Tras la viralización del contenido, el gobernador dio a conocer que llevará a la Justicia a los tuiteros por divulgar una fakenews aunque admitió que el video es antiguo, se tomó en Mendoza y corresponde a su vida privada.
Cornejo lleva a la Justicia a tuiteros
La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar. A través de sus cuentas, el gobernador confirmó el inicio de la causa P. 16101/26, calificando la maniobra como una "difamación basada en una fake news".
Según explicó el mandatario, las imágenes originales fueron captadas en un evento público y habilitado dentro de la provincia de Mendoza.
El escrito judicial no solo apunta al contenido, sino también a los vehículos de difusión. Alfredo Cornejo identificó de manera directa a cuatro perfiles de redes sociales que, según su equipo legal, fueron los motores de la operación: Mandril mendocino, Orko polentero, Ojo con el pueblo y Bien Cuyano.
"No es un error, es una acción deliberada", sentenció el gobernador. Para el líder radical, estas cuentas utilizaron herramientas tecnológicas avanzadas para "confundir y dañar". El mandatario fue tajante al separar la crítica política de lo que considera un ataque personal: "Mi vida privada no es materia de operaciones ni de construcciones ficticias. Frente a la mentira organizada, respondo por la vía institucional".
ElEditor Mendoza se comunicó con Pablo Sarale, subsecretario de Comunicación, quien decidió no dar más declaraciones sobre lo ocurrido.
Más allá de la acción penal inmediata, el conflicto ha escalado al plano legislativo. Cornejo anunció que este episodio será el puntapié inicial para impulsar una propuesta a nivel nacional. El objetivo es que la difusión maliciosa de hechos falsos —especialmente aquellos potenciados por tecnologías de manipulación digital— tenga sanción legal en todo el territorio argentino.
"No podemos naturalizar que en redes sociales se inventen hechos o se utilicen herramientas tecnológicas para fabricar noticias falsas sin consecuencias", afirmó el mandatario mendocino.
cornejo denuncia
La propuesta busca establecer un marco de responsabilidad digital que proteja el honor de las personas y, fundamentalmente, la transparencia de la conversación pública. Según fuentes cercanas al gobernador, el proyecto apuntará a sancionar no solo a los creadores del contenido, sino también a quienes lo difundan con conocimiento de su falsedad.
El debate por la ética digital
El caso abre un debate profundo sobre los límites de la exposición política en la era de la posverdad. Mientras la delegación mendocina continúa su agenda en Francia buscando mercados para el vino local, en la provincia la discusión gira en torno a la impunidad en el ecosistema digital.
Para el oficialismo, se trata de una "mentira deliberada" que intenta opacar los resultados de la misión internacional. Para los especialistas en derecho informático, la denuncia de Alfredo Cornejo podría sentar un precedente clave en la jurisprudencia nacional respecto al uso de la inteligencia artificial como arma de desprestigio político.
"La exposición política puede ser dura, pero la mentira organizada no debe ser parte legítima de esa exposición", remató el gobernador.