La Policía de Mendoza detuvo en la noche de este miércoles al menos a ocho manifestantes durante una movilización contra la reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el presidente Javier Milei, que busca habilitar la actividad minera en reservorios de agua hasta ahora protegidos. Todos fueron llevados al complejo Estrada, en el Polo Judicial, y a primera hora de este jueves aún no se conocían las imputaciones que se les endilga. Las actuaciones judiciales de los detenidos están a cargo del fiscal Fernando Giunta.
La protesta comenzó a las 19 con un “ruidazo” en el KM0, uno de los puntos donde vecinos y asambleístas se convocaron para manifestarse en defensa de los glaciares. También hubo protestas en el Valle de Uco y el Sur. Tras la primera concentración se desplazaron por las calles céntricas con la clásica bandera "No a la minera San Jorge", aunque su avance fue constantemente limitado por un fuerte operativo de seguridad que bloqueaba accesos a arterias clave como Belgrano y Las Heras.
El documento de las Asambleas
Hacia las 21, las Asambleas por el Agua leyeron un documento consensuado en el que expresaron su rechazo al avance del lobby minero sobre los glaciares. Mendoza fue pionera en ese sentido con un protocolo impulsado por el Gobierno que habilita a las empresas extractivistas a operar en zonas periglaciares.
La Asamblea por el Agua difundió en sus redes la lista de los apresados: Leandro Cid, Luis Mauricio Abatte, Federico Julián Echevarria, Pablo Rámirez Perez, Nahuel Rodríguez, Leandro Ezequiel Ruiz, Hueique Lautaro Rodríguez, Nahuel Braian Basualdo y Mario Lara.
Presentaron un amparo
Este jueves los abogados defensores denunciaron que se les negó el acceso a los detenidos. “Estuvimos hasta las 3 de la mañana intentando ingresar y nos negaron la posibilidad, lo que es grave. Hemos interpuesto un amparo y estamos esperando la hora de audiencia. También vamos a presentar denuncias por esta situación”, señaló uno de los letrados consultados por este diario.
La protesta refleja la creciente tensión entre sectores sociales que defienden el agua como bien común y el gobierno nacional y provincial, que busca flexibilizar la normativa ambiental para favorecer la actividad minera. En Mendoza, tierra históricamente movilizada por la defensa de sus recursos naturales, el conflicto parece seguir escalando.
