-Sarmiento salvó su cabeza a último momento en un Juicio abreviado.
-Ex funcionario peronista y blanco de la descalificación del gobernador Alfredo Cornejo.
El juez Sebastián Sarmiento no perderá el cargo de magistrado, volverá al ruedo tras superar la suspensión.
El juez penal Sebastián Sarmiento fue sancionado con seis meses de suspensión y trasladado a otra jurisdicción sin competencia penitenciaria. Esto ocurrió tras acordar un juicio abreviado con la Procuración General de la Suprema Corte, evitando así el juicio político y su inminente destitución por mal desempeño, cerrando un tenso conflicto con el Gobierno provincial.
Ex funcionario penitenciario del peronismo mendocino, adscripto al sector azul del partido, Sarmiento se enfrentó a las peores críticas del gobernador Alfredo Cornejo, terminal final del procurador Alejandro Gullé, quien terminó por facilitarle al juez gambetear la destitución.
El acuerdo que salvó a Sebastián Sarmiento se gestó al filo del abismo. El lunes al mediodía, apenas unas horas antes de que se constituyera formalmente el Jury de Enjuiciamiento, el magistrado, que permanecía suspendido de sus funciones desde el pasado mes de diciembre, decidió tomar la iniciativa. Consciente de que el proceso en su contra terminaría con una casi segura destitución, propuso un pacto procesal al procurador Alejandro Gullé, quien ostentaba el rol fundamental de liderar la acusación. Para que esta propuesta prosperara, era requisito indispensable que el magistrado asumiera plenamente la responsabilidad por los errores cometidos en su ejercicio. Tras una rigurosa evaluación de los términos, Alejandro Gullé otorgó su aval.
El martes, el solemne salón de actos del Poder Judicial fue el escenario principal donde se resolvió el futuro de Sebastián Sarmiento. Allí se reunieron los veintiún integrantes del Jury de Enjuiciamiento, un órgano de enorme peso institucional compuesto equilibradamente por siete jueces de la Suprema Corte, siete senadores y siete diputados. Lejos de iniciar el extenso debate probatorio del juicio político, el cuerpo colegiado convalidó el acuerdo alcanzado entre las partes, sellando el destino laboral del magistrado.
Este sorpresivo desenlace desactiva y pone fin a uno de los casos político-judiciales más polémicos, mediáticos y tensos de los tiempos recientes. Durante prácticamente un año ininterrumpido, este complejo episodio mantuvo duramente enfrentado al denunciado juez Sebastián Sarmiento de manera directa con la administración del Gobierno provincial. El propio Poder Ejecutivo fue el principal impulsor del juicio político, basando su firme postura acusatoria en la seria presunción de que el funcionario había incurrido en un evidente e inaceptable mal desempeño.
La dura acusación oficial gubernamental se sustentaba principalmente en dos ejes altamente controvertidos. En primer lugar, se le cuestionaba la polémica práctica de liberar anticipadamente a diferentes presos condenados, una controvertida medida que generaba un rotundo rechazo social, mediático y político. En segundo lugar, y quizás el punto central de mayor fricción institucional, fue su decisión de cuestionar en sus resoluciones un fallo definitivo de la Suprema Corte. Aquella acordada había autorizado expresamente la retirada de teléfonos celulares de las cárceles, política de seguridad clave del gobierno local.
Las múltiples consecuencias derivadas del pacto homologado modifican drásticamente el panorama del magistrado. La rigurosa sanción disciplinaria impuesta encuentra su necesario respaldo normativo en los articulados de la Ley 4970 de Jury de Enjuiciamiento. Esta legislación específica contempla diversas opciones intermedias, permitiendo aplicar un castigo severo que se sitúa justo entre la simple absolución y la destitución definitiva. Consecuentemente, Sebastián Sarmiento podrá retornar eventualmente a su labor como juez del fuero Penal, aunque solo tras cumplir íntegramente la larga sanción de seis meses. Durante esta etapa suspensiva, no percibirá sueldo alguno.
Conjuntamente con la dura suspensión económica, la extensa resolución judicial contempla una modificación laboral sustancial. A partir de un pedido del propio juez, y contando con la aprobación de la presidencia de la Suprema Corte, se concretó el traslado. Desde noviembre, pasará a desempeñar funciones en una jurisdicción judicial distinta, sin competencia en conflictivos asuntos carcelarios. Las zonas geográficas barajadas para este nuevo destino son la Tercera Jurisdicción, abarcando los departamentos de San Martín, Junín, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia; o bien la Cuarta Jurisdicción, conformada por Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
Este mecanismo no es completamente inédito dentro de la extensa historia judicial mendocina. Existe un claro antecedente donde esta figura intermedia resultó utilizada durante el mes de marzo del año 2017. Aquella vez, el conocido fiscal Fabricio Sidoti fue suspendido por cuatro meses por el Jury, logrando así esquivar su destitución final.