Cecilia Saint-André, Defensora General que pidió el jury a una abogada defensora oficial del sur, amplió la denuncia con más pruebas.
Romina Crisafulli, defensora oficial del sur, presentó otro certificado de dudosa validez para seguir de licencia.
La Defensora General, Cecilia Saint-André había pedido el jury de enjuiciamiento a una defensora oficial del sur, Romina Crisafulli, Titular de la Primera Defensoría Oficinal Penal de Adultos del departamento de San Rafael. El fuerte de la denuncia son los certificados y ahora se sumaron más elementos.
Los conflictos por las inasistencias tienen un capítulo importante en el 2024 por la "presentación desmedida de certificaciones médicas inválidas, emitidas por el médico Rodríguez Medina, Héctor Alberto, quien no se encontraba habilitado para emitir dichas certificaciones ejerciendo por tanto irregularmente la profesión médica".
A esto se agregó cambios de domicilio no informados, según la denuncia. "En este punto es importante destacar que la magistrada había solicitado el traslado escolar de su hijo a la Ciudad de Mendoza, meses antes, coincidiendo con las certificaciones médicas presentadas a inicios del año en curso, lo que haría presumir la premeditación en el cambio de su domicilio a la Ciudad de Mendoza, con su posterior intención de requerir al Consejo de la Magistratura el traslado pertinente, preparando de esta forma el cambio del centro de vida del menor", dice el escrito.
"Durante el tiempo que la magistrada cumplió funciones en forma virtual (aproximadamente 5 meses), se recepcionaron en la Delegación de San Rafael, como así también en la Defensoría General, múltiples denuncias de ciudadanos por ella asistidos, en relación a las actuaciones profesionales que la magistrada habría llevado a cabo, en claro perjuicio a los intereses de sus defendidos", se añade sobre su accionar.
Días después de la presentación de la denuncia ante el Jury de Enjuiciamiento, la defensora oficial presentó un nuevo certificado médico emitido por Rodríguez Medina. El 8 de setiembre, llegó por correo electrónico el pedido por 30 días para continuar de licencia por enfermedad de acuerdo al diagnóstico de "Fibromialgia + Conmorbilidades (TD Mayor Monopolar, Colon irritable, Patm, cefalea tensional)".
En la ampliación de la denuncia, se recuerda la recomendación que hizo el Ministerio de Salud a la Junta Médica de OSEP, el 4 de abril de este año, de "no recepcionar los certificados médicos emitidos por el Dr. Rodríguez Medina" sugiriendo "rechazar los partes médicos emitidos por el profesional. Justifica dicho criterio el ejercicio irregular de la profesión, según ley 9542 art. 1, ley 2636 art. 22,33 y 35, y decretos reglamentarios 2806/00 y Decreto 377/06 en su artículo 26".
Además, se le consultó el 2 de mayo al Presidente del Consejo Deontológico y la respuesta fue que el Dr. Rodríguez Medina no posee "formación ni habilitación en ninguna de las especialidades madre exigidas para acceder a la subespecialidad 'medicina del dolo r', no está en condiciones formativas de diagnosticar ni certificar tratamientos vinculados con la patología fibromialgia".
"Los certificados emitidos por el Dr. Héctor A. Rodríguez Medina con diagnóstico de fibromialgia carecen de validez legal y administrativa, dado que el mencionado profesional no se encuentra habilitado en ninguna de las especialidades madre requeridas para acceder a la subespecialidad 'medicina del dolor', conforme lo dispone el Decreto N.º 377/06 y el procedimiento de acreditación regulado por el Decreto N.º 384/2020. Tampoco tiene las especialidades médicas de Clínica Médica, Neurología o Reumatología", agregó el titular del Consejo Deontológico.
El 8 de mayo, según la denuncia ampliada, la abogada defensora fue notificada de esta situación. Dijo que "tal situación le es absolutamente inimputable por desconocimiento en cuanto a que el profesional no poseía la matrícula vigente, como así también lo informado respecto a la especialidad del galeno razón por la cual fue derivada por el mismo Dr. Rodríguez Medina".
Otro médico, Sosa Medina, firmó los certificados posteriores con el diagnóstico de "fibromialgia, colon irritable y cefalea tensional". Sin embargo, la semana pasado hubo novedades que hicieron bramar a la Defensora General que no dudó en sumar los elementos a la denuncia para pedir sanciones a la magistrada.
"La Dra. Crisafulli continuó presentando cada 30 días certificaciones de este último profesional, hasta el día 8 de setiembre del corriente, donde la funcionaria retomó la presentación irregular de las certificaciones del Dr. Rodríguez Medina, sabiendo que los mismos carecen de validez legal y administrativa, de conformidad con lo informado por el Ministerio de Salud y el Consejo Deontológico de la provincia, situación que ya le fue notificada a la denunciada el día 8/05/2025", dice Saint-André en el escrito.
Ante esta situación, se disparó una nueva consulta a la cartera de salud "a fin de que nuevamente informe respecto de la habilitación y vigencia de la matricula del galeno certificante". La respuesta llegó a la brevedad: "RODRIGUEZ HECTOR ALBERTO se encuentra matriculado como MÉDICO MP 2996, emitida por Res. 32/77 desde el día 11/01/1977 vigente HASTA 08/10/2004, última firma registrada 22/01/1999. De acuerdo a las previsiones de Ley 2636 y concordante Ley 9542 no se encuentra habilitado para pronunciar acto médico".
"De lo expuesto se puede arribar que la magistrada nuevamente incurre en desorden de conducta, presentando a la fecha un certificado médico expedido por un médico que no se encuentra habilitado, circunstancia ya conocida por la magistrada desde el día 8 de mayo al serle notificada la comunicación del Ministerio de Salud a través de la oficina de Recursos Humanos de este Ministerio", expresa la titular del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar.
Así, espera que se sumen estos elementos a la denuncia principal, realizada hace algunas semanas. El Jury de Enjuiciamiento deberá analizar el caso y determinar si avanza o o se archiva el pedido de Cecilia Saint-André.