La Corte Suprema rechazó un planteo de siete condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.
Crimen de Báez Sosa: qué resolvió la Corte y cómo sigue la causa
Crimen de Báez Sosa: qué resolvió la Corte y cómo sigue la causa
La madrugada del 18 de enero de 2020, un grupo de rugbiers asesinó a Fernando Báez Sosa luego de golpearlo frente a un boliche de Villa Gesell. El crimen inició una investigación policial y un proceso judicial que, seis años y casi nueve meses después, todavía tiene capítulos pendientes en la Justicia argentina.
Este miércoles 14 de octubre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad un recurso presentado por siete de los ocho condenados por el homicidio. Sin embargo, la decisión no modifica las penas que recibieron ni resuelve las apelaciones que todavía están pendientes sobre el juicio principal.
El planteo cuestionaba los procedimientos realizados durante las primeras horas de la investigación y apuntaba contra funcionarios judiciales que intervinieron en la causa. La defensa sostenía que hubo irregularidades que afectaron las garantías de los acusados.
El recurso fue presentado por el abogado Hugo Tomei en representación de Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi.
La defensa cuestionó las primeras declaraciones que los acusados prestaron después del crimen, en enero de 2020. Sostuvo que no se les habían informado con suficiente precisión los hechos que se les atribuían ni las pruebas que existían en su contra.
También denunció presuntas irregularidades en las actas de esas declaraciones. Entre otros puntos, objetó los tiempos registrados en los documentos judiciales, al considerar que eran insuficientes para cumplir con los procedimientos correspondientes.
A partir de esos cuestionamientos, la defensa pidió investigar a la fiscal Verónica Zamboni, a la defensora oficial Verónica Olindi Huespi y al juez de Garantías David Mancinelli, entre otros funcionarios, por presuntos delitos como falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad.
Antes de llegar al máximo tribunal, el planteo fue rechazado por distintas instancias judiciales de la provincia de Buenos Aires. La defensa insistió con el reclamo mediante nuevas presentaciones hasta llegar a la Corte Suprema de la Nación.
Los jueces resolvieron desestimar el recurso porque consideraron que carecía de "fundamentación autónoma".
En términos sencillos, esto significa que la presentación no aportó argumentos suficientes para rebatir las razones por las que los tribunales anteriores habían rechazado el planteo.
Con esta resolución, quedó cerrado el recorrido de ese reclamo contra los funcionarios judiciales. El fallo, sin embargo, no implica que la Corte haya revisado las penas impuestas a los ocho condenados.
El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores condenó a los ocho acusados por el homicidio de Fernando Báez Sosa.
Los otros tres, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, fueron condenados a 15 años de prisión como partícipes secundarios. Todos permanecen alojados en el penal de Melchor Romero, en La Plata.
Las condenas fueron revisadas por la instancia de Casación bonaerense, pero todavía quedan recursos sobre las penas que debe resolver la Suprema Corte de Justicia de la provincia.
La discusión sobre las condenas por el homicidio sigue abierta. La Suprema Corte bonaerense debe resolver las apelaciones presentadas por las partes sobre las penas y las calificaciones legales aplicadas a cada uno de los acusados.
Por un lado, el Ministerio Público Fiscal y los padres de Fernando, reclaman que los tres condenados a 15 años de prisión también reciban perpetua.
Por otro, la defensa busca modificar la calificación legal del hecho y que se considere un homicidio en riña, una figura que podría derivar en penas menores.
Cuando la Corte bonaerense se pronuncie, las partes todavía podrán intentar llevar sus reclamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si se cumplen los requisitos para habilitar esa revisión.
A su vez, tras conocerse el último rechazo, el abogado Hugo Tomei adelantó que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado argentino. Según explicó, considera que el reclamo por las presuntas irregularidades en los procedimientos iniciales no fue tramitado de acuerdo con las garantías legales.
