El jefe de los fiscales, Alejandro Gullé, impulsa el Jury contra una fiscal en Malargüe. Por qué se la acusa en más de 30 expedientes.
El gobierno le aceptó la renuncia a la cuestionada fiscal Andrea Lorente
El Jury de Enjuiciamiento tendrá trabajo en algunas semanas. A la denuncia en contra del juez Sebastián Sarmiento se le suma la de la fiscal de Malargüe, Andrea Lorente quien es acusada por mal desempeño por su propio jefe: el Procurador Alejandro Gullé.
El extenso escrito al que tuvo acceso ElEditor, da cuenta de las acusaciones del jefe de los fiscales a la fiscal sureña. Asegura que la magistrada incumplió en sus deberes y cita una catarata de expedientes en los que hay situaciones variadas con resultados dispares.
De acuerdo a la denuncia, muchas causas prescribieron casi sin moverse con víctimas esperando justicia (sobre todo menores), funcionarios públicos que no pagaron por sus actos, entre otros hechos.
Un abuelo cometió abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido por el ascendente, por ser el encargado de la guarda de una nena, de once años entre el 2016 y 2017. Si bien hubo detención, luego la fiscal ordenó la libertad bajo caución juratoria considerando que el imputado tenía 82 años. Le recriminan que debió pedir prisión preventiva domiciliaria porque el imputado podría haber obstaculizado la investigación que la magistrada no continuó. En 2024 ordenó realizar una pericia, pero no se llevó a cabo.
Hay otro hecho, del 2018, que se caratuló como abuso sexual simple cuando debía ser agravado por haber sido cometido por un ascendente, en este caso era un abuelo abusando de su nieta. Si bien se cambió el avoque, la causa no tuvo mayores movimientos y luego de la inspección, el Fiscal en Jefe apuró el juicio abreviado para la condena de tres años de prisión de ejecución condicional.
El otro expediente muestra que hechos denunciados por la víctima, la fiscal imputó al victimario pero en la carátula no tuvo en cuenta que los delitos fueron cometidos contra una persona menor de edad y que había convivencia preexistente. Dispuso que el imputado mantuviera su libertad, cosa que revocó el Fiscal en Jefe luego de la inspección, disponiendo que haya detención y luego apuró el juicio que condenó al abusador por 5 años y 6 meses
En el 2021, una madre le provocó lesiones a su hijo de 5 años en sus pies. Tuvo algunas medidas ese año, dispuestas por la fiscal, pero luego no tuvo más movimiento y prescribió.
Dos causas que involucran al mismo menor, pero que se unificaron en un mismo expediente, también apuntan contra la fiscal en casos de maltrato infantil ocurridos en 2019. El primer hecho, que data de febrero, no avanzó con la investigación y ordenó el archivo por extinción de la acción penal. En el segundo hecho, de setiembre de ese año, dispuso medidas que no se cumplimentaron y la causa fue paralizada. Intervino el Fiscal en Jefe, ordenó medidas por Lorente archivó la causa con extinción de la acción penal.
El ETI Malargue denunció agresiones verbales de progenitores a su hija de 15 años. Se esperaba que se abriera un expediente por lesiones leves agravadas por el vínculo en concurso real con desobediencia a la autoridad pero no ocurrió ni se activó ningún protocolo. En 2024, decidió archivar la causa.
Otro expediente por denuncias por lesiones se abrió en el 2017. La abuela materna de dos niños, denunció a la madre de éstos por lesiones en dos oportunidades. En el primer caso, hubo gritos y lesiones a un niño de cuatro años cuya causa no tuvo medidas de ningún tipo. Y en el segundo hecho, se denunciaron agresiones físicas por parte de la madre de los dos menores. Se abrió una causa por lesiones leves agravadas por ser a un descendiente, hubo algunas medidas pero todo se paralizó en el 2018 y en 2024, Lorente solicitó el sobreseimiento de la imputada por extinción de la acción penal, cosa que convalidó el Tribunal Penal Colegiado N°3.
En distintos expedientes hay decisiones de la fiscal Lorente que favorecieron a causados por cometer delitos de violencia de género. Mantuvo la libertad de personas que cometieron delitos y cumplían penas de ejecución condicional. En otro hechos no ordenó detención, cuando había reincidencia, ni solicitó audiencia para juicio.
