¿Cuándo consolidó su dominio en Mendoza? ¿Cómo logró desplazar a la marginalidad electoral al PJ y subordinar a los organismos de control y a la Justicia?
Alfredo Cornejo asumió la gobernación en 2015 por primera vez. Construyó el mayor aparato de poder conocido en la provincia.
Alfredo Cornejo, gobernador por segundo mandato no consecutivo, ha diseñado, ejecutado y consolidado una estructura hegemónica aparentemente imbatible bajo el sello del Frente Cambia Mendoza. Es el dirigente que logró alterar la morfología del poder provincial hasta concentrar resortes institucionales inéditos en una carrera de un cuarto de siglo en las ligas mayores de la política mendocina.
Nació el 20 de marzo de 1962, en Eugenio Bustos, San Carlos, Valle de Uco. Sus padres fueron Carlos Cornejo y Ramona Neila, dueños de un almacén que el ahora gobernador supo atender en su adolescencia, mientras cursaba la secundaria en el Colegio San Juan Bosco, de los hermanos Salesianos. Al final de esa etapa, estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional de Cuyo. Se casó con Lucía Panocchia, con quien tuvo dos hijos. Se divorció.
Desde el retorno a la democracia, en diciembre de 1983, Mendoza se caracterizó por una estricta alternancia institucional y una cláusula constitucional que prohíbe la reelección consecutiva del gobernador. Cornejo fue el primer dirigente en llegar dos veces alternadas al máximo cargo político provincial.
En la administración del contraste entre el "orden del Estado", proclamado por el líder radical, y los datos de la economía mendocina se explica gran parte de la estrategia que desplegó hasta conseguir la mayor acumulación de poder vista en la provincia.
¿Cuándo consolidó su dominio? ¿Cómo logró desplazar a la marginalidad electoral al peronismo, a la vez que subordinó a los organismos de control y al Poder Judicial? ¿Dónde radican las fallas de su gestión? ¿Por qué tambaleó en 2025 su reinado en la arena proselitista? Las respuestas a los interrogantes tomarán forma a medida que se avance en la biografía política del primer dirigente en acceder dos veces a la gobernación.
Cuando caía la dictadura, hacia finales de 1983, el sancarlino se preparaba para empezar la Universidad. Además del título de grado, Cornejo acumuló un capital político extraordinario en su paso por la facultad de Ciencias Políticas y Sociales, merced a su exitosa militancia en la Franja Morada iniciada en coincidencia con el ingreso a la UNCuyo.
“Viví los mejores momentos de la democracia en mi época de estudiante, desde el ’83 al ’89”, recordó el gobernador el 19 de junio de 2017, durante su primer mandato, cuando la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales lo premió como ex estudiante destacado en la celebración del primer medio siglo desde su fundación.
En el cemento de la facultad de Sociales, Cornejo forjó su estilo de conducción: pragmático, verticalista y enfocado en la construcción de mayorías automáticas. Ahí nomás de la obtención del título de grado con el que se despidió de la presidencia de la Federación Universitaria de Cuyo saltó a las ligas mayores de la provincia.
Su salto a la administración pública provincial se consolidó bajo las gobernaciones de Roberto Iglesias (1999-2003) y Julio Cobos (2003-2007), donde ocupó ministerios clave, incluyendo la cartera de Seguridad y Gobierno.
Durante la gestión provincial de Julio Cobos, Cornejo fue el principal operador político del proyecto cobista que derivaría en la Concertación, la alianza con Néstor Kirchner para las elecciones presidenciales de 2007.
El verdadero laboratorio de su modelo de gestión fue la Municipalidad de Godoy Cruz. Como intendente durante dos períodos (2007-2015), Cornejo aplicó un esquema de férreo control del gasto público local, tercerización de servicios y una administración enfocada en la obra pública visible. Desde ese bastión departamental, y tras la crisis financiera e institucional que atravesó el Partido Justicialista (PJ) bajo la gestión del exgobernador Francisco "Paco" Pérez —quien finalizó su mandato en 2015 sin poder pagar los sueldos estatales en tiempo y forma—, Cornejo proyectó su asalto a la gobernación.
