Sin aportes jubilatorios, obra social ni protecciones legales básicas, cerca del 45% de los trabajadores de Argentina atraviesa 2026 en la informalidad. Los datos procesados por la Universidad Nacional de Rosario a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC muestran que el problema supera el 80% entre los cuentapropistas de varios centros urbanos del norte y llega al 70% en el conurbano bonaerense.
La informalidad laboral genera consecuencias que van más allá de las condiciones de cada trabajador. Afecta el acceso a derechos básicos, debilita el financiamiento de las jubilaciones y profundiza las diferencias sociales y económicas entre las regiones del país.
Las consecuencias se sienten en la vida cotidiana. La informalidad laboral afecta tanto la economía cotidiana como el sistema previsional. Quienes trabajan en negro pueden quedarse sin ingresos ante una enfermedad o perder su trabajo sin cobrar una indemnización.
Al no poder demostrar sus ingresos, el trabajador encuentran dificultades para acceder a créditos o alquilar una vivienda. A esto se suma la falta de aportes jubilatorios, que reduce los recursos disponibles para financiar las jubilaciones actuales.
Actualmente habría apenas 1,5 trabajadores aportantes por cada jubilado, frente a los tres o cuatro que se necesitarían para financiar una jubilación digna. La insuficiencia de aportes obliga al Estado a buscar otras fuentes de recursos para cubrir el faltante.
Al mismo tiempo, una menor recaudación previsional aumenta la presión sobre la economía registrada. Los costos e impuestos que afrontan quienes cumplen con las obligaciones formales pueden encarecer la contratación legal y desalentar la creación de puestos en blanco.
En el conurbano bonaerense, donde se concentra la mayor población del país, el trabajo por cuenta propia suele convertirse en una alternativa ante la falta de empleos asalariados formales. Sin embargo, los ingresos inestables y la ausencia de protecciones muestran los límites de esa salida.
El 70,2% de los cuentapropistas del conurbano trabaja en la informalidad. La cifra refleja las dificultades que atraviesan quienes buscan generar sus propios ingresos sin acceder a las garantías asociadas al empleo registrado.
Las diferencias también aparecen en Cuyo. Entre los centros urbanos con mayor informalidad de los trabajadores por cuenta propia figuran la ciudad de Formosa, con el 87,9%; Gran Tucumán y Tafí Viejo, con el 87,6%; Santiago del Estero y La Banda, con el 87,5%; y Gran Resistencia, con el 84%.
En la región cuyana, el Gran San Juan registra un 83% de cuentapropistas informales. Los valores muestran que el problema no se distribuye de manera uniforme y que las posibilidades de acceder a un trabajo registrado varían considerablemente según el lugar.
Neuquén presenta un escenario diferente. Allí, la informalidad laboral alcanza al 26,4%, de acuerdo con los datos relevados. En zonas donde predominan grandes empresas y actividades de alta productividad, como la industria hidrocarburífera, la minería y la electrónica, el empleo registrado tiene mayor presencia.
La comparación expone una brecha que atraviesa al mercado laboral argentino. Mientras una parte de los trabajadores cuenta con aportes y protección legal, otra enfrenta ingresos inestables y menos herramientas para afrontar imprevistos. Las diferencias regionales agregan otra dimensión a un problema que repercute tanto en las condiciones de vida como en el financiamiento del sistema previsional.