El Gobierno, a través de ARCA, dio un paso estratégico en la batalla legal que mantiene con la AFA. En las últimas horas, el juez Diego Amarante aceptó formalmente al organismo como querellante en la causa por presunta "evasión agravada".
-Se investiga la retención indebida de aportes por parte de la AFA
-La justicia aceptó a ARCA como parte acusadora
El Gobierno, a través de ARCA, dio un paso estratégico en la batalla legal que mantiene con la AFA.
RedesEl Gobierno, a través de ARCA, dio un paso estratégico en la batalla legal que mantiene con la AFA. En las últimas horas, el juez Diego Amarante aceptó formalmente al organismo como querellante en la causa por presunta "evasión agravada".
Esta decisión judicial otorga a los abogados del Estado —Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigar— facultades clave para el avance del proceso: acceso total al expediente, capacidad para solicitar medidas de prueba y la potestad de apelar resoluciones que consideren contrarias a los intereses del fisco.
La denuncia original fue radicada por ARCA el pasado 12 de diciembre. Según la acusación, la cúpula de la AFA habría incurrido en una maniobra de apropiación indebida de fondos. El ente recaudador sostiene que la asociación retuvo sumas millonarias a los clubes afiliados bajo diversos conceptos impositivos, pero que ese dinero nunca fue girado a las arcas del Estado.
Los puntos centrales de la investigación incluyen un perjuicio contra el Estado por la suma exacta denunciada de $19.353.546.843,85. Según la Justicia, se detectaron irregularidades en el ingreso de IVA, Impuesto a las Ganancias y Contribuciones a la Seguridad Social.
Las anomalías se concentran entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Tras la presentación de ARCA, el fiscal en lo Penal Económico, Claudio Navas Rial, dio curso a la investigación e imputó formalmente a la dirección de la AFA. Bajo la lupa se encuentra el delito de evasión agravada, una figura penal que contempla sanciones severas debido al volumen del monto defraudado y la naturaleza de las retenciones no depositadas.
La cúpula dirigida por Claudio "Chiqui" Tapia enfrenta ahora un escenario de mayor presión legal, dado que el Estado argentino, a través de ARCA, ha tomado un rol activo y directo en el seguimiento de la causa para recuperar los fondos que, legalmente, pertenecen al erario público.