Sergio Marinelli autorizó nueve perforaciones en una subcuenca protegida y pidió asistir a la Cámara de Diputados. Existen sospechas de ilegalidad.
Sergio Marinelli deberá comparecer ante la Legislatura el próximo martes.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaEn medio de una fuerte controversia institucional, el superintendente del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, pidió ir a la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre la autorización de nueve perforaciones subterráneas en la Subcuenca El Carrizal (margen derecha del río Mendoza), una zona categorizada como de restricción hídrica desde agosto de 2024.
El permiso otorgado a empresas privadas generó alarma entre legisladores, ambientalistas y expertos en derecho de aguas, quienes advierten que la medida podría ser ilegal y políticamente riesgosa, a pocas semanas del debate del nuevo Plan Hídrico Provincial y del Código de Aguas.
La polémica se originó el pasado domingo, tras una investigación periodística de El Medio que reveló que Sergio Marinelli había autorizado perforaciones a grupos empresarios como IRSA (5 pozos), Chimpay La Rioja SA (2 pozos), Grappolo SA y García Mateo Pedro, a pesar de que seis meses antes había firmado la Resolución N.º 1108, que prohibía expresamente nuevas perforaciones en esa zona por falta de disponibilidad sostenible.
Las perforaciones fueron habilitadas en febrero de 2025 mediante la Resolución N.º 125, que justifica el permiso alegando “volúmenes remanentes”.
Ante las dudas, el propio Marinelli pidió acudir a la Legislatura para explicar su accionar. Lo hizo a través de una nota formal enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, quien confirmó públicamente que la cita fue aprobada y que el funcionario comparecerá el martes próximo ante la Comisión de Ambiente.
Las críticas más duras vinieron del reconocido jurista Miguel Mathus Escorihuela, profesor emérito en Derecho de Aguas y Ambiente de la Universidad de Mendoza, y referente en la redacción del nuevo Código de Aguas.
“Marinelli cometió un error grave al autorizar los pozos. Y lo hizo justo cuando la provincia intenta actualizar su legislación hídrica. Es inaceptable”, expresó en diálogo con El Medio.
Mathus recordó que en la redacción del nuevo Código de Aguas se planteó explícitamente la necesidad de limitar el poder discrecional del superintendente de Irrigación y establecer que los permisos de aguas subterráneas sean autorizados por ley, tal como ocurre con las aguas superficiales.
“El principio precautorio que rige en el derecho ambiental exige ser restrictivo. Marinelli debió haber contestado el pedido por escrito, no concederlo”, sostuvo.
El escándalo remite al caso ocurrido en 2008, cuando el entonces superintendente Eduardo Frigerio fue forzado a renunciar tras habilitar 21 perforaciones en la misma subcuenca, durante el gobierno de Celso Jaque. En aquel momento, también se lo acusó de haber favorecido a sectores poderosos sin sustento técnico.
“No descartamos un pedido de Jury de Enjuiciamiento si las explicaciones no son convincentes”, deslizó un legislador de la oposición que pidió reserva de identidad.
Desde Irrigación alegan que la autorización está fundamentada en estudios recientes que indicarían “volúmenes disponibles no comprometidos”. Sin embargo, la contradicción normativa entre las resoluciones firmadas por Marinelli (la 1108 de agosto y la 125 de febrero) genera inseguridad jurídica y malestar político.
Además, ambientalistas señalaron que la provincia ha contratado asesoramiento internacional, como el de la empresa israelí Mekorot, cuyo informe preliminar advirtió sobre la necesidad de limitar al máximo las perforaciones en acuíferos con estrés hídrico.
“No se puede firmar una cosa en agosto y hacer lo contrario en febrero. El sistema de aguas subterráneas en Mendoza está colapsado. Esto no es sólo ilegal: es ambientalmente temerario”, opinó un técnico de la Dirección de Protección Ambiental.
Sergio Marinelli deberá comparecer ante la Legislatura el próximo martes. Allí será interrogado por legisladores oficialistas y opositores sobre los criterios técnicos, legales y políticos que utilizó para avalar las perforaciones.
Mientras tanto, el proyecto del nuevo Código de Aguas sigue su curso, pero este episodio podría frenar su avance o modificar artículos clave para reforzar el control parlamentario sobre el uso de aguas subterráneas.
“Este caso puede ser el punto de inflexión para un cambio institucional en el manejo del agua en Mendoza”, deslizó un legislador justicialista.