El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger defendió la eliminación del aporte obligatorio a COVIAR. Hebe Casado y el Gobierno festejó la decisión.
Federico Sturzenegger defendió la resolución que impacta en la industria del vino.
El Gobierno nacional oficializó la eliminación del aporte obligatorio que financiaba a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), una decisión que abre un fuerte debate en el corazón de la industria vitivinícola. El anuncio fue impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien defendió la medida con duros cuestionamientos al esquema vigente desde 2004.
“Eliminaron un impuesto que el Estado había regalado a privados”, sostuvo el funcionario al explicar el alcance de la resolución que pone fin a más de dos décadas de contribuciones obligatorias por parte de bodegas y productores. Según detalló, estos aportes se cobraban en distintas etapas del proceso productivo —elaboración, embotellado y comercialización— pero no se destinaban al financiamiento estatal, sino a una entidad privada encargada de ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI).
La COVIAR fue creada por la Ley 25.849 con el objetivo de implementar políticas de desarrollo sectorial y posicionar al vino argentino en los mercados internacionales. Sin embargo, Sturzenegger afirmó que, a más de 20 años de su puesta en marcha, los resultados quedaron lejos de las metas planteadas. Entre ellas, alcanzar exportaciones por USD 2.000 millones anuales y lograr el 10% del comercio mundial de vinos.
“El balance es claro: las exportaciones nunca llegaron a esos niveles y la participación argentina sigue por debajo del 2,5% ”, aseguró el ministro. En ese marco, indicó que entre 2004 y 2025 el sector aportó alrededor de USD 300 millones para sostener un esquema que, según su visión, “no mejoró la competitividad, sino que la redujo”.
El funcionario también cuestionó la continuidad del plan más allá de su horizonte original. Según explicó, el PEVI tenía como plazo el año 2020 y su actualización posterior —denominada PEVI 2030— fue aprobada por el propio directorio de la corporación sin intervención del Poder Ejecutivo, lo que, a su entender, carecía de validez legal.
La eliminación del aporte se formalizó a través de una resolución de la Secretaría de Agricultura, a cargo de Sergio Iraeta, que declara cumplido el plazo del plan y pone fin a las contribuciones obligatorias previstas por la ley. La medida no implica la disolución de la COVIAR, que podrá continuar funcionando con financiamiento voluntario de sus miembros.
Sturzenegger enmarcó la decisión dentro de la política del presidente Javier Milei de eliminar “privilegios creados por ley” y reducir la intervención estatal en la economía. “Si una entidad aporta valor, será sostenida libremente por el sector. Lo contrario es un esquema coercitivo ”, planteó.
Además, el ministro vinculó esta resolución con otras medidas recientes orientadas a desregular la actividad vitivinícola, como la simplificación de controles y la reducción de cargas administrativas. “La industria sabe lo que tiene que hacer; lo único que necesitaba era que la dejaran trabajar”, afirmó.
"Esta resolución fue el producto de un trabajo de un enorme equipo. Debo confesar que la idea original me la pasó un productor mediano de Mendoza, Carlos Clement, que un día me preguntó porque seguía COVIAR si tenía mandato vencido. Ahí nos pusimos a investigar y encontramos lo que mencionamos arriba: que, efectivamente, el mandato estaba vencido y nunca había sido prorrogado. En realidad, COVIAR estaba cobrando en la ilegalidad. Gracias a Carlos por orientarnos", finalizó.