Pozos para Elzstain y contaminación de agua: se reúne el jury por las denuncias contra Marinelli en Irrigación
El jury de enjuiciamiento se reúne para definir si eleva a juicio las denuncias contra Sergio Marinelli, jefe de Irrigación. Los detalles.
PorGabriela Valdés
19 de febrero de 2026 - 08:27
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Sergio Marinelli, titular de Irrigación, enfrenta denuncias por su desempeño en el jury, que se reúne hoy.
Santiago Tagua/ElEditor Mendoza
Este jueves se reúne el jury de enjuiciamiento para definir si avanza o no con el juicio al superintendente general de Irrigación de Mendoza, Sergio Marinelli, que enfrenta dos pedidos de Jury de Enjuiciamiento que ponen bajo la lupa su desempeño en la administración del recurso hídrico provincial. Las denuncias provienen de frentes distintos: por un lado, el kirchnerismo mendocino, a través del senador provincial Félix González; por otro, el exsenador y abogado ambientalista Marcelo Romano. Ambos coinciden en señalar un “mal desempeño de funciones”, aunque con argumentos y casos diferentes.
El Jury de Enjuiciamiento, al que pueden ser sometidos funcionarios y quienes para el cargo necesitaron acuerdo del Senado, está integrado por 21 miembros: los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia, siete senadores y siete diputados. Para avanzar con una destitución, se requiere el voto favorable de al menos 11 integrantes.
La presentación del senador Félix González se centra en una decisión administrativa que, según el legislador, contradice la propia normativa de Irrigación. En agosto de 2024, Marinelli firmó la Resolución N.º 1108, que establecía una restricción de dos años para nuevas perforaciones de pozos de agua en la Subcuenca El Carrizal, margen derecha del río Mendoza, específicamente en la zona de Agrelo. El fundamento era claro: preservar un recurso hídrico crítico en disponibilidad.
Sin embargo, pocos meses después el mismo funcionario dictó la Resolución N.º 125, que autorizó la perforación y uso de al menos nueve pozos en esa misma zona. Para González, la contradicción es evidente y constituye un caso de inconducta grave. Además, cuestiona que las habilitaciones se concedieron sin avales técnicos que garantizaran la no afectación del acuífero.
Entre los beneficiarios de esos permisos figuran empresas y empresarios de peso, como Cresud SAFIC A —controlada por el Grupo IRSA del magnate Eduardo Elsztain —, Chimpay La Rioja S.A., el bodeguero Walter Bressia a través de Grappolo S.A., y el empresario Pedro García Mateo. Para el kirchnerismo, estas decisiones reflejan un manejo discrecional del agua en favor de intereses sectoriales.
En paralelo, Marcelo Romano presentó su propio escrito ante el Tribunal de Enjuiciamiento. El exsenador, referente ambientalista, enumeró ocho hechos que, a su entender, configuran un patrón de irregularidades en la gestión de Marinelli:
Cervecería Quilmes (Godoy Cruz): se acusa a Irrigación de permitir y no sancionar el vertido de efluentes industriales al Canal Cacique Guaymallén.
Entubamiento del Arroyo Morteritos (Reserva Cordón del Plata): las obras avanzaron sin estudios de impacto ambiental, con autorización de Irrigación.
Ex planta Keghart SA (Chacras de Coria): falta de acción frente a escurrimientos contaminantes en una fábrica de lavandina abandonada.
Destilería YPF (Luján de Cuyo): contaminación de aguas subterráneas sancionada solo con una multa de $603.000, sin denuncia penal.
Pasivos petroleros de YPF (Maipú): multa de un millón de pesos por contaminación hídrica, pero sin acción judicial.
AySAM y el Canal Pescara: autorización para volcar 300 litros por segundo de cloacas crudas, medida considerada fuera de la competencia constitucional de Irrigación.
Acueducto Monte Comán-La Horqueta: el Banco Interamericano de Desarrollo retiró financiamiento por irregularidades en la licitación.
Inspecciones de cauce: intervención irregular en inspecciones, lo que podría constituir causal de mal desempeño.
Para Romano, estos casos reflejan una gestión permisiva frente a la contaminación y una falta de rigor institucional en la defensa del recurso hídrico.
Eduardo Elztain, uno de los principales beneficiados
El nombre de Eduardo Elsztain aparece como uno de los principales beneficiarios de las autorizaciones de pozos en Agrelo. Dueño del Grupo IRSA y de Cresud, Elsztain es considerado uno de los empresarios más influyentes del país, con vínculos estrechos con el poder político y económico nacional. Es el dueño de Irsa, que gerencia los shoppings en todo el país, y refugió a Milei en su hotel, sin registro de visitas, cuando ganó el balotaje en 2023.
Su presencia en la lista de beneficiarios refuerza las sospechas de la oposición sobre un manejo discrecional del agua en favor de grandes capitales. Para González, la autorización de pozos a empresas vinculadas a Elsztain y otros actores del sector bodeguero y agroindustrial “no responde al bien común, sino a intereses sectoriales”.
La figura de Elsztain, además, conecta el caso con debates más amplios sobre la concentración de recursos estratégicos en manos de grupos económicos y la tensión entre desarrollo productivo y preservación ambiental.
Las dos denuncias, aunque distintas en sus fundamentos, convergen en un mismo diagnóstico: la gestión de Marinelli estaría marcada por decisiones discrecionales y falta de rigor técnico en la administración del agua. Mientras el kirchnerismo apunta a la contradicción normativa y a los beneficiarios de poder económico, Romano pone el foco en la dimensión ambiental y en la ausencia de sanciones proporcionales frente a la contaminación.
El desenlace político parece previsible: con el respaldo del oficialismo, Marinelli difícilmente sea removido de su cargo. Sin embargo, los pedidos de Jury abren un debate más amplio sobre la gobernanza del agua en Mendoza, un recurso estratégico en una provincia históricamente marcada por la escasez hídrica.