El qué y el cómo de la hegemonía cornejista se explican a través de la conformación del Frente Cambia Mendoza en el año 2015. Cornejo comprendió que la Unión Cívica Radical (UCR) por sí sola no garantizaba la victoria ni la gobernabilidad. Actuando como un arquitecto electoral, aglutinó a fuerzas diametralmente opuestas: desde el PRO y el conservador Partido Demócrata (PD), hasta el socialismo y Libres del Sur.
La coalición fue diseñada con un objetivo primordial: pulverizar al peronismo y obtener mayorías legislativas. Al asumir la gobernación en diciembre de 2015, Cornejo declaró la emergencia administrativa y financiera. Con el argumento irrefutable del déficit heredado del justicialismo, logró que la Legislatura Provincial le aprobara herramientas excepcionales de endeudamiento y reestructuración del Estado.
El diseño del poder cornejista no se limitó a la contabilidad gubernamental; apuntó a desarticular a los actores políticos y sindicales con capacidad de veto. El caso más emblemático fue el ámbito educativo. En 2016, mediante un decreto posteriormente ratificado por ley, Cornejo impuso el Ítem Aula, un adicional salarial que representaba el 10% de la asignación de clase y que solo cobraban los docentes que no faltaran más de tres días al mes. Los datos oficiales mostraron una drástica reducción del ausentismo docente, pero el costo fue la precarización del salario básico y la neutralización del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), cuyas huelgas perdieron acatamiento ante el temor al descuento salarial.
En el plano institucional, Cornejo avanzó sobre el sistema penal y el Poder Judicial. Argumentando la necesidad de agilizar la Justicia y combatir la inseguridad, impulsó reformas al Código Procesal Penal que endurecieron las prisiones preventivas. Pero la verdadera intervención fue en la cúpula judicial.
Cornejo promovió a Alejandro Gullé como titular de la Procuración General de la Suprema Corte, centralizando el control sobre los fiscales provinciales. Posteriormente, aprovechando vacantes y jubilaciones, logró designar a ministros de su estricta confianza política en la Suprema Corte de Justicia, como José Valerio y su exministro de Gobierno, Dalmiro Garay.
Las estadísticas del Ministerio Público Fiscal desde entonces muestran celeridad en las causas contra exfuncionarios opositores (como las condenas a los exintendentes Luis Lobos y Sergio Salgado), contrastando con el letargo o archivo de expedientes que involucran a funcionarios de Cambia Mendoza.
Desde el recambio de gobierno en diciembre de 2015, cuando Alfredo Cornejo asumió la gobernación sucediendo a "Paco" Pérez, Mendoza experimentó una serie de cambios significativos en su estructura institucional y judicial. Esta etapa coincidió con el avance y la resolución de diversas causas penales contra exfuncionarios e intendentes vinculados al peronismo.
La incidencia de Cornejo en este proceso es objeto de un profundo debate político. Mientras un sector lo interpreta como el restablecimiento del orden institucional y el fin de la impunidad, otro lo califica como un proceso de instrumentalización de la Justicia para la persecución política.
Al asumir en 2015, Cornejo planteó como eje central de su gobierno el concepto de "orden", lo cual incluía agilizar los procesos judiciales y modificar el funcionamiento del sistema penal. Su incidencia en el avance de las causas no se dio a través de órdenes directas a los jueces (lo cual violaría la división de poderes), sino mediante una fuerte reestructuración institucional y legislativa:
Reforma del Ministerio Público Fiscal: una de las medidas más destacadas fue el impulso de Alejandro Gullé como Procurador General de la Corte (jefe de los fiscales). El abogado fue parte de los equipos técnicos que trabajaron con Cornejo en la campaña 2015.
