El kirchnerismo avanzó con el pedido de destitución del jefe de Irrigación, Sergio Marinelli, por entregar pozos de riego de un acuífero restringido.
Sergio Marinelli, Superintendente General de Irrigación, en la mira del kirchnerismo.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaEl senador provincial Félix González (PJ ala kirchnerismo) presentó como había anunciado una denuncia ante la Justicia para impulsar un proceso de Jury de Enjuiciamiento contra el superintendente del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, por la presunta comisión de “mal desempeño de funciones” por haber autorizado la perforación de pozos en una zona previamente vedada por el mismo organismo.
También se presentó como denunciante el abogado y exsenador Marcelo Romano, quien interpuso un escrito en el mismo sentido por la inconducta de Marinelli (ver más adelante) en 8 causales distintas, entre las cuales se incluye el rol de Irrigación en la contaminación del canal Pescara y en la intervención de la Inspección de cauce de Lunlunta tras la contaminación de YPF.
No obstante, el pedido de enjuiciamiento contra el superintendente de Irrigación parece condenado al fracaso antes de comenzar: el gobernador Alfredo Cornejo tiene ya asegurados los votos clave para frenar cualquier intento de destitución.
La presentación del PJ se apoya en un dato central: la Resolución N.º 1108, firmada por Marinelli el 5 de agosto de 2024, estableció “una restricción de dos (2) años para nuevas perforaciones de pozos de agua en la Subcuenca El Carrizal, margen derecha del río Mendoza, específicamente en la zona de Agrelo”. Esta medida se fundamentaba en la necesidad de “preservar el recurso hídrico” en un área considerada crítica en términos de disponibilidad.
Sin embargo, argumentó el legislador, apenas unos meses después el mismo funcionario contradijo esta normativa al dictar la Resolución N.º 125, que “autorizó la perforación y uso de al menos nueve (9) pozos de agua en la mencionada zona de Agrelo, contraviniendo la normativa propia y los principios de gestión sostenible del recurso hídrico”.
En la denuncia también se cuestiona la falta de respaldo técnico en las autorizaciones, ya que “las habilitaciones fueron concedidas sin la existencia de avales técnicos que garanticen la no afectación del acuífero”.
Entre los beneficiarios de los permisos destacan nombres vinculados al poder económico local y nacional. La lista incluye a Cresud SAFIC A, empresa controlada por el Grupo IRSA del empresario Eduardo Elsztain (empresario del círculo rojo de Javier Milei, dueño del hotel en donde se alojó el libertario tras el balotaje), y también a Chimpay La Rioja S.A., al bodeguero Walter Bressia a través de Grappolo S.A., y al empresario Pedro García Mateo.
En entrevistas periodísticas, Marinelli afirmó que las autorizaciones se concedieron en el marco de evaluaciones internas y que no se está violando la normativa vigente, aunque evitan pronunciarse públicamente hasta que la Justicia se expida.
Este es el pedido de Romano: