Organizaciones, instituciones y prestadores vinculados al sector de la discapacidad en Mendoza convocaron a un cese de actividades y movilización este miércoles en la explanada de la Casa de Gobierno. Referentes del área denuncian una profunda crisis estructural.
La jornada del reclamo - que tuvo esta mañana su réplica en otro puntos del país - contó con la participación activa de personas con discapacidad, sus familias, trabajadores y profesionales de la salud.
Los manifestantes piden al gobierno nacional que aplique la legislación de emergencia sancionada por el Congreso en 2025 y ratificada en el Poder Judicial. También se oponen al proyecto de ley anunciado por las autoridades nacionales.
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Sector en estado de emergencia
Los principales reclamos están vinculados con el atraso arancelario, la irregularidad en los pagos y la acumulación de deudas, "una situación que está llevando a las prestaciones a un punto crítico y compromete seriamente la continuidad de servicios esenciales", afirman los convocantes en Mendoza.
Los convocantes a la movilización advirtieron mediante un comunicado que "la falta de respuestas estatales está asfixiando a las instituciones y dejando a miles de profesionales sin el sustento necesario para continuar con su labor".
A este pedido, se le suma otro conflicto, ya que los manifestantes reclaman contra del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que busca modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad.
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Según los organizadores de la marcha, esta iniciativa genera incertidumbre sobre la continuidad del esquema de atención actual. Uno de los puntos que mayor preocupación despierta es la posibilidad de trasladar responsabilidades de financiamiento y organización a las provincias.
El sector advierte que, sin garantías claras de fondos, esta descentralización podría agravar la precariedad del sistema y fragmentar aún más la atención en cada jurisdicción.
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"Detrás de cada demora y de cada deuda hay personas y familias que ya no pueden sostener solas esta emergencia", señalaron.
La convocatoria fue hecha por el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que aglutina instituciones de todo el país.
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