- El plan de privatizaciones cuenta con el respaldo de la Ley Bases y el DNU 70/2023.
- El traspaso de IMPSA a un holding estadounidense abrió el camino.
La venta de Transener fue un paso clave para las privatizaciones de Milei.
El plan de privatizaciones del presidente Javier Milei se muestra su máxima expresión tras concretarse la entrega de Transener a una sociedad entre los holding de las familias Neuss y Brito. La matriz del Estado empresario se desfiguró en menos de tres años de la gestión libertaria.
Apoyándose en la Ley Bases N° 27.742 y el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, el gobierno puso en marcha el plan de desinversión más ambicioso desde el menemismo.
El área de la energía fue el epicentro de la política privatizadora en 2026. El caso de mayor trascendencia fue el traspaso del paquete accionario de Citelec, la controlante del 50% de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica de alta tensión, con más de 12.600 kilómetros de red y un EBITDA que supera los 200 millones de dólares anuales.
La adjudicación, finalizada en abril de 2026, recayó en el consorcio liderado por Edison Energia (de la familia Neuss) y Genneia (de la familia Brito), que presentó una propuesta de 356,1 millones de dólares. Sin embargo, el procedimiento estuvo marcado por una controversia que intensificó las críticas sobre la transparencia del portal Contrat.ar.
Mientras las ofertas de Central Puerto (301 millones) y Edenor (230 millones) se registraron de forma puntual a las 10:00 AM, la oferta ganadora se cargó en el sistema una hora y doce minutos después, atribuyéndose el retraso a una "falla del sistema informático". La falta de impugnaciones oficiales incrementó las suspicacias en el sector.
La política energética se complementó con la fragmentación de Enarsa en 15 unidades de negocio separadas y la reprivatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue por cerca de 700 millones de dólares a fines de 2025.
Fue una de las primeras víctimas del cambio de paradigma. IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.), la emblemática empresa mendocina de ingeniería de precisión que supo construir represas y turbinas eólicas para medio mundo, pasó a manos extranjeras el año pasado.
En febrero de 2025, IMPSA fue privatizada. El control pasó al consorcio estadounidense Industrial Acquisitions Fund LLC (IAF), una subsidiaria de la firma ARC Energy, con sede en Texas.
Esta adquisición, que convirtió a IAF en propietaria del 84,7% de las acciones (63,7% en manos del Estado Nacional y 21% de Mendoza), se constituyó en la primera privatización del gobierno de Javier Milei. El objetivo de la operación fue reestructurar la deuda de 576 millones de dólares de la empresa y reorientar su producción hacia el mercado externo.
El gobierno de Milei puso fin al esquema estatal centralizado en el transporte ferroviario de cargas. Belgrano Cargas y Logística S.A. fue sometida a una privatización integral bajo el esquema de "Open Access" (acceso abierto), que posibilita que múltiples operadores privados utilicen la misma infraestructura de red en competencia. Las concesiones para las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza se proyectaron a 50 años, un horizonte temporal diseñado para atraer grandes flujos de inversión.
En abril de 2026, se autorizó la venta de material rodante (locomotoras y vagones) obsoleto mientras se ultiman los pliegos definitivos, que han despertado el interés de empresas globales como Grupo México y agrupaciones locales de las principales compañías cerealeras (ACA, AGD, Bunge, Cargill, Dreyfus). Para facilitar el proceso, se eliminaron aranceles de importación para equipamiento ferroviario, reduciendo el desembolso de capital inicial de los nuevos concesionarios entre un 15% y un 25%.
La concesión de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) se considera el movimiento más delicado en términos de repercusión social. A través de la resolución 543 de abril de 2026, el Ministerio de Economía dio luz verde a los contratos de transferencia y concesión del 51% de las acciones en manos del Estado, con el objetivo de obtener aproximadamente 500 millones de dólares y ceder la responsabilidad operativa de un servicio esencial para millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires.
La duración de la concesión se estableció en 30 años, con un sistema de incentivos para la expansión de la infraestructura. No obstante, especialistas advierten que el criterio de rentabilidad empresarial podría impactar la calidad del servicio en zonas vulnerables, como la cuenca Matanza-Riachuelo, y resultar en importantes incrementos tarifarios. El gobierno analizó la posibilidad de entregar un 10% de las acciones a los empleados para mitigar la oposición sindical, una estrategia ya vista en las privatizaciones de los años noventa.
