-La huelga del 2 de marzo tiene respaldo amplio del sector sindical.
-Alfredo Cornejo negocia con el SUTE con final abierto.
Con Cornejo y el SUTE en paritarias se agita un conflicto nacional docente.
El escenario educativo argentino se encamina hacia un inicio de clases marcado por la conflictividad y la incertidumbre. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) oficializó el primer paro nacional docente del año para el lunes 2 de marzo. El SUTE en Mendoza está en plena paritaria con el gobierno de Alfredo Cornejo.
El paro nacional docente del 2 de marzo cuenta con el respaldo de diversos sectores sindicales, por lo que amenaza con paralizar el comienzo del ciclo lectivo 2026 en la mayoría de las provincias del país.
La huelga se decidió en un congreso extraordinario de CTERA liderado por la secretaria general de la entidad, Sonia Alesso, y el secretario general adjunto, Roberto Baradel.
Según el comunicado oficial, la huelga responde a la falta de convocatoria formal por parte del Gobierno Nacional para discutir salarios en el marco de la Paritaria Nacional Docente, una instancia que los sindicatos consideran irrenunciable para fijar un piso salarial que amortigüe el impacto de la inflación.
El pliego de reivindicaciones de los docentes es extenso y apunta directamente a las políticas de ajuste fiscal del Poder Ejecutivo. Entre los puntos principales se destaca la exigencia de la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un aporte que la administración central dejó de girar a las provincias el año pasado y que representa una parte significativa del haber de bolsillo de los maestros.
Asimismo, la CTERA reclama un incremento urgente del Presupuesto Educativo y la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo que garantice la inversión en infraestructura escolar, conectividad y comedores. "No estamos discutiendo solo un porcentaje; estamos defendiendo la vigencia de la educación pública frente a un modelo que busca su mercantilización", afirmó Sonia Alesso durante la conferencia de prensa.
A diferencia de conflictos anteriores, la medida de fuerza parece haber aglutinado a la totalidad del espectro gremial. La Unión Docentes Argentinos (UDA), encabezada por Sergio Romero, también advirtió que "corre riesgo el inicio de clases" si no se restablece el diálogo. Romero, quien también desempeña funciones en la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, subrayó que el sector docente sufre el mayor recorte presupuestario de las últimas décadas.
En la Provincia de Buenos Aires, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —integrado por SUTEBA, FEB, SADOP, AMET y UDOCBA— confirmó su adhesión total al paro. La medida fue ratificada tras rechazar una oferta salarial de la gestión de Axel Kicillof, la cual consistía en un incremento del 1,5%, cifra que los gremios tildaron de "insuficiente" y "desconectada de la realidad inflacionaria".
El conflicto no se limita a la región metropolitana. En Mendoza, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) mantiene una negociación abierta con el gobierno de Alfredo Cornejo.
Aunque el Ejecutivo provincial propuso un esquema de aumentos escalonados del 7% para el primer trimestre, el gremio liderado por Gustavo Correa se mantiene en estado de alerta, supeditando el inicio normal de las actividades a una mejora sustancial de la oferta en la reunión del próximo 27 de febrero.
La situación se repite en distritos como La Rioja, donde la Asociación de Maestros y Profesores (AMP) mantiene un plan de lucha propio, y en San Juan, donde la UDA local denunció un congelamiento salarial de facto.
Un componente político adicional que sobrevuela el conflicto es el firme rechazo de los sindicatos a la Reforma Laboral y a la denominada Ley de Libertad Educativa impulsada por el oficialismo. Los docentes argumentan que estos proyectos atentan contra la estabilidad del empleo, los regímenes jubilatorios especiales y el carácter estatal del sistema de enseñanza.
Desde el entorno del presidente Javier Milei se ha mantenido una postura de firmeza, argumentando que las paritarias deben resolverse en el ámbito estrictamente provincial y que el Estado nacional no tiene facultades para financiar salarios locales.