Blindado por los votos oficialistas y aliados, a Alfredo Cornejo le sobraron los votos para salvar a su alfil en Irrigación, Sergio Marinelli, del Jury de enjuiciamiento por mal desempeño. El desenlace era previsible, pero no por ello menos significativo: con 15 votos, es decir cuatro de sobra, el cornejismo logró bloquear el avance del jury de enjuiciamiento contra Marinelli, quien enfrentaba dos pedidos de destitución por presunto mal desempeño en la administración del recurso hídrico provincial.Una de las acusaciones más graves era la entrega de agua a Eduardo Elsztain y otros empresarios en un acuífero restringido, y la contaminación del canal Pescara, autorizada por Irrigación.
Un jury con mayoría oficialista
El jury de enjuiciamiento está integrado por 21 miembros: siete jueces de la Suprema Corte de Justicia, siete senadores y siete diputados. Para que prospere una destitución se requieren al menos 11 votos favorables. Con la mayoría legislativa que ostenta Alfredo Cornejo y el alineamiento de los ministros de la Corte, el resultado estaba prácticamente cantado: Marinelli no sería removido.
La sesión reunió dos denuncias de distinto origen pero con un diagnóstico común. Por un lado, el senador peronista Félix González cuestionó la contradicción normativa en la autorización de pozos de agua en Agrelo, beneficiando a empresarios de peso como Eduardo Elsztain, Walter Bressia y Pedro García Mateo. Por otro, el exsenador y abogado ambientalista Marcelo Romano enumeró ocho causales ambientales que, según él, evidencian una gestión permisiva frente a la contaminación y la falta de rigor institucional.
Las acusaciones: discrecionalidad y permisividad
El escrito de González puso bajo la lupa la Resolución N.º 1108, firmada por Marinelli en agosto de 2024, que prohibía nuevas perforaciones en la Subcuenca El Carrizal para preservar un recurso crítico. Sin embargo, pocos meses después, el mismo funcionario dictó la Resolución N.º 125, habilitando al menos nueve pozos en esa zona. Para el legislador, la contradicción es flagrante y refleja un manejo discrecional del agua en favor de intereses sectoriales.
Romano, en tanto, presentó un listado de ocho hechos que van desde la autorización de vertidos industriales en el Canal Cacique Guaymallén hasta irregularidades en licitaciones de acueductos y pasivos ambientales de YPF. En todos los casos, el ambientalista denunció una actitud permisiva de Irrigación frente a la contaminación y sanciones irrisorias que no derivaron en acciones judiciales.
Los votos: un bloque cerrado en el oficialismo
El resultado de la votación confirmó las sospechas de quienes anticipaban un blindaje político. La mayoría de los ministros de la Suprema Corte —Dalmiro Garay, Julio Gómez, José Valerio, Teresa Day, Norma Llatser y Omar Palermo— votaron en contra de enjuiciar a Marinelli. La excepción fue Mario Adaro, quien en una de las votaciones acompañó el pedido de juicio político (por la denuncia de Félix González), aunque en la otra estuvo ausente.
En cuanto a los legisladores, los senadores Martín Kerchner, Natacha Eisenchlas, David Sáez, Alejandro Diumenjo votaron contra el jury, al igual que los diputados Beatriz Martínez, Mauricio Torres, Daniel Llaver, Ricardo Tribiño y Jorge López. El senador Mauricio Sat no participó y no tuvo reemplazante.
Votaron a favor del jury en el caso de la denuncia de Romano Gabriela Lizana (massismo), Valentín González (PRO), Helio Perviú (PJ) y Jorge Difonso (Provincias Unidas). En el pedido de jury de González Lizana votó en contra, mientras que el juez Palermo lo hizo a favor.
La casi unanimidad de la Corte sorprendió incluso a los denunciantes. Romano destacó que, aunque su pedido no prosperó, logró que todos los ministros se expresaran en una misma instancia, algo poco habitual en un tribunal marcado por diferencias internas.
Eduardo Elsztain, beneficiario del círculo rojo
Entre los beneficiarios de las autorizaciones de pozos figura Cresud SAFIC A, controlada por el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, uno de los empresarios más influyentes del país. Su presencia en el expediente refuerza las sospechas de la oposición sobre un manejo discrecional del agua en favor de grandes capitales. Para González, la decisión de Marinelli “no responde al bien común, sino a intereses sectoriales”, conectando el caso con debates más amplios sobre concentración de recursos estratégicos y tensiones entre desarrollo productivo y preservación ambiental.
Un debate que trasciende a Marinelli
Aunque el oficialismo logró salvar a Marinelli del juicio político, las denuncias abren un debate más profundo sobre la gestión del agua en Mendoza. En una provincia históricamente marcada por la escasez hídrica, las decisiones de Irrigación tienen un impacto directo en la producción vitivinícola, la industria y la vida cotidiana de miles de mendocinos. La oposición insiste en que el caso refleja la necesidad de mayor transparencia y rigor técnico en la administración de un recurso estratégico.
El desenlace político deja en claro que, con mayoría legislativa y respaldo judicial, el oficialismo tiene capacidad de blindar a sus funcionarios. Pero también expone las tensiones crecientes entre sectores productivos, ambientalistas y fuerzas políticas en torno al agua, un bien cada vez más disputado en la provincia.