Una parte menos publicitada pero sumamente rentable fue la venta a gran escala de propiedades estatales. Entre las transacciones más relevantes se encuentra el traspaso de Av. de los Italianos 365 en Puerto Madero al Fideicomiso Madero por 634 millones de dólares, y el de Av. Cerviño 4820 en Palermo a Argencons/Consultatio por 21,2 millones. La concentración de las adquisiciones en desarrolladores como Consultatio (de Eduardo Costantini) e IRSA (de Elztein) sugiere una consolidación del mercado inmobiliario de lujo a costa de la reserva de tierras públicas.
Paralelamente, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, que posee tenencias minoritarias en las principales corporaciones del país, dejó de ser una herramienta de "blindaje de activos" para convertirse en una potencial fuente de liquidez. El ministro Luis Caputo evalúa la adquisición de carteras hipotecarias o el financiamiento directo a PYMES con la venta de las acciones de ANSES.
Actualmente, el FGS posee el 28,80% de Banco Macro, el 24% de Transportadora de Gas del Sur y el 27,77% de Edenor, entre otras participaciones. El FGS fue pensado como resguardo de los haberes de los futuros jubilados. Se constituyó con las liquidaciones de las AFJP.
Una novedad introducida en mayo de 2026 fue el nexo directo entre la desinversión estatal y el reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Mediante el Decreto 314/2026, el gobierno creó el Plan ARMA (Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino), que dispone que el 10% de la recaudación por privatizaciones se destinará al Ministerio de Defensa. Cuando los activos vendidos provienen directamente de las Fuerzas Armadas, el porcentaje crece al 70%.
El programa se desarrolla en un contexto de extrema fragilidad financiera. La deuda pública total superó los 483.830 millones de dólares en marzo de 2026, con una preocupante inclinación hacia obligaciones de corto plazo. El gobierno estima obtener al menos 2.000 millones de dólares de la venta de activos antes de fin de año para fortalecer las reservas del Banco Central.
No obstante, el costo social ha sido notable. El ajuste del gasto público nacional sumó una caída de 67.000 millones de dólares, afectando desproporcionadamente a las provincias.
La Rioja fue la que registró la mayor pérdida per cápita (1.742 dólares por habitante), llevando a los gobiernos locales a declarar estados de emergencia económica. La conflictividad laboral aumentó: de los 717 conflictos registrados hasta febrero de 2026, el 63,6% se debió a despidos masivos.
La justicia argentina propinó frenos significativos, como la suspensión de más de 80 artículos de la reforma laboral de Milei en marzo de 2026. La CGT y otros sindicatos mantienen una estrategia de apelación constante, poniendo en duda la constitucionalidad del uso de decretos de necesidad y urgencia. Para mayo de 2026, la aprobación presidencial se redujo al 35,5%, mientras que el rechazo subió al 63%, lo que limita el capital político para avanzar sobre los activos aún no enajenados.
La primera medida crucial se tomó en diciembre de 2023, cuando el DNU 70/2023, en su artículo 48, estableció la conversión obligatoria de todas las Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas. Según Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, esta medida trascendió lo administrativo: eliminó los fueros de derecho público que protegían a estas firmas de la quiebra y las alineó con los requisitos para la captación de inversión privada bajo estándares internacionales de gestión.
Posteriormente, la Ley 27.742 otorgó el aval legislativo necesario, aunque el catálogo inicial de empresas fue acortado tras negociaciones en el Senado, excluyendo temporalmente a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina de la enajenación total. No obstante, el texto final refrendó la potestad del Poder Ejecutivo para privatizar, concesionar o ceder participaciones en entidades consideradas estratégicas.
La administración de Javier Milei logró, en menos de tres años, desmantelar el entramado societario del Estado empresario que dominó Argentina por décadas. La conversión de empresas públicas en sociedades anónimas, la venta de Transener y la concesión de AySA establecen un nuevo paradigma que, según sus defensores, reducirá el déficit fiscal y atraerá capitales.
Para sus detractores, significa un retroceso en derechos sociales y una transferencia de patrimonio público al sector privado a valores de remate. El debate sobre la perdurabilidad de estas medidas, aseguradas con cláusulas de arbitraje internacional, recién se inicia.