Cristina, figura principal, y otros mendocinos acusados
Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli escucharon a las defensas y luego dieron la palabra a la querella de la Unidad de Información Financiera y a la fiscal Fabiana León. Al juicio llegó acusada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Hay otros mendocinos acusados en la lista: el también exIMPSA Francisco Rubén Valenti; José Gerardo Cartellone, Gerardo Cartellone y María Rosa Cartellone, tercera generación de la compañía fundada en 1918.
Un ofrecimiento de la defensa que fue rechazado
Pescarmona había intentado quedar fuera con el ofrecimiento de una reparación económica de 510 millones de pesos. Su abogado Marcelo Nardi explicó que IMPSA "no sólo no obtuvo ningún contrato de obra hidroeléctrica, pese a ser la firma con el mayor expertise en Argentina en esa materia sino que fue perjudicada, fue concursada y finalmente estatizada durante el gobierno de Alberto Fernández".
"Dejamos aclarado que los pagos que les fueron exigidos por los funcionarios públicos a Pescarmona y Francisco Valenti obedecen y están ligados a contratos celebrados en Venezuela, un país distinto, representando episodios coactivos que fueron descriptos en sus declaraciones", dijo al ratificar lo que dijeron en sus declaraciones como arrepentidos.
La estrategia de la “reparación integral” de dinero fue rechazada por la fiscal Fabiana León, tras lo cual la defensa de Pescarmona fue por otra apuesta: demostrar que el empresario, aquejado por Alzheimer, no estaba en condiciones mentales de enfrentar el proceso, según reveló Clarín en una nota que lleva la firma de Claudio Savoia.
En 2023 comenzaron los estudios médicos y psiquiátricos. El prestigioso perito Rafael Herrera Milano concluyó que Pescarmona sufría un síndrome demencial cortical progresivo, irreversible, que anulaba su capacidad de comprender la acusación, comunicarse con sus abogados y participar en un juicio.
Según el perito, Pescarmona "se encontraba parcialmente desorientado, con un juicio debilitado, sin capacidad de abstracción ni conciencia de enfermedad, con trastornos del lenguaje, empobrecimiento semántico, parafasias y discurso desorganizado".
Además, detectó "compromiso de las funciones ejecutivas, con incapacidad para planificar, anticipar o valorar consecuencias; un juicio de realidad alterado, con deterioro en la valoración moral y normativa de las situaciones". "Desde el punto de vista psicopatológico, estas manifestaciones son propias de un síndrome demencial cortical progresivo, de curso irreversible y pronóstico reservado, que afecta globalmente las capacidades cognitivas, volitivas y afectivas requeridas para sostener un proceso judicial."
El Tribunal decide
El Cuerpo Médico Forense corroboró esas conclusiones, indica el reporte periodístico. La doctora Soledad Puppo adelantó que el empresario padecía un trastorno cognitivo moderado a grave y que no estaba apto para afrontar un juicio oral.
Así, a horas del inicio del proceso, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) resolvió eximirlo de las audiencias previstas para noviembre. La decisión deberá ser refrendada en las próximas semanas.
