- El hombre de negocios ejerció poder como pocos en Mendoza, desde los '70.
- El empresario vivió el esplendor de su carrera desde el '90 hasta el 2010.
La noticia llegó esta semana con la frialdad de un expediente judicial, pero cargada de una ironía histórica difícil de ignorar. La Justicia Federal dictó el sobreseimiento definitivo del empresario Enrique Pescarmona en la causa Cuadernos de las Coimas. No fue una declaración de inocencia, ni el triunfo de una estrategia legal brillante, como las que colmaron su carrera.
A los 84 años, el empresario de la construcción se salvó de una sentencia judicial por una decisión biológica: los peritos confirmaron un deterioro cognitivo irreversible.
El hombre que durante cincuenta años calculó cada movimiento en el tablero de la obra pública internacional, el ingeniero que diseñaba turbinas y arquitecturas financieras con la misma precisión, ha evitado el banquillo de los acusados porque ya no puede recordar ni comprender los hechos que se le imputan. Es el cierre paradójico para el histórico líder de IMPSA: una vida signada por la habilidad para eludir consecuencias penales termina con una "amnistía de la memoria".
Para entender la magnitud de este desenlace, hay que rebobinar la cinta. Pescarmona no fue un empresario común; fue un emblema de la burguesía nacional que supo crecer al calor del Estado, sin importar la legitimidad o el color político del gobierno de turno en la Casa Rosada.
Su relación con el poder se cimentó durante la última dictadura militar (1976-1983). IMPSA se consolidó en los años oscuros del genocidio montado en negocios facilitados por el gobierno de usurpación.
Enrique Pescarmona está acusado como "colaborador" en la causa Cuadernos.
Mientras el régimen de facto aniquilaba a gran parte de la industria nacional con la apertura importadora, Pescarmona se refugió en los grandes contratos estatales y la tecnificación. El broche de oro de esa etapa no fue una obra, sino una firma: en 1982, bajo la gestión de Domingo Cavallo en el Banco Central, el grupo fue uno de los grandes beneficiarios de la estatización de la deuda privada. El Estado absorbió sus pasivos en dólares, permitiéndole a la empresa entrar a la democracia con sus cuentas saneadas.
En 1985, Pescarona fue secuestrado por la "Banda de los Comisarios", uno de los grupos criminales conformados por la mano de obra desocupada de la dictadura. El empresario, que había surfeado los años de plomo, conoció en democracia los métodos con los que eran chupados los militantes opositores al régimen. Salió con vida de la operación, a diferencia de las 30 mil víctimas de la violencia política.
Entre 1990 y 2010, Enrique Pescarmona llevó a IMPSA a su apogeo. La empresa mendocina ganó licitaciones en Malasia, Filipinas y China. Era el orgullo de la ingeniería argentina exportable. Sin embargo, detrás de las turbinas, operaba una maquinaria de lobby implacable.
Los tribunales fueron testigos mudos de este ascenso. En los 90, la represa de Yacyretá fue tildada de "monumento a la corrupción". IMPSA fue investigada por sobreprecios y reembolsos indebidos durante décadas. ¿El resultado? La prescripción. La lentitud de la justicia argentina fue, durante años, el mejor abogado defensor del empresario.
La trampa bolivariana y el fin de la inmunidad
La suerte de Pescarmona cambió cuando apostó su futuro a la "diplomacia paralela" del kirchnerismo. La debacle comenzó en Venezuela. IMPSA se adjudicó la represa de Tocoma, una obra plagada de irregularidades y sobrecostos.
Allí, la habilidad política de Pescarmona falló. Creyó que los acuerdos entre Julio De Vido y el chavismo garantizaban el cobro. Se equivocó. Venezuela dejó de pagar, generando un agujero de más de 1.000 millones de dólares. En simultáneo, en Brasil, la operación Lava Jato desnudó la corrupción sistémica en la obra pública, arrastrando a la filial eólica de IMPSA a la quiebra.
Confirmaron la reanudación del reactor de IMPSA.
Fue la "Tormenta Perfecta". En 2014, la empresa entró en default. Acorralado, Pescarmona intentó su última jugada en 2018: se presentó como "arrepentido" en la causa Cuadernos. Confesó haber pagado sobornos, alegando que fue bajo extorsión para liberar pagos atrasados. Buscaba salvar su libertad y su empresa.
