El PJ pedirá que Sergio Marinelli sea sometido a Jury de Enjuiciamiento, pero Alfredo Cornejo reúne los votos tanto para evitar el proceso como la destitución.
Cornejo y Marinelli, socios políticos y en la mira de la oposición por la entrega de pozos de agua a empresarios ligados al poder.
El pedido de enjuiciamiento contra el superintendente de Irrigación de Mendoza, Sergio Marinelli, por autorizar perforaciones a empresarios poderosos en un acuífero bajo restricción hídrica, parece condenado al fracaso antes de comenzar. El PJ acudirá al jury con una denuncia por arbitrariedad, pero el gobernador Alfredo Cornejo tiene ya asegurados los votos clave para frenar cualquier intento de destitución.
El Jury de Enjuiciamiento, al que pueden ser sometidos funcionarios y quienes para el cargo necesitaron acuerdo del Senado, está integrado por 21 miembros: los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia, siete senadores y siete diputados. Para avanzar con una destitución, se requiere el voto favorable de al menos 11 integrantes.
Hoy, el oficialismo cuenta con 13 votos propios o aliados, dos más que el mínimo necesario para cerrar filas en defensa de Marinelli. Según el reparto actual:
Del lado opositor, el peronismo cuenta con Mauricio Sat y Helio Perviú (senadores), y Germán Gómez (diputado). Por fuera de los dos grandes bloques, La Unión Mendocina suma dos votos más: Ariel Pringles (senador) y Jorge Difonso (diputado).
El proceso tiene pasos reglados. Si la denuncia presentada por el justicialismo cumple con los requisitos formales, el presidente del Jury debe convocar al cuerpo en 48 horas para una primera sesión secreta. Allí se decide si la acusación es admisible. Si lo es, Marinelli tiene 10 días para responder por escrito. Luego, el jury tiene otros 15 días para resolver si continúa con el proceso. Si avanza, el funcionario debe ser suspendido mientras se desarrolla el juicio político.
Pero en esta oportunidad, todos los caminos conducen al mismo desenlace: el oficialismo tiene la capacidad de cerrar el proceso en esa primera etapa, sin llegar siquiera a la suspensión de Marinelli. El blindaje institucional está activado.
El contexto que motiva la denuncia es potente. En febrero de 2025, el Departamento General de Irrigación, conducido por Marinelli, autorizó nueve nuevas perforaciones subterráneas en la Subcuenca El Carrizal, margen derecha del río Mendoza. Lo llamativo es que el propio funcionario había declarado esa zona bajo restricción hídrica en agosto de 2024, por riesgo de sobreexplotación del acuífero.
Entre los beneficiados aparece Eduardo Elsztain, empresario cercano al presidente Javier Milei y titular del poderoso grupo IRSA. Fue quien alojó al libertario en su hotel cuando ganó el balotaje.
La empresa de Elsztain, Cresud, recibió cinco pozos para regar 424 hectáreas. También figuran Chimpay La Rioja S.A. (Young Woo), Grappolo S.A. (Walter Bressia) y Pedro García Mateo. En total, las perforaciones permitirán regar cerca de 600 hectáreas en Agrelo, duplicando o triplicando el valor de los terrenos.
Distintos informes del Instituto Nacional del Agua (INA) y del área legal del propio DGI habían desaconsejado nuevas extracciones. Aun así, la resolución fue firmada, lo que encendió la alarma pública y motivó el pedido de enjuiciamiento.
La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti encabezó el reclamo que terminó en pedido de jury: denunció “flagrantes incumplimientos” de Marinelli y exigió su remoción inmediata. Pero el andamiaje judicial y legislativo que rodea al Ejecutivo provincial convierte el pedido en un gesto más simbólico que efectivo.
El martes próximo, Marinelli se presentará ante la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre el otorgamiento de los pozos. Lo hará con la seguridad política de quien ya cuenta con la mayoría necesaria para sobrevivir al escándalo.