Renovación en la Suprema Corte: durante sus mandatos, Cornejo logró nombrar a ministros en la Suprema Corte de Justicia provincial (como José Valerio y Dalmiro Garay), modificando las mayorías internas del máximo tribunal.
Modificaciones procesales: se impulsaron leyes para endurecer las prisiones preventivas, agilizar los juicios orales y limitar los recursos de apelación que dilataban las causas complejas.
El avance de estas reformas coincidió con el procesamiento, juicio y, en algunos casos, condena y encarcelamiento de figuras políticas de peso dentro del Partido Justicialista mendocino. Los casos más resonantes fueron:
Luis Lobos (Exintendente de Guaymallén): Fue destituido e investigado por múltiples casos de corrupción. Finalmente, fue condenado y encarcelado por enriquecimiento ilícito y fraude a la administración pública. Fue el primer exintendente mendocino en ir a la cárcel por corrupción.
Sergio Salgado (Exintendente de Santa Rosa): Fue condenado por peculado, administración fraudulenta y emisión de cheques sin fondos, cumpliendo condena en prisión.
Exfuncionarios provinciales: Se abrieron diversas investigaciones por irregularidades administrativas y enriquecimiento contra exfuncionarios de las gestiones de los gobernadores justicialistas Celso Jaque (2007-2011) y Francisco Pérez (2011-2015).
Impedido por la Constitución Provincial para ser reelecto en 2019, Cornejo impuso como candidato oficialista al ex intendente de la Capital, Rodolfo Suárez, garantizando la continuidad del modelo y, como quedó demostrado, el camino para el retorno al sillón de San Martín en 2023.
Durante esos cuatro años, Cornejo se trasladó al Congreso de la Nación (primero como diputado, luego como senador) y asumió la presidencia del Comité Nacional de la UCR. Desde Buenos Aires, mantuvo el control absoluto sobre el gabinete de Suárez y las decisiones estratégicas de la provincia.
El punto de máxima tensión en su coalición ocurrió en 2023, cuando el dirigente del PRO, Omar De Marchi, denunció la asfixia institucional y la falta de diálogo interno, rompiendo Cambia Mendoza para formar La Unión Mendocina. A pesar de la fractura, la maquinaria electoral radical, sostenida por el control del aparato estatal y el apoyo de la mayoría de los intendentes, le permitió a Cornejo ganar nuevamente la gobernación en septiembre de 2023. Se convirtió así en el primer dirigente en la historia moderna de Mendoza en gobernar la provincia en dos ocasiones.
En la biografía política de Alfredo Cornejo reluce el contraste del éxito de su ingeniería electoral con los datos duros de la economía mendocina. Si bien el gobierno logró consolidar el superávit fiscal y ordenar las cuentas públicas, los indicadores socioeconómicos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) revelan una provincia empobrecida y estancada.
La matriz productiva de Mendoza no ha logrado diversificarse en la última década. El fracaso en la concreción de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento —obra que contaba con fondos nacionales garantizados pero que naufragó en la discusión con la nación. Asimismo, el intento de Rodolfo Suárez en 2019 (bajo el aval de Cornejo) de modificar la Ley 7722 para habilitar la megaminería derivó en un estallido social que obligó al gobierno a retroceder, clausurando esa vía de inversión.
El impacto de este estancamiento se refleja directamente en los salarios y la calidad de vida. Los datos del Ministerio de Trabajo de la Nación ubican recurrentemente a los salarios del sector privado de Mendoza por debajo del promedio nacional, superados por provincias vecinas. En el sector público, las paritarias a la baja frente a la inflación han provocado una fuga de profesionales, particularmente en el sistema de Salud Pública, hacia otras provincias o a Chile buscando mejor remuneración.
A nivel social, la pobreza estructural en el Gran Mendoza ha crecido de manera sostenida, alineándose -y a veces superando- los dramáticos promedios nacionales medidos por el INDEC. El "orden" macroeconómico provincial se ha sostenido sobre la base de la compresión salarial y la reducción en la infraestructura social.