Logró lo primero, pero perdió lo segundo. En 2018, la familia Pescarmona tuvo que ceder el control de la compañía a los acreedores bancarios. Fue el fin de una dinastía de 111 años.
La justicia, que lo persiguió en Argentina, investigó en Brasil y sospechó en Venezuela, finalmente le ha cerrado la puerta. No por falta de pruebas, sino por ausencia de sujeto procesal. Enrique Pescarmona, el hombre que sobrevivió a dictaduras, crisis hiperinflacionarias y escándalos internacionales, ha encontrado en su propia fragilidad el único refugio inexpugnable contra la ley.
Es el epicentro de sus problemas legales más graves y recientes.
La Causa de los Cuadernos (El hito judicial): Este es el episodio penal más contundente. En 2018, tras la detención de Francisco Valenti (ex director de la compañía que pasó un mes en la cárcel), Enrique Pescarmona se presentó ante la justicia bajo la figura de "arrepentido".
La confesión: Pescarmona admitió haber realizado pagos ilegales (sobornos) a funcionarios del gobierno kirchnerista. Su defensa fue que estos pagos se hicieron bajo "coacción" y "extorsión" para que el gobierno liberara pagos que le debían a la empresa, la cual estaba en una situación financiera crítica.
Actualización Reciente (Noviembre 2025): Es fundamental notar que, recientemente, la justicia dictó el sobreseimiento de Enrique Pescarmona en esta causa, no por inocencia, sino por razones de salud (deterioro cognitivo irreversible), lo que lo deja fuera del juicio oral.
Yacyretá (El "Monumento a la Corrupción"): En los años 90, IMPSA fue uno de los contratistas principales de la represa Yacyretá (junto con empresas como Dumez y Techint). Durante décadas, hubo investigaciones sobre sobreprecios y reembolsos indebidos. Aunque hubo juicios que duraron más de 30 años, la mayoría terminaron en absoluciones o prescripciones por el paso del tiempo ("erosión de pruebas"), dejando a IMPSA legalmente a salvo pero históricamente vinculada a la frase del ex presidente Menem sobre la corrupción en la obra.
Venezuela representa el golpe más duro para la empresa: fue el negocio que prometía salvarla y terminó hundiéndola.
El Caso Tocoma: IMPSA ganó la licitación para proveer las turbinas de la central hidroeléctrica Manuel Piar (Tocoma).
El Conflicto: La obra sufrió retrasos masivos y sobrecostos (el presupuesto se triplicó), en un esquema que involucraba también a la brasileña Odebrecht. La justicia y organismos de transparencia investigaron la red de sobornos que permitía estas adjudicaciones.
El Resultado: El gobierno venezolano dejó de pagar a IMPSA (deuda de más de 1.000 millones de USD). Esto no solo generó investigaciones sobre la diplomacia paralela entre Argentina y Venezuela (con Julio De Vido como nexo), sino que fue la causa directa del default financiero de IMPSA. La empresa alegó que pagó sobornos en Argentina justamente para intentar destrabar estos cobros en Venezuela.
En Brasil, IMPSA operaba a través de su filial Wind Power Energy (WPE).
Contexto Lava Jato: Aunque el foco principal del escándalo Lava Jato fueron las constructoras locales (Odebrecht, OAS), IMPSA quedó atrapada en el escrutinio. Hubo investigaciones sobre contratos con Eletrobras y sospechas de cartelización.
El Error de Cálculo: El propio Enrique Pescarmona admitió públicamente que tuvo una "percepción errada del Brasil moderno", creyendo que las relaciones políticas asegurarían los contratos. Cuando estalló el escándalo y la economía brasileña cayó, la filial de IMPSA entró en concurso de acreedores (Recuperação Judicial), arrastrando a la casa matriz en Argentina.
Además de Yacyretá (que es binacional), IMPSA tuvo conflictos en la represa Aña Cuá (el brazo de Yacyretá). Hubo largas disputas legales y licitaciones impugnadas donde la empresa buscó, a veces mediante litigio y a veces mediante lobby político, asegurar su participación en la provisión de turbinas, enfrentándose a competidores internacionales y a la justicia administrativa paraguaya.