Romina Crisafulli, la defensora oficial que enfrenta un jury, presentó la renuncia y el Gobernador se la aceptará. Sólo sigue el caso de Sebastián Sarmiento.
Romina Crisafulli, defensora oficial de San Rafael enfrentaba un pedido de jury hecho por su jefa, la Defensora General.
El Jury de Enjuiciamiento tendrá un caso menos que tratar. La defensora oficial Romina Crisafulli que tiene un festival de inasistencias con certificados, según la acusación, de dudosa legalidad presentó la renuncia al cargo. El órgano judicial debía analizar el descargo que presentó su defensa. Sólo sigue el jury al juez penal Sebastián Sarmiento.
La acusación no es menor porque quien pide sanciones es la jefa de los defensores oficiales, Cecilia Saint-André. La magistrada había presentado, en setiembre, un escrito de 58 páginas en el que relata 136 inasistencias injustificadas, el hecho de no haber retornado a sus funciones pese a diagnósticos contrarios y las quejas de los defendidos de la Titular de la Primera Defensoría Oficinal Penal de Adultos del departamento de San Rafael.
De acuerdo al escrito ingresado, Cecilia Saint-André acusa a Crisafulli por una serie de hechos que se ajustan al desorden de conducta y al mal desempeño de sus funciones, dos de los causales previstos en la ley del Jury de Enjuiciamiento sobre los motivos por los que puede ser acusado un magistrado. La decisión fue unánime para que la defensora responda por escrito sobre la acusación.
Los conflictos por las inasistencias tienen un capítulo importante en el 2024 por la "presentación desmedida de certificaciones médicas inválidas, emitidas por el médico Rodríguez Medina, Héctor Alberto, quien no se encontraba habilitado para emitir dichas certificaciones ejerciendo por tanto irregularmente la profesión médica".
A esto se agregó cambios de domicilio no informados, según la denuncia. "En este punto es importante destacar que la magistrada había solicitado el traslado escolar de su hijo a la Ciudad de Mendoza, meses antes, coincidiendo con las certificaciones médicas presentadas a inicios del año en curso, lo que haría presumir la premeditación en el cambio de su domicilio a la Ciudad de Mendoza, con su posterior intención de requerir al Consejo de la Magistratura el traslado pertinente, preparando de esta forma el cambio del centro de vida del menor", dice el escrito.
"Durante el tiempo que la magistrada cumplió funciones en forma virtual (aproximadamente 5 meses), se recepcionaron en la Delegación de San Rafael, como así también en la Defensoría General, múltiples denuncias de ciudadanos por ella asistidos, en relación a las actuaciones profesionales que la magistrada habría llevado a cabo, en claro perjuicio a los intereses de sus defendidos", se añade sobre su accionar.
En la denuncia, se enumeran distintos motivos por los que se pide sanciones de acuerdo a la normativa que prevé la destitución del magistrado enjuiciado si se considera que las pruebas demuestran la acusación.
"Esta situación, la cual se ha tornado prácticamente insostenible, es lo que motiva la presente denuncia: La magistrada continúa percibiendo su haber sin prestar servicios, registrando un total de inasistencias injustificadas de, como dijimos 136 días al 20 de agosto del presente año, representando un verdadero menoscabo patrimonial para el Estado provincial", dice el escrito.
Los miembros del Jury aprobaron correrle traslado de las acusaciones para que en diez días presente un descargo. Si bien podría haber contratado a un patrocinante privado, solicitó el servicio costeado por los impuestos de los contribuyentes y que abrió dudas sobre un festival de inhibiciones por ser parte de la misma unidad organizativa.
La nota firmada por Crisafulli, en la que pide a un defensor oficial, generó ira en el Poder Judicial. Más de uno se acordó del juez penal Sebastián Sarmiento que usó la misma estrategia siendo que la población a la que más atienden los defensores oficiales muestran distintas vulnerabilidades, siendo la económica una de las principales.
Saint André resolvió, el 19 de diciembre, designar a la Dra. Marian Ianina Gil Yoma, Defensora Oficial de la 18° Defensoría Penal de Mayores de la Primera Circunscripción, a fin de asumir la defensa técnica de Crisafulli.
Gil Yoma había presentado el descargo correspondiente en el cual pretendía que quedara todo sin efecto dado que, considera, que hay "improcedencia del encuadre disciplinario" aludiendo a que hay confusión entre cuestiones de salud, administración y disciplina. También entiende que los comportamientos reprochables que se le achacan a Crisafulli en la denuncia, no alcanzan el umbral típico exigido.
"El mal desempeño requiere incumplimientos graves y jurídicamente relevantes, reiteración significativa, afectación sustancial del servicio, y la concurrencia de un elemento subjetivo disciplinario" dice Gil Yoma, en unos de los argumentos para refutar la denuncia, para luego asegurar que "la denuncia no acredita tales extremos, toda vez que no existe un solo expediente, jurídicamente hablando, que resulte demostrativo de no haber cumplido por parte de la magistrada los deberes propios del cargo".
No obstante, el descargo no tendrá ni el mínimo estudio porque la defensora, antes de arriesgarse a que arranque el jury en su contra, sea suspendida y por ende, cobre el 50% de su salario, presentó la renuncia ante el gobernador Alfredo Cornejo. No da los motivos, sólo indica que su renuncia es definitiva y adjunta el certificado expedido por el Tribunal de Enjuiciamiento.
El mandatario provincial decidió aceptarla, por lo tanto el Jury de Enjuciamiento archivará la denuncia y seguramente, el Consejo de la Magistratura apure los trámites para llamar a concurso.