-"Cumpliendo con lo que habíamos anunciado, hoy firmé el proyecto", ratificó Cornejo.
-El debate por la autonomía municipal recién empieza. Múltiples ribetes.
Alfredo Cornejo firma el proyecto de enmienda de la Constitución Provincial.
En lo que se perfila como una de las batallas políticas e institucionales más relevantes del año en Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo ha movido sus fichas con una celeridad que sorprendió a propios y extraños. Este miércoles firmó la enmienda a la Constitución Provincial para voltear la Convencional de San Rafael y prohibir nuevos tributos municipales.
A través de una declaración oficial, el mandatario provincial dio a conocer la concreción de esta medida, que responde a un viejo reclamo institucional en la provincia. "Cumpliendo con lo que habíamos anunciado, hoy firmé, como máxima autoridad del Poder Ejecutivo, el proyecto de enmienda de la Constitución Provincial", sostuvo Cornejo.
Esta reforma estructural busca impactar directamente en la administración, las facultades y el desarrollo de los 18 departamentos mendocinos, otorgándoles un nuevo estatus jurídico que les permitiría dictar sus propias cartas orgánicas, aunque con limitaciones que actualmente no existen. Tras la rúbrica del documento por parte del jefe del Estado provincial, el foco de atención se traslada de forma directa al ámbito parlamentario. El propio Gobernador confirmó que, respetando estrictamente los canales legales correspondientes, "la iniciativa fue remitida a la Legislatura para su tratamiento".
A partir de las próximas sesiones, el debate recaerá sobre los legisladores provinciales, quienes tendrán la tarea de analizar y someter a votación el texto en ambas cámaras. En ese ámbito, entre su fuerza propia y la de sus aliados, Cornejo no debería tener problemas para avanzar con la reforma. Resta develar si los aliados se alinean a sus planes como hasta ahora.
La firma y posterior envío a la Legislatura del proyecto de enmienda de la Constitución Provincial para establecer de manera expresa la autonomía municipal en los 18 departamentos no es un mero acto de actualización doctrinaria. La iniciativa del Poder Ejecutivo tiene una motivación clara y urgente: frenar el avance unilateral del peronismo en el sur provincial. Cornejo la promocionará como el cerrojo a nuevos tributos municipales.
El origen de esta fuerte contienda institucional tiene nombre, apellido y territorio. La decisión de Cornejo se gestó como una respuesta directa a la maniobra impulsada por los hermanos Omar Félix, actual intendente de San Rafael, y su predecesor, Emir Félix. A principios de año, la comuna sureña pateó el tablero político provincial al sancionar, a través de su Concejo Deliberante, una ordenanza que convoca a la elección de convencionales para redactar su propia y exclusiva Carta Orgánica. Este acto de rebeldía institucional encendió las alarmas de inmediato en el Barrio Cívico, al interpretar que la jurisdicción administrada por el justicialismo intentaba independizarse de las normativas provinciales vigentes sin esperar una reforma general armónica.
Para el Gobierno Provincial, la avanzada sanrafaelina no sólo carece de solidez jurídica, sino que sienta un precedente sumamente peligroso de fragmentación estatal. Es por ello que, en paralelo al inminente debate legislativo, los asesores legales de la Casa de Gobierno preparan el terreno para recurrir ante la Suprema Corte de Justicia con el objetivo de frenar judicialmente el proceso constituyente de San Rafael. La estrategia de Cornejo es clara: liderar el proceso histórico de descentralización, pero bajo reglas estrictas dictadas desde el sillón de San Martín.
El aspecto más espinoso y trascendental de la enmienda enviada a la Casa de las Leyes es el económico. Detrás de la bandera de la libertad administrativa comunal, el proyecto esconde un verdadero "corralito tributario".
La intención primaria del Gobernador es evitar que la anhelada independencia financiera degenere en una desmedida voracidad fiscal por parte de los caciques departamentales. El texto oficial prohíbe de manera terminante y absoluta que los municipios puedan sancionar ordenanzas para la creación de nuevos impuestos.
La norma circunscribe la capacidad de recaudación de las municipalidades exclusivamente al cobro de tasas o contribuciones de mejoras. Éstas deberán tener, obligatoriamente, una contraprestación directa, efectiva e individualizada de un servicio público real, como puede ser el alumbrado, el barrido o el mantenimiento de los caminos.