-El gobierno de Mendoza aceleró las licitaciones viales que serán repagadas con peaje.
-El plan contempla desde rutas productivas hasta ingresos al centro.
La provincia avanza hacia la reinstalación del peaje en las rutas.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaEl Gobierno de Mendoza ha acelerado drásticamente el proceso de licitaciones viales, utilizando principalmente los fondos del Resarcimiento Económico (ex fondos Portezuelo) para el financiamiento. Esto implica que la era de la gratuidad absoluta en la circulación por las arterias principales de la provincia ha comenzado su cuenta regresiva.
El "modelo Mendoza" de gestión vial está a punto de dar un giro copernicano que, inevitablemente, repercutirá en la economía doméstica y empresarial de la provincia. Ante el retiro del Estado nacional de la obra pública y la insuficiencia de los recursos corrientes, el Gobierno provincial decidió avanzar con una estrategia pragmática pero espinosa: que el usuario pague por la ruta que transita.
El denominado Sistema de Repago de Obras no es otra cosa que la oficialización de un cambio de época: la infraestructura de calidad dejará de ser un derecho garantizado por los impuestos generales para convertirse en un servicio arancelado. Las rutas nacionales ya tuvieron ese sistema en la década del '90, con resultados olvidables.
La inyección inicial de capital provendrá de los fondos del resarcimiento económico (la antigua "plata de Portezuelo"). Sin embargo, la sustentabilidad del plan descansa sobre una apuesta arriesgada: la capacidad y voluntad de pago de los mendocinos en un escenario recesivo.
La primera etapa del plan se focaliza en el sur y el este mendocino, específicamente en las rutas que vertebran el transporte de cargas y la conexión interdepartamental. Las Rutas Provinciales 153 (Las Catitas - Monte Comán) y 171 (Monte Comán - Real del Padre) constituyen el primer ensayo de este modelo.
En estos tramos, la Dirección Provincial de Vialidad ha priorizado la rehabilitación integral del asfalto. La lógica oficial es clara: una vez finalizada la repavimentación, se activará el cobro. Para la Ruta 153, estratégica para el tránsito pesado que busca evitar el Gran Mendoza para dirigirse a la Patagonia, se prevé la instalación de estaciones de peaje tradicionales o mixtas hacia fines de 2026 o inicios de 2027. Lo recaudado en estas "rutas ganaderas" y comerciales no irá a rentas generales, sino a un fideicomiso específico destinado exclusivamente a la conservación de la calzada, intentando evitar el deterioro histórico que sufren estas vías por el paso de camiones.
El aspecto más complejo y visible del plan involucra al Gran Mendoza, donde el flujo vehicular se mide en decenas de miles de unidades diarias. Aquí, el Gobierno ha puesto el foco en el Acceso Sur (Ruta Nacional 40) y el Acceso Este (ex Ruta Nacional 7), tras acordar su intervención con Vialidad Nacional.
Para el Acceso Sur, cuya licitación para la construcción de una tercera trocha acaba de formalizase, el esquema de cobro descarta las cabinas tradicionales que generarían un caos logístico. La apuesta es tecnológica: se implementará el sistema Free Flow (flujo libre). A través de pórticos equipados con cámaras lectoras de patentes y dispositivos de telepeaje, los vehículos serán identificados sin necesidad de detenerse ni reducir la velocidad.
El cobro en estos accesos tiene una condición sine qua non: solo se aplicará una vez que la obra de ampliación esté terminada. Es decir, el usuario comenzará a pagar por el servicio de una autopista modernizada, estimativamente a partir de 2027. Este enfoque busca mitigar el costo político de la medida, asociando directamente la tarifa a una mejora tangible en la experiencia de manejo y la seguridad.
El plan contempla una arista tributaria para obras donde el peaje físico es inviable o contraproducente, como es el caso de la nueva autovía de la Ruta Provincial 82 (Panamericana). Para evitar entorpecer el tránsito turístico y residencial hacia Cacheuta, el Ejecutivo ha optado por la herramienta de la contribución por mejoras.
En lugar de una barrera, los propietarios de inmuebles frentistas y de la zona de influencia directa —cuyas propiedades han visto incrementado su valor de mercado gracias a la nueva infraestructura— verán reflejado el costo de la obra en un ítem adicional del Impuesto Inmobiliario.
En los despachos de Casa de Gobierno subrayan que el espíritu de la medida no es recaudatorio per se, sino de supervivencia de la red vial. El dinero inyectado inicialmente por la Provincia para estas obras debe retornar a las arcas públicas para volver a ser invertido en otros caminos degradados.
Con este esquema, Mendoza intenta blindarse ante la volatilidad económica nacional, estableciendo un circuito financiero propio donde el usuario, sea transportista o particular, asume el rol de financiador directo del mantenimiento de las rutas que transita. El éxito del modelo dependerá, en última instancia, de la eficiencia en la ejecución de las obras prometidas y de la transparencia en la administración de los fondos recuperados.