-La Junta Electoral es presidido por el titular de la Corte, el cornejista Dalmiro Garay.
-Está en sus manos la activación o no de la Convención sanrafaelina.
La Junta Electoral Provincial es clave en la pelea por autonomía.
La Junta Electoral Provincial se reunirá este lunes con un temario ajeno a la guerra política del momento en la provincia declarada por Alfredo Cornejo a los hermanos Omar y Emir Félix, líderes territoriales del PJ en el Sur. En la agenda de la Junta no está la Convención Constituyente de San Rafael.
El órgano electoral es presidido por el presidente de la Corte, el cornejista Dalmiro Garay. Fuentes consultadas por El Editor confirmaron que la convocatoria a una nueva reunión de la Junta Electoral se materializó el lunes (30 de marzo de 2026), minutos después de que el gobernador anunciara su plan de reforma constitucional y un planteo de conflicto de poderes con la Municipalidad de San Rafael por la celebración de una convencional constituyente para redactar la Carta Orgánica Municipal.
El llamado a los miembros de la Junta fue acompañado por una agenda generalista, que no incorpora ninguno de los lineamientos de la convención sanrafaelina pendientes en esa instancia. La confirmación de la conformación de convención sanrafaelina está a cargo del órgano electoral provincial.
La Junta Electoral Provincial de Mendoza está integrada por los siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el presidente de la Cámara de Diputados y el Vicegobernador (como presidente provisional del Senado), encargándose de la organización y transparencia de los comicios provinciales.
En este caso, la relación de fuerzas internas en el órgano electoral provincial es altamente favorable al gobernador Cornejo, que a su mayoría en la Corte les suma a los titulares de las cámaras legislativas, que le responden ciento por ciento.
La autoridad operativa de la Junta es Jorge Albarracín, un histórico radical con orígenes en Causa Nacional, del extinto José Genoud.
En Mendoza, la disputa por la autonomía municipal de San Rafael se transformó en un campo de batalla político por impulso de Cornejo, quien decidió avanzar con una reforma constitucional que busca reglamentar la autonomía de los municipios, fijando límites estrictos a su capacidad tributaria y neutralizando la jugada del peronismo sanrafaelino.
La estrategia combina dos frentes: por un lado, el Ejecutivo provincial enviará a la Legislatura un proyecto de enmienda constitucional para consagrar la autonomía municipal dentro de la Carta Magna, pero bajo reglas claras y con un cerrojo a la creación de nuevos impuestos. Por otro, se presentó ante la Corte un conflicto de poderes para frenar la convención constituyente de San Rafael, impulsada por Emir Félix y respaldada por su hermano Omar, intendente del departamento.
El máximo tribunal de la provincia se encuentra ahora en una posición delicada, actuando simultáneamente como árbitro electoral y juez constitucional. Mientras la Junta Electoral dilata el tratamiento administrativo de la convención sanrafaelina, la Sala II de la Suprema Corte debe resolver la medida cautelar interpuesta por el Ejecutivo para suspender el proceso. Para los hermanos Félix, esta demora es una maniobra de asfixia institucional que busca agotar los plazos legales, impidiendo que la Convención Constituyente sesione con la legitimidad necesaria para blindar la autonomía de San Rafael antes de que la reforma de Cornejo llegue a la Legislatura.
Dentro del peronismo mendocino, la jugada de San Rafael ha generado un efecto dominó de apoyos, aunque con matices de cautela. Otros intendentes de la oposición observan el conflicto con interés, sabiendo que el desenlace marcará el techo de sus propias aspiraciones de autonomía.
Sin embargo, la unidad no es absoluta; algunos sectores temen que la frontalidad de los Félix termine acelerando una reforma constitucional integral donde el radicalismo, gracias a su actual hegemonía, logre imponer cambios que trasciendan lo municipal y afecten el equilibrio de poder en toda la provincia.
En el centro de la maquinaria operativa, Jorge Albarracín enfrenta el desafío de mantener la neutralidad técnica de la Junta Electoral frente a la presión de la Casa de Gobierno. Como secretario de la Junta, su rol es clave para dar curso o bloquear la logística de una elección de convencionales constituyentes. Si la Junta decide ignorar formalmente el pedido de San Rafael bajo el argumento de la "incertidumbre jurídica" generada por el conflicto de poderes, el proceso electoral sureño entraría en un limbo que solo podría destrabarse con un fallo político-judicial de alto impacto.