En otra causa, caratuló como "amenazas" un hecho que, asegura Gullé, debió haber sido por "coacción". La fiscal solicitó el sobreseimiento del imputado por prescripción, pero un juez que solicitó el cambio de avoque a coacción, por lo tanto no habría prescripto. Lorente no hizo cambios ni dispuso medidas para avanzar con la causa. En 2024, pidió el sobreseimiento por prescripción, cuestión que fue avalada por la justicia.
Un Inspector de Gendarmería fue denunciado en 2019 por haber agredido a su esposa y en el hecho, empleó un arma de fuego lo cual fue interpretado como amenaza. Hubo cambio de carátulas pero a la hora del juicio, el magistrado a cargo indicó que los delitos estaban "mal calificados" porque se trataba de coacciones y no de amenazas. La fiscal no cambió la calificación, la causa no tuvo grandes movimientos hasta abril del 2024 cuando se pidieron informes al Registro Nacional de Reincidencia.
Otro de los malos desempeños que le achacan a Lorente tiene que ver con no haber ordenando detenciones. Puntualmente se citan tres casos y luego de las denuncias por los hechos cometidos, los acusados cumplían condenas de ejecución condicional. Consideran que debió ordenar la detención y pedir prisión preventiva, pero no lo hizo.
Una de las curiosidades se presenta en siete expedientes que involucran a la misma persona. La imputada fue investigada por una serie de delitos contra la misma víctima o familiares de ésta en 2020. La fiscal imputó por amenazas a una mujer y la causa durmió dos años. Se acumuló a otras seis generadas por hechos similares.
En marzo del 2024 pide el sobreseimiento en todas las causas (ya se habían sumado seis más) por extinción de la acción penal. La denuncia da cuenta de que en los expedientes, Lorente presta consentimiento para que se otorgara la suspensión de juicio a prueba "sin tener en cuenta la cantidad de denuncias existentes contra la imputada como su contante incumplimiento a las medidas de prohibición de acercamiento que se le impusieron".
Otra causa que data de febrero del 2023 involucra a un preso -alojado en San Rafael y cumpliendo una pena de 15 años- con una mujer que fue víctima de una estafa genérica a través de Facebook. Se le recrimina a Lorente que dispuso medidas recién en setiembre del 2024, mas de un año y medio después.
Una tenencia ilegal de armas terminó prescribiendo por falta de movimiento en la causa. Hubo imputaciones y el rechazo del juez al pedido de sobreseimiento que hizo la defensa. Lorente no continuó con la investigación y volvió a caer un pedido de sobreseimiento, pero esta vez porque ya habían corrido los tiempos legales sin avances.
Hay también cuatro casos que involucran a funcionarios públicos. El primero que se menciona data del 2018 y tuvo participación el ex Fiscal Adjunto Gonzalo Nazar quien dispuso de una investigación al entonces Delegado de la Dirección de Recursos Naturales Renovables en Malargüe por peculado. Lorente no movió el expediente hasta junio del 2024 cuando dispone, contradiciendo a Nazar, que la causa se investigue por " incumplimiento de los deberes de funcionario público "sin que se haya llevado a cabo ninguna actividad procesal".
Por hechos del 2022, el investigado era un comisario inspector de Malargüe y su pareja, también agente de la Policía de Mendoza por hacer uso del móvil oficial para uso personal. También se lo acusaba de llevarse leña a su casa cuando tenía como destino Los Molles, por lo tanto el delito de peculado era el que encuadraba con el caso. Con poco movimiento en la causa. La fiscal respondió un año y medio después los escritos de la defensa de los imputados.
La misma pareja fue apuntada por utilizar un inmueble que la Municipalidad de Malargüe le había dado en comodato al Ministerio de Seguridad para personal foráneo de la Jefatura Departamental de esa comuna. No hubo caso y todo terminó en una causa por peculado, pero durante el proceso, Lorente sólo tuvo en cuenta la prueba ofrecida por la defensa.
Y le último caso fue impulsado por la Defensora Penal de Pobres y Ausentes y Penal de Menores del departamento quien, en 2018, informó que un adolescente fue alojado en la Comisaría 24 durante casi un día bajo exclusiva disposición policial pese a que no habría correspondido. La investigación sobre el accionar policial por supuesta "privación ilegítima de la libertad" terminó prescripta en 2024 porque no hubo movimientos en la causa durante 6 años.