El superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, intentó explicar porqué otorgó nueve pozos para riego, autorizados en febrero de 2025, en la Subcuenca El Carrizal – margen derecha del río Mendoza, una zona declarada en restricción desde agosto de 2024 mediante la Resolución 1108, firmada por el propio funcionario. A contramano de informes técnicos, jurídicos y científicos que recomendaban mantener la restricción, se habilitó a poderosos empresarios a extraer agua de un acuífero considerado vulnerable.
"No se ha dispuesto de una sola gota más de agua de lo que se había previsto en el proceso original -intentó explicar este lunes Marinelli-. Desde que yo estoy al frente no se da mas autorizaciones no según lo que quieran sacar sino según lo que se necesite".
En una entrevista con Mdz, el funcionario, del riñón de Alfredo Cornejo, dijo que el otorgamiento de pozos no se dio a "empresarios poderosos, sino que se les otorgó a quienes tienen espalda para sostener en las zonas proyectos productivos onerosos. "Condicionamos a los empresarios", señaló, y enumeró una serie de requerimientos que se les piden, como la instalación de una estación hidrológica que es "muy costosa".
Siempre se dice el agua no, no hay que hablar con eslóganes. Se hizo un ordenamiento del tema sobre las disponibilidades del acuífero en Mendoza. Se hizo una lista con todos los permisos otorgados. eso estaba basado en un informe técnico y se terminó ese proceso con la resolución 1108. Lo que hemos hecho es ordenar un proceso de juicios y contestarle a la Corte, remarcó. Siempre se dice el agua no, no hay que hablar con eslóganes. Se hizo un ordenamiento del tema sobre las disponibilidades del acuífero en Mendoza. Se hizo una lista con todos los permisos otorgados. eso estaba basado en un informe técnico y se terminó ese proceso con la resolución 1108. Lo que hemos hecho es ordenar un proceso de juicios y contestarle a la Corte, remarcó.
Resoluciones que se contradicen
La Resolución 1108 establecía una restricción por dos años para nuevas perforaciones, sustentada en informes del Instituto Nacional del Agua (INA), el Instituto de Hidrología de Llanuras (IHLLA) y de la Dirección de Asuntos Legales del Departamento General de Irrigación (DGI). Todos coincidían en que no se podía garantizar que la extracción de volúmenes remanentes no afectara la calidad y disponibilidad del recurso ni perjudicara a terceros.
No obstante, seis meses más tarde, Marinelli firmó la Resolución 125, argumentando que existía un volumen remanente derivado de permisos caducos que podía redistribuirse. Esta resolución fue avalada por un nuevo análisis de técnicos de la Dirección de Gestión Hídrica, que consideraron viable asignar una cuota de agua adicional, aunque reconocieron que la recarga sostenible del acuífero aún no está garantizada y que la tendencia general del recurso es descendente debido al cambio climático. El dato fue revelado por ElMedio.
Empresarios beneficiados
Entre los principales beneficiados, indica la investigación, figuran:
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Cresud SAFIC y A., del empresario Eduardo Elsztain (del poderoso Grupo IRSA, muy cercano al presidente Javier Milei), con 5 pozos para regar 424 hectáreas.
Chimpay La Rioja S.A., del empresario coreano Young Woo, con 2 pozos para 150 hectáreas en el emprendimiento Santa María de Los Andes.
Grappolo S.A., de Walter Bressia (presidente de Bodegas de Argentina), con 1 pozo para uso industrial y recreativo.
Pedro García Mateo, con 1 pozo para 18 hectáreas.
En total, se aprobaron perforaciones que permitirán regar cerca de 600 hectáreas en Agrelo. Según valores del mercado inmobiliario, las tierras pasaron de valer casi cero a cotizar entre 12 y 24 millones de dólares tras recibir el recurso hídrico.
Normativas vigentes y un fallo pendiente
Cabe recordar que, desde 2017, la Resolución 751 —ratificada por el Honorable Tribunal Administrativo— establece que en zonas de restricción no deben tramitarse nuevos permisos hasta que se resuelvan los casos pendientes y se analicen con base en estudios técnicos presentes y futuros. Aun así, la Resolución 125 modificó el artículo 4 de la 1108 para habilitar esta redistribución en condiciones poco claras.
Además, esta resolución no ha sido aún tratada por el Tribunal Administrativo, órgano que debería validar su legalidad. Según fuentes cercanas, el tribunal está actualmente integrado por representantes de mayoría alineada con el oficialismo radical, en lo que se considera un caso de concentración de poder político en torno a la gestión del agua.
Antecedentes judiciales
La zona afectada no es nueva en escándalos por permisos irregulares. Durante la gestión de Eduardo Frigerio, bajo el gobierno del peronista Francisco Pérez, se autorizaron 21 perforaciones ilegales, lo que motivó un intento de juicio político. La mayoría de esas perforaciones continúan activas pese a que la Corte Suprema de Justicia de Mendoza aún no resolvió el litigio.
