-Sturzenegger es apuntado por un contrato de millonario con la empresa que dirige su esposa
-La denuncia investiga presunta omisión y falta de transparencia
Sturzenegger fue denunciado penalmente, pero Milei salió a bancarlo
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, enfrenta una compleja situación judicial tras ser denunciado penalmente. La denuncia surge a raíz de una investigación que reveló la contratación de la AACI, dirigida por María Josefina Rouillet, cónyuge del ministro, por un monto de $114.044.133.
La presentación, radicada ante la Cámara Criminal y Correccional Federal, señala que el Gobierno habría omitido publicar en la web de la Oficina Anticorrupción (OA) la declaración jurada de intereses obligatoria para casos de vínculos familiares, según lo estipula el Decreto 202/2017.
A pesar de que la Disposición 21/2026 de la Cancillería reconoció explícitamente el "vínculo positivo" entre Rouillet y Sturzenegger y activó protocolos de integridad, los denunciantes sostienen que, al 15 de febrero de 2026, el caso no figuraba en el buscador público de la OA. Por este motivo, solicitan investigar los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
El contrato, enmarcado en el Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027, prevé clases de inglés para 132 empleados y diplomáticos. Sin embargo, la polémica no solo radica en el lazo familiar, sino en los valores presupuestados. La investigación periodística comprobó que el Estado abonará aproximadamente $191.993 por cada hora de clase, una cifra que triplica los valores máximos salariales del mercado docente actual.
Ante el revuelo político, el presidente Javier Milei salió al cruce para blindar a su ministro. A través de sus redes sociales, el mandatario respaldó un mensaje del canciller Pablo Quirno, quien negó cualquier tipo de anomalía.
"No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario", afirmó Quirno, argumentando que la Cancillería contrata a la AACI desde 2018. Según el funcionario, el hecho de que la esposa de Sturzenegger sea la Directora Ejecutiva de la entidad motivó la intervención de la SIGEN y la OA, quienes habrían revisado y avalado todo el proceso bajo un "Pacto de Integridad".
Los denunciantes también solicitaron que se rastree un contrato previo de 2024 entre las mismas partes para verificar si existieron actualizaciones de las declaraciones juradas en aquel entonces.
Mientras el Gobierno defiende la "modernización" y la legalidad del proceso, la justicia deberá determinar si la falta de publicación en los registros de transparencia constituye un delito o una falla administrativa en medio de una gestión que ha hecho de la austeridad y la lucha contra la "casta" su principal bandera política.