-Después de que Cornejo centrara en la minería su discurso, el gobierno entregó su balance minero
-Presenta contrastes con miradas menos optimistas
La marcha de la minería de Alfredo Cornejo, clave para el gobierno.
Santiago TaguaLa minería muestra una crónica de tensiones sociales, marchas multitudinarias y un candado legislativo que parecía inexpugnable. Sin embargo, el balance que realiza el gobierno de Alfredo Cornejo describe un escenario radicalmente distinto. La visión del gobierno se enfrenta a la de ambientalistas y asambleístas, como de una mirada más equilibrada de la conflictiva iniciativa.
El gobierno evaluó el último fin de semana que la provincia ha logrado consolidar un "modelo de minería sostenible" que combina control estatal, transparencia digital y una reactivación sin precedentes del sector, todo bajo el estricto cumplimiento de la Ley 7722. Cornejo centró el informe a la Asamblea Legislativa del 1° de mayo en la minería y el petróleo.
Desde el cuarto piso de la Casa de Gobierno, el mensaje es de optimismo técnico. El balance oficial destaca la existencia de más de 250 proyectos de minería de tercera categoría (canteras y áridos) y de exploración metalífera en desarrollo. El eje central de esta gestión ha sido la reforma del Código de Procedimientos Mineros, una herramienta que buscó desburocratizar la adjudicación de áreas y combatir la "especulación inmobiliaria" de quienes retenían concesiones sin realizar inversiones.
Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente, ha sido tajante al respecto: "La minería puede ser uno de los grandes motores del crecimiento económico argentino, junto al campo y la energía. Empiezan a sinergizarse las economías regionales en torno a esta industria pujante, que no sustituye, sino que complementa".
El oficialismo hace hincapié en la creación de la Policía Ambiental Minera y la implementación de guías de transporte con tecnología QR, buscando dotar a la actividad de una trazabilidad que mitigue la histórica desconfianza de la ciudadanía. La estrategia política de Cornejo ha sido clara: avanzar en Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), una zona con probada vocación territorial para la actividad, evitando el choque frontal en los valles agrícolas del norte y centro de la provincia.
Para los analistas y sectores productivos intermedios, el balance es de un "avance prudente". Una lectura equilibrada entre los extremos: el plan de Cornejo versus el rechazo ambiental, sostiene que no se puede ignorar que Mendoza necesita diversificar su matriz productiva, asfixiada por la crisis de la vitivinicultura y la escasez de crédito. No obstante, el entusiasmo oficial choca a veces con la rigurosidad que exigen los organismos técnicos.
A principios de 2025, un informe de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la Universidad Nacional de Cuyo puso un freno a la euforia gubernamental. El dictamen destacó "graves deficiencias e inconsistencias" en los estudios de impacto ambiental del plan MDMO. Este tipo de intervenciones académicas actúan como un contrapeso necesario.
La visión equilibrada sugiere que, si bien el gobierno ha logrado "sacar el tema del tabú", la implementación real en el territorio enfrentará obstáculos logísticos y ambientales, como la presencia de glaciares y áreas naturales protegidas que no siempre están debidamente mapeadas en los expedientes iniciales.
Desde las asambleas por el agua y sectores de la oposición, el balance es negativo. Para estos grupos, el "modelo sostenible" es un eslogan de marketing que encubre la vulneración del espíritu de la Ley 7722. Argumentan que el avance masivo de declaraciones de impacto ambiental (DIA) impide un control pormenorizado de cada proyecto.
Ambientalistas denuncian que la minería en Mendoza está encontrando formas de eludir la normativa mediante la fragmentación de proyectos. "La Ley 7722 fue un avance fundamental para proteger los recursos hídricos. Sin embargo, las autoridades están dispuestas a utilizar todos los recursos para imponer un modelo extractivista que pone en peligro el futuro", reza una de las proclamas de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP).
La principal preocupación radica en el uso del agua. En una provincia que atraviesa su mayor sequía histórica, la competencia por el recurso entre la agricultura y la minería se percibe como una batalla desigual donde el pequeño productor lleva las de perder.
Las motivaciones del Ejecutivo son esencialmente fiscales y macroeconómicas. Mendoza ha perdido peso relativo en el Producto Bruto Geográfico (PBG) frente a provincias vecinas como San Juan o Neuquén, que han aprovechado la minería y el petróleo (Vaca Muerta), respectivamente. El proyecto Potasio Río Colorado y la mina de cobre Hierro Indio son las naves insignias con las que el gobierno busca demostrar que la minería "es posible".
Sin embargo, las implicancias van más allá de lo económico. Está en juego la gobernabilidad y el ordenamiento territorial. Si el gobierno logra que los primeros proyectos de exploración pasen a fase de explotación sin incidentes ambientales, habrá roto un estigma de dos décadas. Si, por el contrario, surge un solo evento de contaminación o un uso excesivo de agua en zonas críticas, el "modelo sostenible" podría colapsar como un castillo de naipes, reavivando el conflicto social en las calles.
El balance de la marcha del plan minero de Mendoza muestra un gobierno que ha pasado de la defensiva a la ofensiva administrativa. Con herramientas digitales y una retórica de "transparencia", Cornejo ha logrado reactivar expedientes dormidos. Pero la verdadera prueba de fuego no estará en los códigos QR ni en las gacetillas de prensa, sino en la profundidad de los cerros de Malargüe, donde la naturaleza y la técnica deberán demostrar si realmente pueden convivir en una provincia que vive, literalmente, de su escasa agua.