahora un tribunal oral el que deba analizar las pruebas y determinar las responsabilidades penales en el caso.