Librerías mendocinas alertan por la posible derogación de la Ley del Libro

La posible derogación de la Ley 25.542, conocida como Ley de Defensa de la Actividad Librera, encendió las alarmas entre libreros y editores de Mendoza. La normativa, vigente desde 2002, establece el precio único de venta de los libros en todo el país, con el objetivo de garantizar que una misma publicación tenga el mismo valor sin importar dónde se comercialice.

La iniciativa forma parte del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno nacional y es promovida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. De concretarse, permitiría que cada comercio establezca libremente el precio de los libros, habilitando descuentos y promociones sin límites.

Desde el sector librero sostienen que el principal riesgo es que las grandes cadenas y plataformas de venta puedan ofrecer precios que las librerías independientes no están en condiciones de igualar. Según advierten, esto podría acelerar el cierre de pequeños comercios y reducir la oferta cultural en distintas ciudades del país.

Quienes respaldan la desregulación consideran, en cambio, que una mayor competencia permitiría bajar los precios para los consumidores y dinamizar el mercado editorial. Sin embargo, los libreros cuestionan esa postura y aseguran que la experiencia internacional demuestra que la eliminación del precio único suele concentrar las ventas en pocos actores, sin garantizar una reducción sostenida de los valores.

La preocupación que llega a las librerías de Mendoza 

En Mendoza, la preocupación también pasa por el impacto que la medida podría tener sobre la actividad cultural. Las librerías independientes no solo funcionan como puntos de venta, sino que además organizan presentaciones de libros, talleres y encuentros con autores, actividades que podrían verse afectadas si el sector pierde competitividad.

Mientras el debate continúa, la Ley del Libro sigue vigente y mantiene el esquema de precio único en todo el territorio nacional. No obstante, la posibilidad de su derogación volvió a poner en discusión el equilibrio entre la libre competencia y la protección de un sector que, desde hace años, enfrenta dificultades económicas y cambios en los hábitos de consumo.