La reforma impacta directamente sobre la cadena productiva vitivinícola de Mendoza.
Cinco cambios que propone el Gobierno para la industria vitivinícola en Mendoza
Cinco cambios que propone el Gobierno para la industria vitivinícola en Mendoza
El Gobierno nacional avanza con un proyecto de ley que introduce cambios profundos en la actividad vitivinícola, con impacto directo sobre Mendoza, la principal provincia productora del país. La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, modifica la Ley General de Vinos y la Ley Nacional de Alcoholes, y plantea además la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). Estos son los cinco puntos centrales de la reforma.
El Gobierno nacional avanza con un proyecto de ley que introduce cambios profundos en la actividad vitivinícola, con impacto directo sobre Mendoza, la principal provincia productora del país. La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, modifica la Ley General de Vinos y la Ley Nacional de Alcoholes, y plantea además la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).
La COVIAR cuestionó el proyecto de Sturzenegger
La reforma alcanza prácticamente todos los eslabones de la cadena productiva: desde la forma en que se elabora y fracciona el vino, hasta las funciones de control que hoy ejerce el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). El objetivo declarado por el Gobierno es reducir la intervención estatal y simplificar el marco normativo del sector, en línea con el resto de las reformas de desregulación que impulsa el Ejecutivo en distintas áreas de la economía.
Se trata, además, de un esquema regulatorio que en algunos casos lleva décadas vigente: la obligación de fraccionar el vino en origen, por ejemplo, rige desde 1984, mientras que la Coviar fue creada en 2004 para ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola. De aprobarse, el proyecto modificaría de manera directa la estructura legal e institucional bajo la cual funciona la vitivinicultura argentina desde hace más de veinte años.
Estos son los cinco puntos centrales de la reforma.
El proyecto deroga la Ley 23.149, que obligaba a fraccionar y envasar el vino en las zonas productoras. De aprobarse, las bodegas podrán trasladar la uva o el mosto para elaborar y embotellar el producto en otra región, según les resulte más conveniente en términos logísticos o comerciales.
La reforma reemplaza el concepto de "mosto de uva fresca" por "mosto de uva" en la definición legal de vino genuino. El cambio habilita el uso de mostos concentrados o conservados, además del que se obtiene directamente de la vendimia, y permitiría desacoplar la fermentación del momento de la cosecha.
En lugar del listado actual de procedimientos permitidos, la ley remite a las prácticas reconocidas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), y habilita al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) a autorizar otras adicionales.
El organismo dejará de fiscalizar buena parte del proceso de elaboración y concentrará sus controles en el tramo final de la cadena. Además, los controles de origen, añada y varietal pasarán a ser optativos cuando respondan a decisiones comerciales de las bodegas.
La crítica situación del sector vitivinícola obliga a explorar otros usos de la uva.
La iniciativa elimina la prohibición de combinar vinos importados entre sí o con productos nacionales, una práctica que hoy está permitida en otros países productores.
El proyecto también propone derogar la ley que creó la Coviar, entidad que desde 2004 ejecuta el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y que reúne a productores, bodegas y gobiernos provinciales para definir políticas de largo plazo para el sector. La corporación se financia con un aporte obligatorio de las bodegas por cada litro producido, que el Gobierno ya había intentado eliminar por decreto —medida judicializada y actualmente suspendida—. Ahora, el Ejecutivo busca directamente derogar por ley la norma que le dio origen a la Coviar.
