Analizan estrategias para frenar el acceso de menores al juego ilegal. En Mendoza, se buscan normas más estrictas y mayor control.
“Las plataformas pueden detectar si un usuario es un niño o adolescente, y sin embargo no lo bloquean", explicó el jefe de fiscales de Mendoza.
El consumo digital problemático entre niños y adolescentes, especialmente el acceso al juego online ilegal, se coló en la agenda legislativa de Mendoza. Legisladores y el jefe de Fiscales, Alejandro Iturbide, encabezaron una reunión para articular estrategias que refuercen el marco normativo y garanticen una protección efectiva para los niños y adolescentes frente a los entornos digitales inseguros.
Durante el encuentro conjunto de las comisiones de Salud del Senado y Diputados, encabezado por la senadora Claudia Najul y el diputado Daniel Llaver, se abordó con preocupación la proliferación de apuestas ilegales en plataformas digitales. Alejandro Iturbide, jefe de Fiscales de la Fiscalía de Delitos Económicos, brindó un diagnóstico claro: la mayoría de las denuncias vinculadas al juego ilegal provienen del Instituto de Juegos y Casinos, y no del Ministerio Público Fiscal.
“El acceso de menores a plataformas ilegales es una realidad preocupante. En muchos casos utilizan tarjetas de crédito de sus padres, y las plataformas no sólo lo permiten, sino que poseen tecnología suficiente para saber que se trata de un niño”, remarcó Iturbide.
También señaló que “la Ley provincial vigente desde 2020 asigna el control del juego online al Instituto de Juegos y Casinos”, pero enfatizó que el rol del Poder Judicial en la investigación y la sanción de estas prácticas es clave para generar disuasión.
Uno de los temas más sensibles abordados fue la falta de cooperación de algunas plataformas digitales. Iturbide propuso que, al igual que sucede con el convenio internacional con el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que obliga a las empresas tecnológicas a denunciar contenidos de abuso infantil, se debería implementar un sistema similar para reportar accesos de menores a sitios de juego ilegal.
“Las plataformas pueden detectar si un usuario es menor, y sin embargo no lo bloquean. Se necesita una normativa que los obligue a actuar y a reportar esos casos”, sostuvo el fiscal. También informó que a nivel nacional existe un proyecto de ley que propone agravar las penas cuando se compruebe que hubo juego con menores.
Además, se detallaron acuerdos vigentes con ALEA y ENACOM para bloquear sitios ilegales en plazos de 48 a 72 horas. “Hoy contamos con mecanismos eficaces para actuar rápidamente ante la detección de perfiles ilegales en redes sociales o páginas web”, señaló.
La Fiscalía también trabaja en mejorar los formularios de denuncias digitales. “Recibimos reportes muy escuetos, por eso estamos ajustando el sistema para que la información sea más completa desde el inicio y agilice la investigación”, explicó Iturbide.
Otro de los puntos claves de la exposición fue la necesidad de abordar la problemática desde un enfoque interdisciplinario. “Debe involucrarse activamente a la Dirección General de Escuelas en campañas de concientización, porque muchos menores desconocen los riesgos o los límites legales”, advirtió el fiscal.
Durante la reunión, los legisladores también consultaron sobre las técnicas forenses y digitales utilizadas. Iturbide explicó que se recurre a la geolocalización de IP, análisis de redes sociales, allanamientos y pericias digitales. En varias provincias, estos procedimientos permitieron avanzar hasta la desarticulación de redes clandestinas.
Sin embargo, admitió que “la mayoría de las plataformas operan desde otras jurisdicciones o incluso desde el exterior”, lo que complica las investigaciones. Aun así, aseguró que “si el delito afecta a ciudadanos mendocinos, corresponde avanzar desde la justicia local”.
Finalmente, reconoció que no existen estadísticas oficiales sobre cuántos menores participan en estas plataformas, pero estimó que la cifra puede ser significativa, dada la alta penetración del juego online clandestino.
La reunión cerró con el compromiso de los legisladores y el Ministerio Público Fiscal de continuar avanzando en acciones conjuntas para enfrentar esta problemática. Claudia Najul y Daniel Llaver destacaron la importancia de legislar con una mirada preventiva, mientras que Iturbide insistió en la necesidad de “normas que estén a la altura de los desafíos digitales que enfrentan hoy nuestras infancias”.