Según la denuncia para pedir el jury que hizo la Defensora General, Romina Crisafulli acumula inasistencias, quejas y otros motivos. Ruidoso paso por el MPF.
Romina Crisafulli, defensora oficial de San Rafael enfrentaba un pedido de jury hecho por su jefa, la Defensora General.
Le Defensora General, Cecilia Saint-André se hartó de la conducta de una defensora oficial de San Rafael y pidió el jury de enjuiciamiento. En un escrito de 58 páginas, relata 136 inasistencias injustificadas, el hecho de no haber retornado a sus funciones pese a diagnósticos contrarios y las quejas de sus defendidos.
Este cóctel de motivos impulsó la denuncia contra Romina Crisafulli, Titular de la Primera Defensoría Oficinal Penal de Adultos del departamento de San Rafael. El Jury, que espera por el descargo del juez Sebastián Sarmiento luego de idas y vueltas con el pedido de defensor oficial, deberá tratar la acusación de la jefe de los defensores oficiales.
De acuerdo al escrito ingresado, Cecilia Saint-André acusa a Crisafulli por una serie de hechos que se ajustan al desorden de conducta y al mal desempeño de sus funciones, dos de los causales previstos en la ley del Jury de Enjuiciamiento sobre los motivos por los que puede ser acusado un magistrado.
Los conflictos por las inasistencias tienen un capítulo importante en el 2024 por la "presentación desmedida de certificaciones médicas inválidas, emitidas por el médico Rodríguez Medina, Héctor Alberto, quien no se encontraba habilitado para emitir dichas certificaciones ejerciendo por tanto irregularmente la profesión médica".
A esto se agregó cambios de domicilio no informados, según la denuncia. "En este punto es importante destacar que la magistrada había solicitado el traslado escolar de su hijo a la Ciudad de Mendoza, meses antes, coincidiendo con las certificaciones médicas presentadas a inicios del año en curso, lo que haría presumir la premeditación en el cambio de su domicilio a la Ciudad de Mendoza, con su posterior intención de requerir al Consejo de la Magistratura el traslado pertinente, preparando de esta forma el cambio del centro de vida del menor", dice el escrito.
"Durante el tiempo que la magistrada cumplió funciones en forma virtual (aproximadamente 5 meses), se recepcionaron en la Delegación de San Rafael, como así también en la Defensoría General, múltiples denuncias de ciudadanos por ella asistidos, en relación a las actuaciones profesionales que la magistrada habría llevado a cabo, en claro perjuicio a los intereses de sus defendidos", se añade sobre su accionar.
Todo se complicó aun mas cuando " el último certificado (neuropatía post- herpética), fue rechazado por la Junta de Salud Ocupacional de OSEP, el día 1 de noviembre del 2024, otorgándosele el alta definitiva (presencial)". Crisafulli y Saint-André se reunieron y allí, la defensora sureña manifestó (según la denuncia) su negativa a prestar funciones en San Rafael y en el sur provincial.
Tomó intervención la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia, la cual una vez realizada la audiencia de rigor, con la presencia de denunciada, la Comisión Médica de la Oficina de Riesgos Laborales de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de la Provincia de Mendoza, "ratificó el alta médica ya referida, hecho que se mantiene así desde el mes de diciembre del 2024".
"No obstante ello, la magistrada actualmente continúa presentando certificados médicos, alegando discrepancia con el alta médica otorgada, rehusándose al reintegro en sus funciones como titular de la Defensoría a su cargo, y haciendo caso omiso a las notificaciones de la Oficina de Recursos Humanos respecto las faltas injustificadas registradas", dice uno de los párrafos más duros. Agrega los problemas organizaciones y al servicio de defensa pública penal en San Rafael.
Además, la denuncia indica que desde el plano institucional, hubo "comportamientos disruptivos y repetitivos de la magistrada, intolerables y reñidos con la conducta que debe observar todo magistrado en el ejercicio o en ocasión de su desempeño, las cuales han tenido como resultado, quejas y denuncias de referentes, Jueces, personal penitenciario y personal de la Delegación de San Rafael".
"La Dra. Crisafulli utilizó premeditadamente la denuncia de moobing como un mecanismo para continuar con su actitud ganancial, dado que el sistema de licencias ya no le permite mantener esta conducta", resumió Sain-André.
En la denuncia, se enumeran distintos motivos por los que se pide sanciones de acuerdo a la normativa que prevé la destitución del magistrado enjuiciado si se considera que las pruebas demuestran la acusación.
"Esta situación, la cual se ha tornado prácticamente insostenible, es lo que motiva la presente denuncia: La magistrada continúa percibiendo su haber sin prestar servicios, registrando un total de inasistencias injustificadas de, como dijimos 136 días al 20 de agosto del presente año, representando un verdadero menoscabo patrimonial para el Estado provincial", dice el escrito.
La denuncia contra Romina Crisafulli refleja que fue ayudante fiscal en el Ministerio Público Fiscal desde el 2005 hasta el 2014, según el CV presentado en el pliego de antecedentes. Sus funciones estuvieron bajo la órbita del Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de ese entonces, Rodolfo González.
En la lista de conductas reprochables que robustecen la denuncia, Saint-André se refiere a un pedido de traslado del 2008 respondiendo a "problemas de salud mental (licencias psiquiátricas prolongadas con diagnósticos de ansiedad y depresión)". Lo mismo ocurrió en 2011, motivado por "cuestiones económicas y personales no especificadas, en circunstancias debidas al retorno al lugar del que había solicitado el traslado en 2008".
En el 2014 se registran una serie de "episodios de licencias por ansiedad y conflictos con colegas, que culminaron en cuestionamientos de su capacidad para mantener relaciones laborales adecuadas". También un informe psicolaboral señaló "que sus problemas de interacción afectaban la operatividad de la oficina, con alta tensión y desgaste emocional". Durante este periodo se solicita formalmente el pedido de destitución de la funcionaria como Ayudante Fiscal.
Años después rindió en el Consejo de la Magistratura y fue postulada por Alfredo Cornejo, en el 2019, para el cargo de "Defensor Penal de Pobres y Ausentes" de la Segunda Circunscripción Judicial. Sorteó todos los pasos formales en el Senado hasta llegar a la designación. Seis años después, y a raíz de distintos comportamientos, se pide nuevamente que se la sancione.