Bolivia ingresó en su cuarta semana de conflictividad social, con movilizaciones lideradas por campesinos, indígenas, mineros, fabriles y juntas vecinales.
Con más de dos tercios de votos a favor, la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó el martes una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de las protestas y bloqueos de rutas por parte de sectores que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La nueva norma, que anula la ley 1.341 conocida como Ley Copa y que regía desde octubre de 2020, ahora pasó al Ejecutivo para que la firme el mandatario. Se trata de la vía para que Paz pueda declarar un estado de excepción.
De esta manera, según los legisladores, se permitirá una intervención más amplia de las Fuerzas Armadas en el control de los conflictos sociales que impiden el abastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos principalmente en La Paz, El Alto y Oruro.
Bolivia ingresó en su cuarta semana consecutiva de conflictividad social, con movilizaciones lideradas por organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), además de sectores campesinos, indígenas, mineros, fabriles y juntas vecinales. El martes, los bloqueos de carreteras alcanzaron los 150 puntos todo el país.
El debate se extendió por más de cinco horas y se desarrolló en una sesión virtual instalada a las 11:00. La modalidad digital se aplicó debido a que varios legisladores no pudieron trasladarse a La Paz, sede del Legislativo y del Ejecutivo, por los 26 días de bloqueos que mantienen aislada a la región.
El proyecto no figuraba en el orden del día inicial, pero se incorporó al pleno camaral mediante una dispensación de trámite respaldada por más de dos tercios de los legisladores presentes.
El impulsor de la norma, Carlos Alarcón (de la alianza opositora Unidad), justificó la medida calificando a la derogada Ley 1341 de «criminal» y afirmando que «desnaturalizaba» los estados de excepción. Según la postura de este sector, la ley protectora resguardaba a supuestos «grupos violentos», por lo que su eliminación busca otorgar mayor capacidad operativa a las Fuerzas Armadas cuando la Policía resulte rebasada.
La Constitución vigente desde 2009 faculta al presidente a declarar el estado de excepción por decreto ante conmoción interna, sin suspender garantías ni derechos fundamentales. La vigencia del decreto depende de la aprobación del Legislativo en un plazo de 72 horas. El Gobierno de Paz sostuvo que la medida es la última opción si fracasa el diálogo.
Las protestas y bloqueos se concentran en La Paz y la ciudad vecina de El Alto, y se extendieron a las regiones de Oruro, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca.
Los cortes de rutas generan desabastecimiento de alimentos, de combustible y de insumos médicos, como oxígeno medicinal. Las autoridades denuncian que los bloqueos causaron la muerte de cuatro personas, por falta de atención médica oportuna.